Habrá que leer los documentos firmados y  su naturaleza jurídica, pero por el momento Casimiro Curbelo puede regocijarse, al menos, con la foto y el titular. La imagen es la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el propio Curbelo, como presidente del Cabildo gomero, rubricando lo que parece un convenio que garantiza una inversión pública de 113 millones de euros hasta 2036 en la isla. El comunicado que informa (es un decir) de la reunión es algo entre una postal, una utopía y una encíclica. Toda esa pasta será encauzada por una estrategia deslumbrante que sentará las bases de un modelo sostenible en lo económico, en lo social y en lo medioambiental a través de la modernización y diversificación de la economía gomera, digitalizando sus servicios y la exportación de sus productos.  Lo que me parece más gracioso de toda esta humeante retórica es un parrafito aparte, justo donde se dice que este mismo año Hacienda transferirá al cabildo curbeliano dos millones de euros “para la creación de una oficina técnica”, sin mayores precisiones. Tampoco son imprescindibles, porque resulta bastante obvio que la corporación no dispone de medios técnicos y profesionales para organizar y coordinar la estrategia transformadora y se necesitan urgentemente una decena de juristas, economistas, arquitectos y administrativos cualificados para diseñarla y sacarla adelante.

Lo más sorprendente es que esta Estrategia gomera 36 – es el nombre semioficial que recibe  — no ha sido en ningún momento debatida y votada en el Cabildo que finalmente gestionará los copiosos recursos procedentes de Madrid y del Gobierno regional. Las otras fuerzas políticas presentes en la corporación –¡empezando por el PSOE! – y las organizaciones empresariales, comerciales y sindicales de la isla no han tenido la menor participación en un instrumento inversor que pretende transformar La Gomera en los próximo quince años.  ¿Qué dónde está entonces la Estrategia 36? Pues en el interior del cráneo de don Casimiro Curbelo, un agujero negro por donde se precipita –sin poder escapar a la atracción gravitatoria de su régimen –toda la realidad gomera.

Estoy seguro que muchas organizaciones políticas canarias envidian profunda y hasta dolorosamente al líder de la ASG. Curbelo protagoniza los sueños más húmedos de Unidos por Gran Canaria  –el otro equipo de fútbol de Miguel Ángel Ramírez – y de algún que otro socio de Coalición Canaria. Hasta Pedro Martín puede llegar a sufrir sofocos rencorosos. Antes de la visita a la señora ministra, La Gomera era y es, en los presupuestos generales de la Comunidad autónoma, la isla con mayor inversión per cápita: 3.408 euros. Tenerife, en cambio, con apenas 275 euros, lleva el farolillo rojo en la inversión por habitantes durante 2023. Tal vez Martín debería preocuparse menos de la dignidad de su trasero que de la dignidad de la isla que (por decirlo exageradamente) gobierna. Y, sin embargo, se equivocan. Estas inversiones directas  — si es que se mantienen – no cambiarán económica y socialmente La Gomera. Y no lo harán porque  se plantea una contradicción básica e insoslayable: no se puede producir un desarrollo modernizador, sostenible, creativo e inclusivo bajo un liderazgo omnímodo y delirantemente personalista y un sistema de control social clientelar. No funciona. El clientelismo, el nepotismo y la patrimonialización de las instituciones públicas conspiran contra el desenvolvimiento económico, contra la iniciativa empresarial libre y la competencia, contra la participación legítima de individuos y colectivos en las propuestas de crecimiento y diversificación. Este convenio es propaganda, propaganda a cargo de todos los contribuyentes  canarios, y como toda ocurrencia casimirista crece sobre un objetivo central: mantener a Curbelo –y a sus asociados – en el poder.