En el caso de que numerosos miembros de un gobierno municipal, incluido su alcalde, se encuentren procesados judicialmente por varios supuestos delitos, la prudencia más elemental debería llevarlos a intentar defenderse en los tribunales y responder serenamente a las críticas y denuncias con argumentos y datos. Desde un punto de vista político y ético, es sumamente discutible (por decirlo con suavidad) que los políticos procesados financien su defensa con los fondos del erario público municipal. Pero lo que ya resulta intolerable y repulsivo es que los políticos encausados utilicen los fondos públicos para financiar querellas contra adversarios políticos (incluyendo cargos públicos con los que comparten en salón de plenos) y periodistas. Esta pringosa obscenidad solo podría darse en un ayuntamiento en el que el alcalde y sus concejales han tomado como una desvastada finca de su propiedad: el ayuntamiento de Arona.
El señor José Alberto González Reverón no es el ayuntamiento de Arona y alguien debería decírselo para evitar el agravamiento de una psicopatología incontrolada que funde y confunde personas e instituciones, política y amiguismo, clientelismo y prácticas democráticas. Y el gobierno municipal de Arona, qué lástima, tampoco es el ayuntamiento de Arona. Desde un punto de vista técnico, el ayuntamiento es un órgano administrativo; desde un punto de vista democrático, es el representante de todos y cada uno de los avecinados en su municipio. El dinero de todos los ciudadanos no puede ser utilizado por los gobernantes para presentar querellas a los concejales o dirigentes de la oposición en el municipio o para atemorizar a periodistas incómodos. El hecho de que se deban escribir estas estruendosas obviedades ilumina la putrefacción acelerada de la política aronera y, más particularmente, de un gobierno municipal desbordado por acusaciones e imputaciones judiciales muy graves, y que ante la crítica solo sabe reaccionar en una grotesca huida hacia delante sufragada por los impuestos de todos los ciudadanos.
José Antonio Reverón González, Blanca Salazar, Sergio Cabrera, Bentor Trujillo Flores y Julio Concepción son los ciudadanos contra los que se ha presentado una querella interpuesta por el ayuntamiento de Arona por instrucciones del alcalde. Esta caterva demoníaca se ha dedicado en los últimos años a denunciar casos de corrupción política, a criticar duramente las acciones y omisiones del gobierno local, a convocar o apoyar manifestaciones de protesta o a practicar un periodismo de investigación generalmente sustentado en soportes documentales y pruebas indubitables. Y lo más grotesco de toda la situación es que sus querellantes pueden ser condenados judicialmente antes que ellos. Esto es Arona actualmente: uno de los paréntesis más oscuros y mefíticos de la democracia municipal en Canarias.