La realidad siempre trabaja para la oposición. Como político veterano (y singularmente dotado para escapar vivo: hubiera sobrevivido en Auschwitz siendo rabino) Blas Trujillo lo tiene muy asumido. La respuesta solo puede ser ignorarla aunque parezca que se habla de ella constantemente. En el campo de la sanidad pública, que en los últimos años ha sido su negociado, Trujillo está vendiendo ahora la regularización de las plantillas del Servicio Canario de Salud como un éxito arduamente conseguido. Acabar con la temporalidad. Convertir en funcionarios o laborales fijos a más de 4.600 efectivos el próximo año a través de la ley de presupuestos generales de la Comunidad de 2023, donde se introdujo una “disposición” por la cual el Gobierno autónomo creará de aquí al 30 de marzo “las plazas que respondan a necesidades estructurales  como consecuencia del incremento de las exigencias asistenciales”. Respecto al follón en el Hospital Universitario de Canarias pues se van a realizar 1.052 nombramientos hasta el mes de abril, aparte de los profesionales ya regularizados en 2018 y 2021. Sin quitarle ningún mérito al señor Trujillo y su equipo, no parece procedimentalmente muy complejo. Se introduce una “disposición” en la ley presupuestaria en un caso, se llama a los eventuales desde la dirección del HUC para formalizar nombramientos y reclamar las firmas en otro. Sobre todo no conviene olvidar que lo que mejora inequívocamente es la condición laboral de los profesionales sanitarios, no la condición asistencial (patológica, diagnóstica o quirúrgica)  de los pacientes.

Porque la gestión de Blas Trujillo, antes y después de la etapa de Conrado Domínguez al frente de SCS, resulta claramente insatisfactoria, y en ciertos ámbitos delicados, un fracaso poco cuestionable. Meter muchos millones de euros más en la maquinaria del SCS, estabilizar plantillas y contratar a cientos de profesionales no conduce inevitablemente a una mejora de la gestión y Trujillo lo está demostrando cada día: baste señalar cómo ha empeorado la saturación tradicional de las urgencias o el escaso impacto del Plan Aborda en la Atención Primaria o de la inanidad de las medidas tomadas para disminuir las listas de espera. Cualquier usuario de la sanidad pública canaria en los últimos meses puede comprobar que la situación no ha cambiado en lo sustancial ni cualitativa ni cuantitativamente pese al muy considerable esfuerzo presupuestario realizado por el Ejecutivo. No es cuestión (ahora mismo) de dinero, sino de agilidad e inteligencia en la gestión, de modelo de administración sanitaria, de capacidad técnica y operativa en lo organizacional y lo procedimental. Una gestión mediocre, continuista, con una planificación ajena a la realidad y que atravesó el terrible shock de la pandemia del coronavirus  — que sigue ahí pese a los esfuerzos de Trujillo de trivializarlo estadísticamente – puede consumir y de hecho está consumiendo a una velocidad pasmosa todos los recursos financieros que se les eche.

Ocurre algo similar en la educación: la obsesión de la contratación como mecanismo sustitutorio de una gestión eficiente y eficaz. No, no es suficiente contratar a otros 2.000 enseñantes. No lo es ni de lejos si se sigue negando incomprensiblemente a las universidades un contrato-programa, si no se diseñan los currículos en tiempo y forma, si la Consejería de Educación ni siquiera es capaz de abonar lo adeudado a los empresarios del transporte escolar después de años de promesas y postergaciones. Al presidente Ángel Víctor Torres le parece “llamativo” que el transporte escolar haga paro “cuando se le va a a pagar”. No, presidente. Lo llamativo sería que hicieran paro después de pagarles. Que no es lo mismo. Ni siquiera en Arucas.