CC

Mesianismo portuario

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, es un veterano militante del Partido Popular. En la negociación entre Coalición Canaria y el PP para alcanzar un pacto de gobierno en la Comunidad autonómica, los conservadores recuperaron esa relevante cuota de poder. Ya había estado Suárez trasteando fugazmente por ahí entre 2018 y 2019 y recuerdo muy bien el pasmo que causó su nombramiento por entonces en el ámbito empresarial y portuario, porque, como en el caso de Beatriz Calzada ahora en Las Palmas, carecía de cualquier experiencia previa en un mundo tan complejo, chapoteante y lleno de claroscuros. Suárez es una de esas figuras que siempre han estado brujuleando con éxito en la segunda línea del Partido Popular de Tenerife. Como dijo una vez Gore Vidal refiriéndose a un político sureño, “es de esos tipos a quienes siempre están nombrando algo, y parece que tienen un cargo incluso cuando no lo tienen”. Pues bien, don Pedro, en las primeras declaraciones importantes desde su desembarco en la Autoridad Portuaria, manifestó que habría que recuperar lo del puerto de Fonsalía y comenzar de una vez y tal. Lo dijo seguramente con una espontaneidad admirable, sintetizando tanto los argumentos que los redujo a la nada, pero han empezado a sonar de nuevos las campanas. ¿Cómo, cómo es posible que hayamos abandonado Fonsalía?

El gran puerto de Fonsalía se abandonó por tres motivos: financieros, medioambientales y operativos. El Parlamento se Canarias hace menos de tres años se pronunció a favor de clausurar un proyecto que costaría (inicialmente) unos 220 millones de euros, que afectaría destructivamente a la Zona de Especial Conservación que se extiende desde Teno a la Rasca con 74 especies marinas protegidas, empobreciendo radicalmente la biodiversidad al este de Tenerife, y que es innecesario  para afrontar problemas de conectividad entre la isla capitalina y La Gomera y La Palma. Por todo ello, profusamente debatido, la Cámara decidió pronunciarse en contra del proyecto, aunque el PSOE, sorprendentemente, se abstuvo en la votación: el pressing que realizaron José Miguel Rodríguez Fraga y Pedro Martín, alcaldes de Adeje y Guía de Isora respectivamente, no pudo ir más lejos. CC modificó, ciertamente, su postura tradicional y votó en contra, pero no fue una decisión exclusivamente parlamentaria: el puerto de Fonsalía fue debatido y votado en todos los comités locales de la CC  tinerfeña y, finalmente, en el Consejo Político Insular. Finalmente el proyecto resultó rechazado en esta consulta interna por más del 90% de los votos.

No existe ningún estudio económico digno de tal nombre sobre el milagroso impacto del puerto de Fonsalía en la economía de La Palma y La Gomera. Los problemas de La Palma, sobre los que además cayó un volcán, son de parálisis económica, despoblación  y envejecimiento demográfico, pero sin Fonsalía ya están en proyecto tres resort de lujo en la Isla Bonita, uno de ellos, en Breña Alta, con campo de golf incluido. La Gomera se las ha arreglado magníficamente sin Fonsalía para casi triplicar su PIB en el último cuarto de siglo y mejorar sus carreteras y sus servicios públicos sustancialmente. Respecto al embotellamiento del puerto de Los Cristianos, un problema ciertamente angustioso, la solución está cerca: el puerto de Granadilla, entregado con un retraso grotesco en 2017, y que todavía hoy  no tiene todas sus instalaciones terminadas  ni plenamente operativas. Granadilla podía aliviar casi las dos terceras partes del tráfico de Los Cristianos, además de nuclear y galvanizar una amplia área industrial totalmente desperdiciada en la actualidad. Y quien debe dedicarse a eso precisamente – el impulso y la promoción de Granadilla en el sistema portuario tinerfeño, canario e internacional – no es otro que el propio Pedro Suárez. Ya queda lejos y casposa la suposición según la cual solo las grandes infraestructuras son elementos económica y socialmente estructurantes en una comunidad. También lo son las exigencias de la matriz biofísica de un territorio y la protección integral de su biodiversidad. El puerto de Fonsalía es una solución mesiánica a problemas que no existen o que se pueden resolver sin más hierro ni más cemento ni más tensiones políticas y sociales.   

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Perlas electorales (1)

“El alcalde de La Laguna afirma que las ruinas de la Mesa Mota están a la espera del Estado”.

Por supuesto el subtexto de la frase del alcalde es yo no tengo nada que ver en eso. Para escapar opta por una prosa poética cargada de un sutil bucolismo. Ahí están las ruinas, como en cualquier fábula romántica, esperando sin esperanza a que el Estado, como el príncipe Feliz, las despierte depositando un casto ósculo sobre un pedrusco cubierto de musgo. Sinceramente es asombroso que el joven alcalde haya aprendido en tres años y medio a lidiar con abstracciones como el Estado. Un acelerón: de la bachata a Carl Schmitt. Incluso que maneje esa pequeña astucia de eludir hablar del Gobierno español aludiendo la estructura de la organización política del país. “Las ruinas de la Mesa Mota están a la espera de la monarquía parlamentaria”. No, no queda igual, desde luego. El PSOE gobierna en La Laguna, en el Cabildo de Tenerife, en Canarias y en España, pero si hay algún responsable de esas ruinas penosas, pibas y pibes, es el Estado, jodido y triste gandul. El municipio lagunero no ha mejorado sustancialmente, pero Luis Yeray Gutiérrez sí. Hace cuatro años, cuando oía hablar de Estado, siempre creía que se referían a una mujer embarazada.

“Es sorprendente que los médicos se pongan en huelga en campaña electoral”.

El sorprendido es el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, cuya capacidad de sublime estupefacción para lo que todo lo que ocurre fuera del Gobierno autonómico y del PSOE ha devenido prácticamente ilimitada. Al presidente Torres le sorprende que la oposición fiscalice al Gobierno, le sorprende que  CC y el Partido Popular quieran ganar las elecciones, le sorprende que le pregunten dentro o fuera del Parlamento por los cuatro millones de euros que le levantaron delante de sus narices en plena crisis pandémica, le sorprende que La Palma no lo haya declarado todavía marquesote adoptivo, le sorprende el testarudo empeño de tomarse las kilométricas listas de espera para operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas como señales de un  empeoramiento espeluznante de la sanidad pública, le sorprende quizás la luz de la mañana y la oscuridad de la noche, el orden alfabético, la perfecta ingeniería de las hormigas, el sentido de la vida de los trilobites, el sonido agónico de un acordeón al atardecer en Famara. Ángel Víctor Torres es un hombre construido por sorpresas como a otros le construyen las experiencias vitales o la cerveza negra. ¿Alguna vez un presidente canario – o de cualquier lugar de la biosfera — debió soportar una huelga en campaña electoral? No. Uno como él no. Volveremos al ritornello. El presidente que tuvo que enfrentarse a la quiebra de Thomas Cook, a una pandemia ruinosa, a una erupción volcánica, a una guerra en Crimea o a Casimiro Curbelo también deberá exponer su alma y su cuerpo a una huelga de médicos que, lamentablemente, no controlan ni UGT ni Comisiones Obreras. Pero vencerá. El presidente Torres siempre gana. Incluso cuando pierde.  Sobre todo cuando pierde. Es tan buena gente.

“Esta es una lista de lujo para Tenerife”.

Ana Oramas calificó así la lista de CC que ella encabeza por la circunscripción de Tenerife. Y sin ser Ángel Víctor Torres uno se queda asombrado. Porque lo que se presentan son individuos que en este caso suman un siglo en política, que aspiran no a decorar esquinas, sino a ser servidores públicos, por lo que serán muy bien remunerados. Se trata de elegir a ciudadanos competentes, honestos, trabajadores. No a un Ferrari. El orgullo debería ser Canarias y representar a su ciudadanía sintiéndose concernidos por un contrato llamado programa. Un orgullo que todos los candidatos del próximo mayo tendrían que ganarse a pulso. Políticamente la gente está harta de lujos.   

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El factor Vox

Algunas encuestas electorales publicadas en las últimas semanas anuncian que Vox podría entrar en esta ocasión en el Parlamento de Canarias con dos diputados. En absoluto se me antoja un pronóstico seguro, pero resulta bastante probable. Y no debe entenderse que esta pequeña representación –si se produce – se quede en una anécdota. Puede afectar centralmente a lo que ocurra en el gobierno de la Comunidad autónomo en los próximos años.

Los que más serio se han tomado los dos hipotéticos diputados ultraderechistas son algunos dirigentes y cargos públicos del PP canario. Se debe insistir en lo de algunos, porque otros sufren sarpullidos solo de pensarlo. Para los dirigentes conservadores a los que pone cachondos los fachas en nuestro parlamento la entrada de Vox representa una oportunidad. Piensan que la mayoría absoluta quedaría fijada en 34, no en 36 diputados, porque Vox votaría furibundamente en contra del PSOE en cualquier caso, pero podría abstenerse para facilitar un Gobierno presidido por Manuel Domínguez y apoyado por Coalición Canaria. La desactivación de la alarma conceptual se basa, según estos genios, en insistir que ese gobierno no sería votado favorablemente por Vox, porque la muy ultraderechona se limitaría a abstenerse. Obviamente es una estropajosa falsedad, siquiera porque en este escenario Vox no se limitaría a abstenerse en una sesión de investidura. Dotado de solo 34 escaños, el gobierno fantasmagórico con el que sueñan durante la siesta muchos dominguistas – y no sé si el propio Domínguez — estaría condenado a negociar con los fachas todo, y para empezar, los presupuestos generales de cada año.  Si es asombroso que en el PP de Canarias se admitiera ese enjuague, servidor no puede ni quiere creerse que Coalición Canaria – una fuerza que se define como nacionalista, autonomista y reformista en sus estatutos – entrara en una componenda tan infecta como esa, en la que la estabilidad gubernamental dependería de un partido que tiene como horizonte programático una feroz recentralización política del país y el fin del sistema autonómico. Si finalmente Voz obtiene esos dos diputados se corre el riesgo de que bloqueen la formación de una mayoría parlamentaria suficiente a un lado y a otro, obteniendo la ultraderecha un protagonismo mediático extraordinario: ya solo con esa les hubiera valido la pena presentarse. Según dispone el Estatuto de Autonomía de Canarias el presidente del Gobierno puede disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas, pero no antes de un cumplirse un año de las comicios.  Si se cumpliera esta repugnante calamidad, es decir, que los ultraderechistas de Santiago Abascal pudieran bloquear una investidura, la única salida razonable conduciría un pacto entre dos grandes fuerzas políticas, que dado el contexto político canario, no podrían ser otras que el PSOE y Coalición Canaria. O durante un año – hasta que fuera legalmente posible convocar nuevas elecciones – o durante toda la legislatura.

Me parece superfluo contar aquí lo que han hecho en el Congreso los diputados de Vox elegidos en Canarias hace casi tres años y medio. Esencialmente nada. A Vox Canarias le importa un rábano y lo ha demostrado repetidamente elección tras elección, visita payasesca tras visita payasesca de sus dirigentes a las islas, donde carecen de estructura organizativa y no pueden presumir ni de un concejal. Si consigue representación parlamentaria no se la habrá ganado. Pero lo que sí deben considerar aquellos que fantaseen con llegar a acuerdos con la ultraderecha es que serán estigmatizados como cómplices de un delito político de lesa canariedad. Uno es simplemente un meatintas que escribe columnas volanderas pero me he juramentado en convertir en enemigo personal e intransferible a cualquiera que les baile el agua a estos aprendices de fascistas. Dicho queda.  

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La dimisión de Gorrín

Una actitud sectaria pero, sobre todo, un mezquino egoísmo impidieron que Unidas Podemos empatara con el PSOE en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones locales de 2019. El acuerdo entre Sí se puede – la única fuerza ecosocialista con una modesta pero sólida implantación socioelectoral – e Izquierda Unida. Ramón Trujillo, cuyo liderazgo ha conseguido que IU jamás levante cabeza en la capital tinerfeña, se empecinó en que le correspondía encabezar la lista electoral, perjudicando a Pedro Fernández Arcila. Porque Trujillo es pura modestia y bonhomía hasta que le toca defender fiera y testarudamente su posición personal. Eso sí que no. Por estos y otros motivos – Sí se puede sostenía que si las izquierdas sumaban mayoría absoluta deberían estar todas en el gobierno municipal, Trujillo no tanto – Sí se puede se negó a firmar a alianza electoral. SSP había conseguido cuatro concejales en 2015, el acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos apenas llegó a los tres. Y uno intuye que si consiguió tres concejales, ap

Una actitud sectaria pero, sobre todo, un mezquino egoísmo impidieron que Unidas Podemos empatara con el PSOE en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones locales de 2019. El acuerdo entre Sí se puede – la única fuerza ecosocialista con una modesta pero sólida implantación socioelectoral – e Izquierda Unida. Ramón Trujillo, cuyo liderazgo ha conseguido que IU jamás levante cabeza en la capital tinerfeña, se empecinó en que le correspondía encabezar la lista electoral, perjudicando a Pedro Fernández Arcila. Porque Trujillo es pura modestia y bonhomía hasta que le toca defender fiera y testarudamente su posición personal. Eso sí que no. Por estos y otros motivos – Sí se puede sostenía que si las izquierdas sumaban mayoría absoluta deberían estar todas en el gobierno municipal, Trujillo no tanto – Sí se puede se negó a firmar a alianza electoral. SSP había conseguido cuatro concejales en 2015, el acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos apenas llegó a los tres. Y uno intuye que si consiguió tres concejales, apenas el 10% de los votos emitidos, es porque muchos ciudadanos no se enteraron de la jugada. Trujillo apoyó la moción de censura para desalojar a CC del poder municipal y convertir a Patricia Hernández en alcaldesa. Por supuesto no entró a gestionar nada. Probablemente le da terror.

El PSOE ha mantenido una oposición irregular, pero combativa y más o menos coherente con su particular argumentario político en Santa Cruz de Tenerife. Unidas Podemos, en cambio, es prácticamente invisible. Pero también lo fue durante el breve mandato de Hernández. La auténtica vocación de Trujillo es la invisibilidad y su afán moralizador consiste en esbozar ese gesto cansado del que sabe que tiene toda la razón política en su combate contra el Mal pero que está destinado a perder siempre porque el verdadero nombre del Capital es legión y habita entre nosotros.  Bien pensado es extraordinario. ¿Qué hace un señor como Trujillo, perdiendo elección tras elección, encadenando ridículos porcentajes de voto como quien colecciona miniaturas, emitiendo pomposas naderías cada vez que tiene ocasión, jibarizando a su propia organización política hasta convertirla en una especie de souvenir del viaje de cuatro cansinos a una caricatura de utopía? ¿Izquierda Unida no tiene a nadie más, incluso para perder? ¿Alguien que al tomar la palabra no parezca que esté sufriendo un ataque de gastritis?

Pues bien, cabe imaginarse a una personalidad como la de Trujillo tutelando el trabajo de su grupito municipal y las relaciones entre IU y Podemos. Como para Pablo d’ Ors, maestro de la meditación, para Trujillo quietud y plenitud son sinónimos. Ningún trabajo para intensificar las relaciones de los socios de UP. Ninguna reflexión conjunta sobre la estrategia a seguir una vez que José Bermúdez regresó a la Alcaldía. Nada. Absolutamente nada. Si a eso se añade que Podemos está perfectamente difunta en el municipio chicharrero (las tiendas de los chinos son más visitadas que la sede de la Rambla Pulido) las perspectivas no son muy halagüeñas. En un contexto como este a nadie le puede sorprender la dimisión de la concejal Yaiza Gorrín. Hace unos días Gorrín figuraba entre los cargos públicos que habían apoyado la decisión de Mery Pita de abandonar Podemos, aunque a diferencia de la hocicuda diputada, ella sí entregará el acta de concejal. Por supuesto ha caído una pequeña llovizna de descalificaciones sobre la dimisionaria. Pero es absurdo. Gorrín simplemente está hastiada por lo que pudo haber sido y no fue y por la desidentificación de su proyecto político. Por supuesto que nada de esto tendrá trascendencia. Salvo que Alberto Rodríguez tome una decisión y comience a moverse. Entonces podía pasar algo. Y no solo en el ayuntamiento de Santa Cruz.

 

 

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La carta de Miguel Strogoff

Uno de los escasos ataques de ofuscamiento que se ha permitido el presidente Ángel Víctor Torres – un político habitualmente tranquilo, templado y paciente —  ha tenido su detonante en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre  la ley 11/2021 de 9 de julio que pulverizaba el diferencial fiscal a favor de las producciones audiovisuales desarrolladas en el archipiélago. No es que al presidente le pareciera mal el fallo, un fallo que establecía que se había vulnerado el REF,  pero ocurre que en el texto de la sentencia el abogado del Estado personado en este caso afirma explícitamente que el Gobierno de Canarias no solicitó activar la comisión bilateral Canarias-Estado para abrir un diálogo sobre la diferencia entre ambas partes y solventarla si mediaba un acuerdo. El portavoz parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, publicitó parte de la sentencia en Twitter, subrayando irónicamente la observación del abogado del Estado. Se produjo un pequeño rifirrafe en la red social y el sarcasmo  de Barragán fue muy retuiteado. A Torres le repateó considerablemente el asunto. Lo consideró prácticamente un insulto, además de una mentira. Yo entiendo a Torres. Creo que cree sinceramente que es una mentira. Y eso es lo peor de todo.  

Presidencia del Gobierno remitió hace unos días a numerosos medios de comunicación y periodistas copia de la carta que el primero de julio de 2021 remitió el jefe del Ejecutivo canario a Miquel Iceta, entonces ministerio de la Presidencia, como prueba evidente y autoconclusiva de que Torres había solicitado la activación de  la Comisión Bilateral. Ya circula por internet y pueden ustedes consultarla. No carece de interés. En su penúltimo párrafo, en efecto, Torres solicita la convocatoria urgente de la comisión, siempre como resultado del informe desfavorable del Parlamento de Canarias. En ese sentido el presidente narra escrupulosamente los hechos como un testigo imparcial que transmite una noticia, sin añadir una coma sobre la posición de su propio Gobierno. Más que un presidente que está ejerciendo una potestad reconocida por el Estatuto de Autonomía de 2018, Torres actúa como una suerte de intermediario postal entre la Cámara regional y el Gobierno central, sin que esté absolutamente injustificada la inferencia de cierta resignación presidencial ante la contumacia del parlamento.

La carta, como se ha dicho, se remitió a principios de julio. No fue hasta el 17 de septiembre cuando se publica en el BOE una resolución del Ministerio de Política Territorial en la que se anuncia que la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado ha adoptado el acuerdo (¿dónde, cuándo?) de “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitada” para lo cual “se designará un grupo de trabajo para proponer a la comisión la solución que proceda”.  Y ahí –mientras seguía vigente la normativa legal de la discordia — embarrancó el proceso y nunca más se supo, pese a las preguntas que formuló al respecto la diputada nacionalista Socorro Beato. Ciertamente la situación de los descuentos fiscales a la producción audiovisual en Canarias se corrigió en buena medida después a través de otros cauces y espacios de diálogo. Pero sería temerario concluir que fue gracias al Gobierno autonómico. Fue el Parlamento quien emitió un informe negativo y quien interpuso, con el trabajo de sus letrados, un recurso exitoso ante el Constitucional. El Gobierno no hizo nada. El presidente, salvo su breve actuación como Miguel Strogoff en su carta del pasado julio, no destacó precisamente por su defensa de la integridad del REF y, en general, de los intereses canarios en esta coyuntura, como en algunas otras.  Es lo que Ángel Víctor Torres, desde su desquebrajada bonhomía, no coincide entender. Para él lo que ha hecho resulta, dentro de la tradición del PSOE canario de subordinación estricta a Ferraz y a La Moncloa, casi un acto de heroísmo. Para los que no militan en las filas socialistas, en cambio, Torres solo actuado como un notario y su eficacia política ha sido lenta, complaciente e insuficiente.    

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