El profesor Santiago Pérez ha publicado, en el diario canariasahora, un muy interesante artículo sobre la denominada ley antitránsfugas, que es la que se intentó poner en marcha en Tacoronte, por parte de las direcciones federal y regional del PSOE, para evitar la moción de censura que ha desplazado al hasta hoy alcalde, Álvaro Dávila. El planteamiento inicial de Santiago Pérez es (creo) irreprochable. La ley antitránsfugas corre el riesgo de convertirse en un instrumento más al servicio de las élites de las organizaciones políticas, y unos militantes que no han intentado abandonar el partido no se transforman automáticamente en tránsfugas por la decisión de echarlos. En todo caso los militantes deben tener garantizados sus derechos como tales: no se les debe, al menos en una organización que presuma de democrática, tratar como agua sucia que no tiene ni la primera ni la última palabra.
Sin embargo, en sus consideraciones posteriores, opino que el profesor Pérez se equivoca y lleva (o arrastra) el debate conceptual de la normativa jurídica al terreno de sus convicciones políticas y éticas en el caso de Tacoronte. Primero, el pacto entre CC y PSC-PSOE firmado en 2011 nunca pretendió ser un acuerdo en cascada, porque la praxis política regional de los últimos treinta años ha demostrado que tal ambición estratégica es insostenible, y ahí está el ejemplo de Granadilla, donde gobiernan socialistas y conservadores desde el comienzo del mandato, para demostrarlo. En segundo lugar, las mociones de censura son, por supuesto, y tal y como sostiene Santiago Pérez, un mecanismo legítimo, aparte de legal, para remover mayorías de gobierno. Pero las mociones de censura – ni siquiera las que se presentan contra alcaldes coalicioneros – no resultan meramente expresión de la excelsa libertad de concejales que quieren volar por su cuenta. A veces los que se echan a volar – el mismo Pérez lo sufrió varias veces como dirigente socialista — son verdaderos pájaros, y al respecto de Tacoronte, será muy interesante conocer los contratos y adjudicaciones que se ejecuten a partir de ahora por la Concejalía de Asuntos Sociales, particularmente, los referidos a la asistencia domiciliaria. Por último es difícil compartir ese punto de vista, tam rotundamente expresado por don Santiago, según el cual la ideología del adversario político — entiéndase siempre CC — se reduce a la obsesión por el poder. Es una acusación particularmente curiosa en la escena tacorontera cuando el adversario, que ganó las elecciones, es apeado por los que las perdieron. Buscar el poder no es una ideología: es el incentivo básico de los partidos en los sistemas de representación democrática.
