Para las fuerzas derechistas – particularmente en España, donde el Partido Popular acoge bajo su manto a sectores tradicionalistas y ultras que le votan como mal menor – los problemas en las sociedades democráticas se resuelven invariablemente no con más democracia, sino con menos. A veces con mucha menos. En apenas una semana la involución democrática en marcha por el bien de España y los españoles ha marcado dos hitos importantes. El primero, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que el PP ha tenido la complaciente colaboración del PSOE, CiU, el PNV e Izquierda Unida: todos se han repartido pacíficamente los magistrados a elegir, pese a que todos llevaban en sus programas electorales compromisos o, al menos, advertencias sobre la imprescindible reforma (una nueva reforma imprescindible) del CGPJ. Se ha institucionalizado así, con el concurso de casi toda la oposición parlamentaria, una sucia y buhonera corruptela que ataca las bases mismas del Estado de Derecho, cuya constitucionalidad, por lo demás, resulta sumamente discutible.
El segundo ataque proviene, obviamente, del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana aprobado ayer por el Consejo de Ministros, un engendro normativo cuyo objetivo primordial consiste en criminalizar la disidencia ciudadana y actuar coercitivamente contra casi cualquier forma de rechazo, crítica y movilización social. La guinda que corona esta arcada digna del estómago de Arias Navarro son los castigos que establece la ley por mostrar pancartas o lanzar consignas injuriosas contra España y sus símbolos, y tales multas, al responder a sanciones administrativas y no a faltas, serán decididas por el Ministerio del Interior, no por los jueces. No es posible exagerar la agresión que, en este punto del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, está perpetrando el Gobierno de Rajoy contra las libertades públicas en este país. Si este basurienta tropelía antidemocrática y antiliberal (sí, antiliberal) es aprobada, la seguridad jurídica de todos y cada uno de los ciudadanos españoles se verá brutalmente erosionada. Porque España es una ficción que, como tal, solo puede ser interpretada ideológicamente, y esta ley pretende establecer una equivalencia autoritaria y perversa entre España, el Estado y el Gobierno. Quien rechaza su interpretación y uso de España está agrediendo al Estado y atentando contra el Gobierno. Si tragamos con esto apenas nos podremos llamar ya ciudadanos.