Este país ya es un carrusel de naufragios. Ahí tiene usted al oficial de cubierta, que no distribuye a la gente en los botes salvavidas, sino que les entrega la boleta del naufragio correspondiente. Muchos ciudadanos son afortunados y participan, a la vez, en cuatro o cinco naufragios intachables: se quedan desempleados, no pueden pagar la universidad a sus hijos y el semicolapso de los servicios sanitarios –apenas una imagen amable de lo que se avecina – contribuye a que la grave enfermedad de su esposa se transforme en una amenaza brutal contra su vida. Tratándose de España – no se diga de Canarias – deambulando entre la proa y la popa, con los ojos estupefactos y la boca abierta, a la investigación científica y tecnológica no se la invita a un naufragio: se le empuja directamente por la tabla de los piratas para que se hunda en lo más profundo. La crítica situación financiera del Centro Superior de Investigaciones Científicas demuestra, por enésima vez, que la investigación científica es tratada en este país como un lujo prescindible.
En el año 2008 – y pese a los tímidos esfuerzos inversores del Estado en años anteriores – España gastaba en I+D+I aproximadamente el 60% de la media europea; Canarias, como comunidad autonómica, menos que la mitad que el Estado español en relación con su PIB. Pese a eso, y gracias a programas científicos europeos y a la inversión de grandes empresas extranjeras, algunos centros de investigación españoles habían prosperado notablemente. Tampoco conviene engañarse: precisamente ese año, y teniendo en cuenta la evolución de la inversión en ciencia desde la década de los ochenta, un estudio de  Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez      apuntaba que España no alcanzaría al Reino Unido hasta 2035 y a Francia hasta 2050. En todo caso se trata de un pasado tan próximo como irrecuperable: el CSIC ha visto en los últimos tres años perder 500 millones de euros de la financiación pública. Ahora amenaza cierre: necesita imperiosamente 100 millones de euros para mantener sus centros abiertos, y el Gobierno de Mariano Rajoy solo se ha comprometido entregarle 75 a lo largo del año. Es una auténtica chifladura — un suicidio demencial — jugar así con el desarrollo científico y tecnológico de un país, con la capacidad de innovación y transformación que garantiza, precisamente, su competitividad internacional, su diversificación y solidez económicas, su bienestar y cohesión social. Les da exactamente igual. España ha sido el único país relevante de la UE que ha recortado estúpidamente fondos de inversión en I+D+I en los últimos tres años. En eso si innovan sus élites políticas y empresariales. Que inventen ellos. Un siglo más tarde. Aunque la prosa de Montoro, Soria y Wert es peor que la de Unamuno.