En un plazo relativamente breve para sus usos y costumbres el Consejo Consultivo de Canarias ha avalado (así se ha esculpido en los titulares) la legalidad de la consulta preparada por el Gobierno autonómico sobre las prospecciones petrolíferas en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura. Con las prisas en celebrar el informe – que sin duda cogió por sorpresa al Ejecutivo – fue piadosamente obviada una observación que los señores consejeros no pudieron resistirse a explicitar: la consulta no puede incluir preguntas que excedan el marco competencial de la Comunidad autonómica. He esperado inútilmente que alguien se dirija al Consejo Consultivo para aclarar este aserto a fin de que quien lo interprete no sea el portavoz Martín Marrero, por ejemplo. Pero nada.
Y no es un asunto baladí. Entre sus competencias la Comunidad Canaria, por supuesto, cuenta con un amplio espacio normativo y reglamentario en materia medioambiental. Sin embargo, la autorización para proceder a sondeos exploratorios y conceder licencias de explotación corresponde inequívocamente al Ministerio de Industria y Energía. La conclusión se antoja bastante obvia: el Gobierno regional no puede preguntar a los ciudadanos canarios sobre las prospecciones que ha autorizado el Ministerio de Industria a favor de Repsol. No lo puede hacer sin incurrir en prevaricación, aunque mucho antes, sin duda, el proceso administrativo para la consulta será impugnado por el Gobierno central a partir de la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional. Desde la legalidad el Gobierno presidido por Paulino Rivero deberá limitarse a una pregunta más o menos de este jaez: “Como ciudadano de Canarias, ¿quiere usted que el mar que rodea las islas sea limpio, puro, salutífero y hermoso? En caso de responder positivamente, ¿cree usted que debería contar con samas roqueras, fulas y pejeverdes en abundancia?”.
Pulula la gente malvada – yo me cuento entre ellas – que considera que el Gobierno presidido por Paulino Rivero, incluyendo al mismo Paulino Rivero, conocía de antemano perfectamente las limitaciones legales de una consulta como la que pretenden convocar. Sabían que las preguntas jurídicamente permisibles excluían fuera de toda duda razonable la autorización y la actividad misma que suponen los sondeos. Conocían, por tanto, la perfecta inutilidad de la consulta en términos jurídicos y su inermidad como instrumento democrático en términos políticos. Fue la irresistible tentación de un presidente adicto a los titulares en vena la que le llevó a envolverse en el mar como en una bandera y posar como un Tritón patriótico agitando en el tridente justiciero papel timbrado, fulas y pejeverdes.