Uno ha estado esperando en los últimos tres días una declaración, un comunicado, una aclaración del presidente del Gobierno canario sobre el desarrollo último del caso Mascarillas – las filtraciones de la Audiencia de Cuentas, la intervención de la Fiscalía de la UE – con una ingenuidad tan estúpida que me parece lastimosa. Pensé que el presidente había sido mal asesorado (como siempre) por su calamitoso equipo de Comunicación, o que entre viajes y agendas colmatadas no había podido  reflexionar sobre la que se venía encima. Pero no. El Gobierno está actuando en este pestilencial asunto con una combinación de sinvergüencería y estolidez tan notable como insistente. Parecen incapaces de advertir que el silencio tramposo y el avestrucismo político no les va a servir absolutamente para nada. Especialmente al presidente del Gobierno.

Se afirma ahora que la Intervención General de la Consejería de Hacienda aclaró en un informe que no se utilizaron fondos europeos en la compra de mascarillas a la empresa RR7 United .  ¿De cuándo es ese informe?¿Quién lo solicitó? Ahora el caso está bajo secreto sumarial, pero ¿y antes? ¿Por qué se ocultó hasta ahora mismo? ¿Intervino o tuvo conocimiento la Intervención General de este procedimiento? ¿Quién ordenó a la interventora general esperar a ver si las cosas se arreglaban y al menos se recuperaba la pasta? Por supuesto Román Rodríguez –titular de Hacienda – no sabía nada. Su viceconsejero, Fermín Delgado, tampoco. La interventora general, tampoco. En toda la puñetera consejería nadie sabía nada y creen que repetir que no sabían nada los librará de todo mal. La voluntad de ocultamiento es grotesca. Ayer, en una entrevista radiofónica, el consejero de Administraciones Públicas, consejero de Sanidad en funciones cuando se le entrega la millonada a  los (presuntos) estafadores, hablaba del “proyecto de informe” de la Audiencia de Cuentas sobre las contrataciones sanitaria del Gobierno autónomo durante los meses más duros de pandemia. El informe de fiscalización fue rechazado por el pleno de la Audiencia de Cuentas. Es el primer informe rechazado en los últimos treinta años. Y se rechazó por el voto negativo de los consejeros-auditores designados por el PSOE. Al señor Pérez ni siquiera le gusta escuchar esto. “¿Y si yo dijera que ese informe es así porque lo han querido los consejeros propuestos por las fuerzas de la oposición?”. La pregunta mayéutica es solo una rastrera argucia leguleya. Los que redactan los informes no son los consejeros auditores, sino los muy solventes técnicos de la Audiencia de Cuentas. Y debe insistirse en que si se trata de un proyecto de informe no es porque el documento esté inacabado, no por ninguna imperfección denunciada, sino por un motivo meramente formal: porque no lo ha aprobado el pleno del organismo fiscalizador dependiente del Parlamento de Canarias.

Esta apuesta por la desinformación basada en la confianza de la idiotez de los ciudadanos tendrá un precio político y electoral para el PSOE. Porque evidentemente no tienen idea de cómo resolverlo a gusto de todos. Porque no puede resolverse, sencillamente, a gusto de todos los agentes potencialmente afectados por este escándalo. La huida de Conrado Domínguez no ha sido suficiente porque no es un malvado convincente. Porque en este asunto no podía intervenir solitariamente. Mientras tanto se inventan algo para salir intactos el presidente Torres debería explicar esa foto, que se ha reproducido de nuevo a lo largo de esta semana, donde aparece con el cuñado de Raico Rubén González, administrador único de RR/ United, y el asesor fiscal de la empresa que se levantó los cuatro millones de dinero público. El cuñado de una historia llena de cuñados. Una explicación señor presidente. Simplemente una explicación. ¿Por qué sonreía usted tanto?