El pasado martes Mariano Rajoy le espetó a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, poco más o menos, que no le molestara con zarandajas sobre la reforma de la Constitución, que hay que ser serios y tal. Que en una situación como la que vive en este país su máximo responsable político, el presidente del Gobierno español,  exija seriedad a la oposición es hilarante. Nada de reformas constitucionales, por lo tanto, y no moleste usted, joven, que estamos muy ocupados. Debe reconocerse que la oferta para una reforma consensuada del secretario general del PSOE era un poquitín abstracta aunque llegaba con los buenos deseos federalizantes bajo el malherido sobaco socialdemócrata. Una reforma constitucional no puede ni debe reducirse a la postura postiza y reactiva frente a un problema político concreto y complejo, como es ahora Cataluña, donde el soberanismo ha traspasado, muy probablemente, la línea de cualquier solución de mutuo acuerdo para la continuidad catalana en el Estado español. Una reforma constitucional debe plantear el rediseño de las instituciones públicas y de las relaciones políticas, financieras y fiscales entre el Gobierno central y las comunidades autonómicas, entre otros graves y complejos asuntos. El PP no quiere oír hablar de este proceso y al PSOE se le supone voluntad, pero evita como el fuego mayores precisiones. Por ultimo, una reforma constitucional como la que le urge al país no puede negociarse y aprobarse en el lapso de un año escaso, que lo que resta de legislatura, sin contar con unas elecciones autonómicas y locales a la vuelta de la esquina. Los dos partidos hegemónicos de la política española han perdido una oportunidad excepcional para actuar como instrumentos políticos capaces de una reforma inteligente y solvente del establishment.  Han obviado los incentivos estratégicos para emprenderla a fin de apurar todas las ventajas del status quo desde un cortoplacismo suicida. Y lo van a pagar política y electoralmente.
Conservadores y socialistas ni siquiera han conseguido trenzar un compromiso de transparencia sobre los viajes y desplazamientos de diputados y senadores con dinero público después del flatulento escándalo de José Antonio Monago. Lo que han decidido es que los grupos parlamentarios se convertirán en custodios y fiscalizadores de los billetes de avión, tren o trineo siberiano que consuman sus señorías. Los ciudadanos no podrán acceder a la información al respecto directamente, como ocurre con los votantes británicos o alemanes. El PP y el PSOE trabajan activamente para profundizar la crisis de legitimidad política de un Estado cuyo entramado institucional se muestra cada vez más ineficaz, más ineficiente, más ocupado prioritariamente en su propia autorreproducción