corrupción política

Las disculpas del PP

Uno pide disculpas por pisar un callo, olvidar un cumpleaños, borrar una receta de acelgas de la memoria del ordenador o leer a Javier Marías, pero no se piden disculpas cuando la autoridad judicial detiene a un relevante ex dirigente, un presidente de diputación y media docena de alcaldes de tu partido por participar en una trama de corrupción política que se extiende por tres comunidades autonómicas, y que en los últimos tres años, solo en los últimos tres años, movió unos 250 millones de euros. Pedir disculpas por eso en nombre del partido que lo ha propiciado, tolerado o ignorado no es presentar sentidas excusas: es tratar como idiotas a los que te escuchan. Es, implícitamente, negarles la condición de ciudadanos y asimilarlos a un rebaño eclesiástico al que debe bastarle algunos golpes de pecho desde el púlpito del poder. Más vale no detenerse en la otra maniobra retórica que han utilizado desde el PP (ministros, dirigentes, cachorritos de Nuevas Generaciones) y que consiste en declararse muy indignados con lo que está ocurriendo. Saltan así por encima de su propia responsabilidad y se colocan entre nosotros, atormentadamente inocentes, furiosos por semejante escándalo, hasta dónde vamos a llegar, fijatetú. La imagen de mater dolorosa la ha sintetizado Esperanza Aguirre. Durante lustros ha presidido una cloaca mefítica cuya pestilencia quizás atribuía a las hormonas de los machos alfa  que trabajaban incansablemente –cuando no estaban robando – para su gloria y esplendor. Ahora, lógicamente, está desolada. Resulta que era un río de mierda cenagosa el que circulaba bajo la mesa de su despacho. Es muy triste y sonrojante y ustedes disculpen y, por supuesto, sigan votándonos.
Un partido político no es un conjunto de agregados de individuos que operan alegremente bajo unas siglas. Un partido político es una organización que presupone una responsabilidad compartida como principio fundamental de su razón de ser. Cuando se pilla aisladamente a un corrupto cabe argumentar que se ha tratado de una excepción capaz de burlar los controles internos. Cuando se acumulan los procedimientos judiciales, las imputaciones y las condenas, como ocurre desde hace años con el Partido Popular, no se puede pretextar inmundicias excepcionales que quepa estabular en un rincón maldito. Todos los datos disponibles apuntan, como hipótesis cada vez más verosímil, que el PP ha incluido en su gestión cotidiana una corrupción sistémica. Y de la misma manera que un juez no celebra ruedas de prensa, sino que habla a través de sus autos, un dirigente político, en esta tesitura, solo tiene una forma democráticamente respetable de pedir excusas: presentar su dimisión. Y convocar elecciones.

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No pasa nada

Mucha gente se escandaliza. Incluso yo me permito escandalizarme cinco minutos, para no perder costumbre. “¡Y no pasa nada!”, comentan en la cúspide de la desazón. En realidad pasan muchas cosas, entre otras, que nos enteramos de lo que le está contando Luis Bárcenas al juez antes de que termine su declaración. O que el presidente del Gobierno, entre guasón y alelado, lea su respuesta a preguntas pactadas con ABC y La Razón, vacilándose a toda la prensa ahí presente. Ocurren, en fin, muchas cosas, pero a lo que se refiere mucha gente es que Mariano Rajoy ni dimite, ni está dispuesto a hablar de este asunto en el Congreso de los Diputados, ni ofrecerá la más modesta migaja de explicaciones acerca de algo que ni le arruga el terno. Bajo su apariencia quebradiza y encastillada, en realidad, va de sobrado, y por eso – y porque además no puede hacerlo – ni niega la autoría de los SMS ni rechaza que cobrase sobresueldos en 2008, 2009 y 2010, como afirmó su extesorero ayer en sede judicial. ¿Por qué no pasa nada, es decir, no dimite Rajoy, como dimitiría en similares circunstancias un presidente francés, británico o estadounidense?
1. El sintagma mucha gente se refiere, si somos francos, a algunos cientos de miles de personas en este país. Para la mayoría – los millones restantes – el caso Bárcenas, como en caso Gürtel, como los indicios sólidos de financiación ilegal del PP y del cobro de sobresueldos, incluso durante los gobiernos de Aznar, solo alimenta el viejo adagio: los políticos son unos sinvergüenzas. Para la mayoría esta información se gestiona políticamente – de manera individual o grupal – como una obviedad repugnante, consuetudinaria, doméstica. El caso FILESA no representó un derrumbe electoral para el PSOE en su época y por similares razones: por entonces la derecha, sumergida todavía en el fango paleolítico del fraguismo, no representaba una alternativa verosímil.  No existe una cultura política democrática ni una deontología del poder compartidas entre gobernantes y gobernados. Se trata de un territorio tan yermo que Rajoy puede decir que “el Estado de derecho no tolerará ningún chantaje” sin que esa prodigiosa transustanciación entre registrador de la propiedad y Estado español le chirríe demasiado a la mayoría de los ciudadanos.
2. El sistema jurídico español es casi ferozmente garantista y carece de instrumentos normativos para castigar eficazmente la corrupción política y responsabilizar penalmente a sus muñidores.
3. Para la inmensa mayoría del PP – y sobre todo, sus diputados – no existen incentivos políticos para sustituir a Mariano Rajoy más fuertes y estimulantes que los que existen para mantenerlo al frente del Gobierno y del partido. En las encuestas el PP se hunde y pierde de la mayoría absoluta, pero el PSOE se mantiene prisionero en el fondo del abismo y nadie amenaza en el horizonte.
Rajoy no está asustado. ¿Por qué tendría que estarlo? Los que deberíamos estar asustados somos nosotros.

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Putrefacción

En el caso de que numerosos miembros de un gobierno municipal, incluido su alcalde, se encuentren procesados judicialmente por varios supuestos delitos, la prudencia más elemental debería llevarlos a intentar defenderse en los tribunales y responder serenamente a las críticas y denuncias con argumentos y datos. Desde un punto de vista político y ético, es sumamente discutible (por decirlo con suavidad) que los políticos procesados financien su defensa con los fondos del erario público municipal. Pero lo que ya resulta intolerable y repulsivo es que los políticos encausados utilicen los fondos públicos para financiar querellas contra adversarios políticos (incluyendo cargos públicos con los que comparten en salón de plenos) y periodistas. Esta pringosa obscenidad solo podría darse en un ayuntamiento en el que el alcalde y sus concejales han tomado como una desvastada finca de su propiedad: el ayuntamiento de Arona.
El señor José Alberto González Reverón no es el ayuntamiento de Arona y alguien debería decírselo para evitar el agravamiento de una psicopatología incontrolada que funde y confunde personas e instituciones, política y amiguismo, clientelismo y prácticas democráticas. Y el gobierno municipal de Arona, qué lástima, tampoco es el ayuntamiento de Arona. Desde un punto de vista técnico, el ayuntamiento es un órgano administrativo; desde un punto de vista democrático, es el representante de todos y cada uno de los avecinados en su municipio. El dinero de todos los ciudadanos no puede ser utilizado por los gobernantes para presentar querellas a los concejales o dirigentes de la oposición en el municipio o para atemorizar a periodistas incómodos. El hecho de que se deban escribir estas estruendosas obviedades ilumina la putrefacción acelerada de la política aronera y, más particularmente, de un gobierno municipal desbordado por acusaciones e imputaciones judiciales muy graves, y que ante la crítica solo sabe reaccionar en una grotesca huida hacia delante sufragada por los impuestos de todos los ciudadanos.
José Antonio Reverón González, Blanca Salazar, Sergio Cabrera, Bentor Trujillo Flores y Julio Concepción son los ciudadanos contra los que se ha presentado una querella interpuesta por el ayuntamiento de Arona por instrucciones del alcalde. Esta caterva demoníaca se ha dedicado en los últimos años a denunciar casos de corrupción política, a criticar duramente las acciones y omisiones del gobierno local, a convocar o apoyar manifestaciones de protesta o a practicar un periodismo de investigación generalmente sustentado en soportes documentales y pruebas indubitables. Y lo más grotesco de toda la situación es que sus querellantes pueden ser condenados judicialmente antes que ellos. Esto es Arona actualmente: uno de los paréntesis más oscuros y mefíticos de la democracia municipal en Canarias.

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