crisis política

Gárgaras de orina

La situación en el PP ha llegado a tal degradación que escuchas a Mariano Rajoy y parece que haya hecho a primera hora de la mañana gárgaras de orina para enfrentarse a la rueda de prensa. Si existiera alguna duda de la imperiosa necesidad de que desaparezca de la vida política basta con el cúmulo de insensatas mamarrachadas que regurgitó en la mañana de ayer sería suficiente. A partir de cierto momento en cinismo no es una trinchera, sino una pocilga. Ya no hay nada tras lo que esconderse y Rajoy, en esa espantosa comparecencia, intentaba todavía esconderse tras bultos imaginarios. El PP no son docena y media de condenados por sentencia judicial, pongo por ejemplo de excusa fantasmagórica. ¿Quizás estima el presidente que hasta el 51% de los militantes de su partido no hayan sido procesados y condenados no puede empezar a reconocerse cierto problema en lontananza? Y la sentencia no es firme, como si la hubiera emitido un juzgado de primera instancia y no la Audiencia Nacional. Y no hay ningún ministro afectado, aunque casi todos los ministros del primer gobierno del Partido Popular estén procesados o investigados judicialmente. Y eso es más o menos todo, porque, obviamente, Rajoy no se va a centrar en que el PP ha sido condenado como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción de Gürtel. Es decir, que la organización política que lidera se benefició financieramente de las trapisondas de los políticos corruptos. Un paréntesis: el PP es muy caro. Y no exclusivamente por las razones que convierten en organizaciones onerosas a los grandes partidos de gobierno de Europa. El PP también es caro porque abona salarios, complementos y gratificaciones asombrosas a su cúpula directiva. En el año 2011 Rajoy era el presidente del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados. Entre pitos y flautas cobraba unos 5.000 euros netos mensuales: un magnífico salario.  En ese mismo 2011 el PP le abonó 200.000 euros por su sacrificada labor de presidente del Partido Popular. De hecho, y según sus declaraciones de la renta, el presidente Rajoy recibió alrededor de un millón de euros en el plazo de sus nueve primeros años al frente del partido, al margen de los sueldos públicos que devengara. Su patrimonio aumentó un 43,7% entre 2003 y 2007. Muchos otros dirigentes, la mayoría procedentes del aznarato, cobraron sobresueldos y complementos altísimos. Escalar en la jerarquía del PP tenía un aliciente automático: podrías cobrar mucha pasta. Y sin salir (o entrar) en el despacho. Un curioso sistema de incentivos cuyos creadores eran directamente sus beneficiarios y que exigía unas finanzas bien saneadas. Las que tutelaba Luis Bárcenas, del quien pese a sus problemas judiciales, nadie sospechó jamás nada, y menos que nadie, Rajoy, que después de su caída en desgracia ejerció de coach a través del wasap.
El PP no puede aguantar más tiempo y España no puede aguantar más con el PP vaciando sus intestinos en los despachos y los decretos. El día anterior a la sentencia consiguió que se aprobara su proyecto de presupuestos generales para 2018, con el que Rajoy pensaba tirar hasta la primavera de 2020 o, al menos, hasta inmediatamente después de celebrados los comicios autonómicos y locales del próximo año. Ya le será imposible. Con su miserable escapismo, con su desdeñoso y ausente encanallamiento, Rajoy y sus colaboradores van a conseguir implosionar al partido y arrastrarlo a la irrelevancia electoral en medio de la peor crisis política, institucional y territorial que vive España en los últimos cuarenta años. Esta camarilla solo entiende la democracia si legitima su poder y solo siente la patria cuando palpan sus carteras.

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La última oportunidad perdida

El pasado martes Mariano Rajoy le espetó a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, poco más o menos, que no le molestara con zarandajas sobre la reforma de la Constitución, que hay que ser serios y tal. Que en una situación como la que vive en este país su máximo responsable político, el presidente del Gobierno español,  exija seriedad a la oposición es hilarante. Nada de reformas constitucionales, por lo tanto, y no moleste usted, joven, que estamos muy ocupados. Debe reconocerse que la oferta para una reforma consensuada del secretario general del PSOE era un poquitín abstracta aunque llegaba con los buenos deseos federalizantes bajo el malherido sobaco socialdemócrata. Una reforma constitucional no puede ni debe reducirse a la postura postiza y reactiva frente a un problema político concreto y complejo, como es ahora Cataluña, donde el soberanismo ha traspasado, muy probablemente, la línea de cualquier solución de mutuo acuerdo para la continuidad catalana en el Estado español. Una reforma constitucional debe plantear el rediseño de las instituciones públicas y de las relaciones políticas, financieras y fiscales entre el Gobierno central y las comunidades autonómicas, entre otros graves y complejos asuntos. El PP no quiere oír hablar de este proceso y al PSOE se le supone voluntad, pero evita como el fuego mayores precisiones. Por ultimo, una reforma constitucional como la que le urge al país no puede negociarse y aprobarse en el lapso de un año escaso, que lo que resta de legislatura, sin contar con unas elecciones autonómicas y locales a la vuelta de la esquina. Los dos partidos hegemónicos de la política española han perdido una oportunidad excepcional para actuar como instrumentos políticos capaces de una reforma inteligente y solvente del establishment.  Han obviado los incentivos estratégicos para emprenderla a fin de apurar todas las ventajas del status quo desde un cortoplacismo suicida. Y lo van a pagar política y electoralmente.
Conservadores y socialistas ni siquiera han conseguido trenzar un compromiso de transparencia sobre los viajes y desplazamientos de diputados y senadores con dinero público después del flatulento escándalo de José Antonio Monago. Lo que han decidido es que los grupos parlamentarios se convertirán en custodios y fiscalizadores de los billetes de avión, tren o trineo siberiano que consuman sus señorías. Los ciudadanos no podrán acceder a la información al respecto directamente, como ocurre con los votantes británicos o alemanes. El PP y el PSOE trabajan activamente para profundizar la crisis de legitimidad política de un Estado cuyo entramado institucional se muestra cada vez más ineficaz, más ineficiente, más ocupado prioritariamente en su propia autorreproducción

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Otras menudencias

No digo que cada día no tenga su afán y cada noche su duermevela, pero creo que nos agobian problemas más importantes que el incidente entre el barco de Greenpeace y la Armada Española en las aguas donde ya han comenzado las prospecciones indagatorias de Repsol, más graves incluso, y que caigan sobre mi cabeza todas las maldiciones del averno ecológico, que las prospecciones mismas. Si está claro (y lo está para Juan López de Uralde: leáse la entrada al respecto en el blog www.seguimosinformando.com) que varios tripulantes del Artic Sunrise, a bordo de lanchas rápidas, pretendieron abordar la plataforma, ya sea para plantar ahí una pancarta, ya sea para pintar algún eslogan de protesta, no cabía esperar otra actitud del buque de la Armada que la de una abierta oposición a fin de impedirlo. Algo muy distinto es que la reacción de la Armada haya sido brutalmente desproporcionada, embistiendo ferozmente contra los ecologistas y, al final, hiriendo de cierta gravedad a una de ellos. La guinda del despropósito – y evidencia de una pésima gestión política y operativa de esta crisis – se concentra en la multa impuesta a Greenpeace y la inmovilización de su barco en Arrecife hasta que abonen la sanción.
Uno sabe perfectamente que el atractivo épico de este asunto resulta casi irresistible, trufado de metáforas, imágenes, indignaciones y reclamos, y el Gobierno autonómico lo jalea con una habilidad retórica digna de Sautier Casaseca. El presidente Paulino Rivero ha llegado a afirmar enardecidamente que “esto es la mayor agresión de España a Canarias desde la conquista”, sin precisar luctuosos episodios anteriores. De creer a Rivero los sondeos en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura es lo peor que nos ha ocurrido en los últimos 500 años. Sin duda instalado en la frivolidad, se me ocurren otras cosas, pongamos, el franquismo: una dictadura criminal que asesinó a cientos de canarios, encarceló y torturó a varios miles y nos condenó a una autarquía de hambre, piojos, terror, ignorancia planificada y subdesarrollo.
El presidente Rivero sufre, como es notorio, una disonancia histórico-cognitiva que le ha llevado a asumir que la historia de Canarias comenzó en junio del año 2007. Aun así en estos siete años y medio podemos citar entre otras menudencias un desempleo que ha llegado al 33% de la población activa, unos servicios sociales a punto de colapsar, un empobrecimiento asfixiante de las clases medias, una estructura político-administrativa cuyo mal diseño y deficiente funcionamiento no ha llevado a reformas estructurales imprescindibles, un incremento portentoso de la desigualdad de rentas, problemas de malnutrición infantil, una paralización suicida en el desarrollo de energías alternativas. Igual el señor Rivero tiene razones para obsesionarse febrilmente con los sondeos y utilizar el petróleo como tinta de calamar. Los ciudadanos, no.

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El cabo de la vela

No es que al PSC-PSOE le crezcan los enanos. Lo que ocurre es que el PSC es, desde hace tiempo, un triste y mortecino circo con las gradas semivacías donde los enanos se estiran, los acróbatas sufren esclerosis múltiple, los domadores devoran a los leones y los payasos ni siquiera hacen gracia mientras cuentan chistes optimistas frente al espejo de alguna Dirección General. Anteayer era la definitiva excomunión de los socialistas palmeros y hace unas horas la mayoría de la ejecutiva del PSOE de La Gomera ha presentado su dimisión, forzando así la de Casimiro Curbelo como secretario general de la organización insular.
Aunque se trata de crisis distintas y que se desenvuelven en sus propias y mezquinas dinámicas, los episodios de La Palma y La Gomera tienen una raíz común: la fosilización de las estructuras del partido, la oligarquización feroz de su dirección, la obsolescencia operativa de un modelo de acción política finiquitado e incapaz de renovarse para atraer a la sociedad civil y. en particular, a los más afectados por la crisis económica, el desempleo y el empobrecimiento. El PSC agoniza atravesando un proceso acelerado de desidentificación política, ideológica y programática y hasta ahora solo su participación en el Gobierno autonómico ha conseguido opacar una realidad dramática. La llegada al liderazgo del PSC-PSOE de un grisáceo profesor universitario que apenas ha servido de ocioso mascarón de proa de los viejos y nuevos barones y aparatistas de toda la vida ha contribuido a agravar aun más la situación. Una oligarquía arriscada, cínica y camastrona que en los últimos tres años ha estado dispuesta a pagar el precio de usufructuar despachos y moquetas. El precio a abonar, sencillamente, ha sido el propio PSC-PSOE.

Casimiro Curbelo lleva desde 1983 como secretario general del PSOE de La Gomera. Treinta años nada menos. Ha construido un modelo de clientelismo socialdemócrata, un caciquismo bienhechor ungido por las urnas cuyas sombras y pestilencias no hicieron pestañear a Jerónimo Saavedra, ni a Juan Carlos Alemán, ni a Juan Fernando López Aguilar ni a José Miguel Pérez. Arrasaba en las urnas y sus interminables éxitos purificaban cualquier carroña. Esta rebelión edípica – urdida principalmente por los alcaldes gomeros entre los que simulaba ser un primus inter pares, como simulaba Augusto gobernar con el Senado– ocurriría tarde o temprano. Ha llegado tarde; justo a tiempo, sin embargo, para desnudar la atroz crisis de un partido que se consume como el pábilo de una vela en una habitación a oscuras.

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Ralea

Hace unos días una diputada se dirigía al Parlamento de Canarias para asistir a una comisión. La diputada en cuestión jamás se ha visto envuelta en ningún escándalo ni han recaído nunca sospechas sobre su actuación política. En una esquina, como un chorro de agua que brotara limpiamente de un retrete, aparecieron los rostros desencajados de varias señoras cincuentonas. La diputada, estupefacta, advirtió que se dirigían a ella: “¡Sinvergüenza, ladrona, vividora!”.  La diputada se detuvo unos segundos, los suficientes para comprobar que había sido un error hacerlo. Con las venas del cuello hinchadas las ciudadanas – un surtido de damas mesocráticas que probablemente se había reunido para tomar un cortadito mañanero– continuaban ululando como posesas y señalándola con el dedo. La diputada apretó el paso pero los gritos continuaron un buen rato. Y las indignadas señoras, por supuesto, volvieron a indignarse: “¿Pero has visto cómo ha salido corriendo? No tienen vergüenza, no tienen vergüenza”.

Los diputados, cuando no andan por la calle, demuestra que no tienen interés por esa elástica abstracción, la vida real; cuando se trasladan moviendo las extremidades inferiores, es que no tienen vergüenza. Si usted, al leer el párrafo anterior, ha asentido en algún momento, es que forma parte de una mayoría creciente y lo entiende perfectamente. Como echar a la gente de las manifestaciones. Por fortuna ya disponemos de personal autorizado que reparte el derecho a manifestarse que, por cierto, es un derecho constitucional individual y no sometido a condiciones colectivas: soy yo quien me manifiesto como ciudadano, no como militante de un partido, una plataforma o un equipo de bolas y petancas. Pero, ¿qué interés tiene ya la Constitución, si los que tienen ahora treinta o cuarenta años no la votaron? Como puede verse los argumentos imbéciles son ilimitados y todos respaldan una mística maniquea y adolescente de quien tiene toda la razón, solo la razón y nada más que la razón. De esta manera, cuando un eurodiputado como López Aguilar, a cuya lista votaron más de 6.100.000 ciudadanos, es insultado en una manifa y debe retirarse para no ser agredido, se está consiguiendo purificar la protesta con el lúcido exorcismo del abucheo. Ah, esas manifestaciones durante el Bienio Negro, en la II República, en la que terminaban atizándose socialistas, anarquistas y comunistas. Al final llegaba la policía del Gobierno de Lerroux y aporreaba a los vencedores, a los que habían dejado claro, a patadas y puñetazos, que la protesta era suya y bien suya.

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