El Cabildo de La Palma, con el respaldo de las tres fuerzas representadas en la corporación (CC, PSOE y PP) ha aprobado la declaración de interés insular para un proyecto de resort en Breña Alta, con campo de golf y 1.400 camas – unas 900 para un hotel de cinco estrellas y el resto villas de lujo y apartamentos de postín desde las cuales disfrutar de la sorimba besando el césped.  Yo entiendo los argumentos de los que apoyan el proyecto enérgicamente. Es cierto que La Palma es la isla mantenida por el resto del archipiélago. Es cierto que su PIB está atascado y su población envejece con más velocidad que la  media canaria. No debe uno dejarse engañar con ese zoquete y mendicante plan de empleo que el Gobierno de Canarias puso en marcha el año pasado y que contribuyó a maquillar el paro, que ha vuelto a crecer en los primeros meses de 2023. Un plan clamorosamente clientelar y que ha distorsionado el mercado laboral de la isla. La Palma de deslizaba por un dorado y pachorrudo declive desde finales del pasado siglo hasta que estalló el volcán en la dorsal de Cumbre Vieja. No hubo muertos, pero ha sido un golpe económico muy sensible. Se perdieron cientos de viviendas, albercas y cuartos de aperos, la lava cubrió 370 hectáreas de cultivos, entre ellas 280 de plataneras, 68 de viñas y 27,4 de aguacateros. Otras 72 hectáreas de plataneras se perdieron al quedar aisladas por las coladas. En marzo de 2022 el presidente Ángel Víctor Torres anunció una ayuda directa de 30.000 euros a los que habían perdido su vivienda habitual. Han tardado un año, un larguísimo año, en empezar a pagarlas. Por supuesto que se han producido más gastos. Solo faltaría. La Palma se transformó durante meses en un photocall  por el que desfilaron desde el presidente del Gobierno español hasta ministros, secretarios de Estado, directores generales y diputadetes para ensayar la más dolorida y comprometida de sus sonrisas. Por supuesto, ni un céntimo por las fincas agrícolas perdidas, y a cambio, la promesa de una flamante finca comunitaria, un koljós platanero que tardaría una década, como mínimo, en alcanzar la plena explotación. Han  sido lentos, han sido desidiosos, han sido casi inconcebiblemente mezquinos. La urgencia de la situación y el espacio afectado requerían una acción administrativa resolutiva: una oficina consorcial  integrada por Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos pero de naturaleza técnica y tal vez con un comisionado para la reconstrucción de La Palma a la cabeza que se sentara en el Consejo de Gobierno. Una mesa de diálogo estable con las organizaciones de damnificados. Una agenda de modificaciones legislativas y reglamentarias en el Parlamento regional. Pero Torres y compañía no se atrevieron a perturbar los equilibrios del protagonismo político en juego, repartido entre el PSOE y el Partido Popular.

Sobre todo no se ha avanzado un ápice en repensar inteligente y participativamente el desarrollo estratégico de La Palma para intentar transformar una dolorosa y empobrecedora desgracia natural en una oportunidad (difícil pero factible) de cambio y modernización económica y social. En esta coyuntura crítica deviene imprescindible someter a una reconsideración el proyecto de resort de lujo en Breña Alta, cuyos orígenes se remontan a 2016, y no únicamente desde un punto de vista ecológico o medioambiental. También, por ejemplo, desde la externalidad negativa que un macrocentro turístico en el municipio de Breña Alta puede suponer para la recuperación del sur y suroeste de la isla. Un poco de orden. Un poco de más cabeza y un mucho menos de ese oportunismo que clama por las “plazas turísticas perdidas”, como si fuera lo mismo, territorial, social y medioambientalmente, crear 1.400 plazas en La Pavona que recuperar 300 en Tazacorte: una suerte de mágica y bienaventurada compensación. En La Palma malherida por el fuego y la lava la política no ha sido un instrumento de reconstrucción, sino una lluvia de ceniza estúpida y ruin que oscurece el futuro.