¿Santiago Alba continúa siendo magistrado? Mala noticia. Si el gobierno judicial quiere salvar algo de su muy carbonizado prestigio debería acelerar la investigación sobre el señor Alba y separarlo prudencialmente del que continúa siendo su juzgado.  Todo este asunto es aterrador y no ha recibido la atención periodística que merece: un juez que es perfectamente capaz de reunirse privadamente con un empresario (Miguel Ángel Ramírez, quien graba hasta los pedos de los gatos de su vecindario) para proponerle favores procesales si apoyaba con sus declaraciones la causa abierta contra Victoria Rosell en el Tribunal Supremo, a quien sustituyó Alba cuando fue elegida diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas. “Tu dices o aportas esto o aquello”, le explica el señor Alba al señor Ramírez, “y entonces podemos en marcha la maquinaria”. La maquinaria judicial para aplastar a la señora Rosell, quien en su día fue denunciada por el señor José Manuel Soria (el señor Soria se instalará próximamente en la Oficina del Ministerio de Turismo de España en Nueva Cork, en un despacho de obscena comodidad con vistas al Central Park, pero esa es otra historia. O tal vez no tanto. Vaya usted a saber).
Dentro de la gran reforma nunca abordada de España en los últimos cuarenta años  — la reforma de las administraciones públicas después del enloquecido y atomizado desarrollo autonómico – la reforma de la administración de Justicia es la prioridad entre las prioridades, pero los principales partidos políticos del país han preferido que la justicia sea manipulable a que sea eficaz y eficiente bajo los objetivos que para la misma establece la Constitución. Finalmente la judicialización de la actividad política y la politización de la justicia han terminado por confluir en un pantano de inercias, fracasos profesionales, desánimo y resignación. Como decía Alejandro Nieto en su libro El descrédito judicial los magistrados son concientes de circunstancias insuperables: su manipulación política, la técnicamente deleznable y éticamente intolerable masa normativa que deben aplicar, la falsedad de los fundamentos constitucionales (la independencia y la responsabilidad en que dice basarse todo el sistema) y, sobre todo, su incapacidad de actuar legalmente: no disponen de tiempo, ni de recursos humanos, ni de medios técnicos para aplicarse de manera solvente a ello.  Han pasado nada menos que diez años desde la publicación del lúcido volumen del profesor Nieto, pero las patologías de la administración de justicia solo se han agravado y ha crecido, desvergonzada y artera, la más grave y terminal: la utilización expeditiva de fiscales y magistrados para destruir al adversario político. Y cuando ocurre eso – y ha ocurrido – el sistema democrático se está asfixiando y todos somos víctimas potenciales de los poderosos