Incumpliendo un mandato explícito del propio Estatuto de Autonomía, que fijaba en dos años el tiempo para sacar adelante una ley electoral, todos los grupos del Parlamento canario aprobaron anteayer la toma en consideración de una norma que regulará los comicios autonómicos en el futuro. Es sumamente improbable que se obtenga ningún resultado concreto en el año y medio que queda de legislatura. Lo que se pudo escuchar, en fin, es a la diputada psocialista por La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, que presentó desde la tribuna una síntesis histórica realmente particular sobre el sistema electoral canario. A mí se me antojó divertido que la señora Rodríguez nos contara que en 1996 Coalición Canaria y el PP impusieran aumentar los topes porcentuales regionales e insulares, como si el PSOE se hubiera opuesto. El PSOE se abstuvo al votar este cambio que, ciertamente, no fue a mejor. Y se abstuvo porque lo beneficiaba. Aumentando los topes los tres grandes partidos de Canarias se convertían en los auténticos agentes políticos del sistema, sin que las fuerzas más pequeñas tuvieran ninguna influencia, aunque fuera al precio de tirar miles de votos a la basura y malbaratar la democracia representativa.
El portavoz de CC, José Miguel Barragán, observó que el compromiso político real transado entre todos consistía en transformar en ley el sistema electoral ya ampliamente reformado y aplicado en 2019, y es rotundamente cierto. Tan cierto como que no existe ningún consenso entre los partidos que apoyan al Ejecutivo sobre el modelo electoral más deseable. En el fondo dilatar el proceso legislativo ni tuvo nada que ver con la pandemia ni tenía otro objeto que impedir, precisamente, disponer de tiempo para aprobar la ley. Casimiro Curbelo no quiere saber nada de una nueva normativa electoral antes de mayo de 2023. Y después, probablemente, tampoco. Fin del proceso. Así que se divagará mucho en una comisión verbalista sobre el sexo de las urnas, pero nada más, aunque doña Ventura del Carmen se lleve un disgusto traumático, lo que tampoco se me antoja demasiado probable.
Lo que me parecen realmente extraordinarios son aquellos que creen que el principal combate de la democracia representativa es la definición de su sistema electoral, buscando exhaustiva y heroicamente el elixir de la perfecta representatividad. Lo malo es que no existe. Y en Canarias, un país archipielágico donde cualquier fórmula está abocada a integrar representación popular y representación territorial – algo que no podría superarse plenamente ni siquiera con una segunda cámara — todavía es más difícil encontrarlo. Más aún: la representatividad casi perfecta puede conducir a gobiernos casi inoperantes. Una organización, Demócratas para el Cambio, que en realidad funciona como un lobby (perfectamente legítimo) de politólogos y juristas, ha insistido en la perentoria necesidad de “avanzar” en la democratización de Canarias con una norma electoral “más ambiciosa y completa”. Es un entusiasmo un poco equívoco, por no decir equivocado. Democracia no es solo votar. Votar, por supuesto, es consustancial con la democracia, pero no agota sus exigencias y aspiraciones. La democracia es, con igual relevancia, un sistema institucional que se basa en la separación de poderes en un espacio público de controles y contrapesos. Para los caballeros de Demócratas para el Cambio la papeleta es el pasaporte hacia una sociedad libre y participativa, madura y responsable. Pero a Canarias le interesarían otros cambios de calado para aproximase a ese objetivo: la reforma y transparencia de las administraciones públicas, la persecución de la corrupción, un sistema judicial dotado financiera y tecnológicamente cuyos más altos tribunales no estén cooptados por los grandes partidos, un proceso más exigente de selección de élites, una educación pública menos segregada y segregadora socialmente, un urbanismo más humano y participativo, unos medios de comunicación menos débiles más independientes.