Los pibes y pibas de Unión, Progreso y Democracia están poniendo en circulación una proyección electoral realizada a finales de 2011. Con los resultados de los comicios de noviembre de ese año, que proporcionaron una amplia mayoría absoluta al PP, los autores han proyectado una hipótesis suprimiendo las circunscripciones electorales y absteniéndose de aplicar la ley D`Hont. Sin coeficiente corrector y con una única circunscripción nacional casi serían veinte las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, incluyendo partidos y plataformas tan bizarras como PACMA o Escaños en Blanco. Por supuesto el PP se quedaría muy lejos de la mayoría absoluta y el PSOE obtendría incluso ocho escaños menos. Los grandes beneficiados serían Izquierda Unida y (vaya sorpresa) UPyD.
Este curioso experimento ofrece, según la buena gente de UPyD, el cumplimiento estricto de la máxima democrática “un hombre, un voto”. Me parece que se equivocan: el compromiso democrático del derecho al voto no equivale a que el voto obtenga necesariamente representación y, sobre todo, a que tu voto – y el partido o coalición de tu preferencia – participe ineluctablemente en las tareas de gobierno. Pero más allá de esta estruendosa obviedad, un sistema proporcional puro (como es pomposamente denominado) resulta básicamente la placenta de un sistema político inestable y que muy difícilmente puede responder, con capacidad de diagnóstico y resolución ejecutiva, a los graves problemas estructurales de sociedades complejas instaladas en una crisis permanente. El mismo resultado electorales del PP en 2011 fue excepcional. No se  registraba una mayoría absoluta semejante desde los años ochenta. Si se desarrolla el mismo ejercicio hipotético con los resultados de las elecciones de 2008 el número de fuerzas representadas en el Congreso de los Diputados sería aun mayor y las coaliciones de gobierno – con cuatro, cinco o seis partidos discutiendo hasta la última coma de cualquier proyecto legislativo o acción gubernamental — se convertirían en manicomios buhoneros y fugaces. Italia – incluso después de la reforma electoral pactada entre Berlusoni y el centroizquierda – brilla como un ejemplo muy poco ejemplar. La reforma electoral es necesaria – y en Canarias urgente – pero no para sacrificar la gobernabilidad, sino para mejorarla sin merma del pluralismo político.  A los obsesionados por la reforma electoral como pócima para resolver todos los males, desde la érronea creencia que tienen su exclusivo origen en el olipologio partidista que padecemos, habría que recordarles que la calidad de una democracia depende también de otros muchos factores, desde la efectiva separación de los poderes públicos hasta la corrupción, y que el purismo representativo no representa un instrumento precisamente eficaz para salvaguardarla.