Un hogar presupone paredes, puertas, ventanas, pasillos, tabiques, pero un hogar no es únicamente eso. Un hogar es un conjunto de relaciones emocionales cuya memoria resuena y cuyo presente se desarrolla en un espacio físico que termina fundiéndose con los recuerdos. Un hogar es parte integrante aunque esquiva y a veces incomprensible de una pequeña identidad. Incluso los que abandonan una casa para mudarse a otra sin apuros económicos por medio no puede evitar sentir cierta desazón generalmente fugaz: la inseguridad de conseguir reconstruir el hogar en otro espacio que es terra incongnitae. Cuando ocurre que te sacan de tu hogar a la fuerza no estás perdiendo un lugar simplemente. Te están arrebatando una parte de tu memoria emocional  para arrojarte sin más a la calle. El desamparo no solo te ahoga de puro miedo: te desgarra el alma. Sobre todo cuando llevas media vida bajo el mismo techo.
No sé donde han pernoctado Antonio Méndez y Berta Ferreira, dos ciudadanos honestos y cabales que no debían un céntimo a nadie, después de ser desahuciados por orden judicial de su vivienda en Tacoronte. De lo que caben muy pocas dudas es que la situación resulta ya irreparable. Lo que procede es que las administraciones públicas (empezando por el propio ayuntamiento) consigan cuanto antes una vivienda de protección oficial para el matrimonio. El próximo mes mejor que el próximo año mientras se explora hasta el último resquicio legal que se encuentre para defender su posición en los tribunales. Pero no estamos en el caso de un desahucio por impago hipotecario. Aquí no hay un malvado banco o una cruel institución  detrás con una legión de abogados luciferinos zurciendo maldades en un juzgado, sino un vecino que ha conseguido sus propósitos – es decir, lo que considera respetar sus derechos legales — por vía judicial. Lo que hay es un pésimo letrado que no hizo bien su trabajo –según algunos –  y un sujeto que carece de cualquier empatía humana ante las consecuencias de sus actos –según muchos más. Pero lo que no hay – pese a lo que gritan, o escriben o proclaman otros – es una suerte de conspiración del Estado (los tribunales de justicia, la policía, los códigos legales) para destruir el hogar de un matrimonio de ancianos en un pequeño municipio en el norte de Tenerife. Ese Estado de Derecho es el mismo que, en sus tribunales, manda a la cárcel a un político corrupto, impone órdenes de alejamiento a maltratadores o suspende un plan general de ordenación urbana obviamente maloliente. Explotar así, desde una conspiranoica babosería, esta desgraciada situación no es menos repugnante que convertirla en un espectáculo en un plató de televisión.