Deuda pública

Una reforma insignificante

Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, sigue empeñado en conquistar territorios adánicos donde pueda sonreír con inocencia y estirar la ideología como quien estira las piernas. Su última ocurrencia pasa por derogar la reforma express del artículo 135 de la Constitución que fraguaron en unos días los equipos de un agónico José Luis Rodríguez Zapatero y un venidero Mariano Rajoy. Las izquierdas, de inmediato, le han afeado lo que consideran un comportamiento mezquinamente oportunista, en una actitud que me parece básicamente religiosa: si te has equivocado, vienen a decir, no tienes derecho a enmendarte. Los sectores más calvinistas de las izquierdas (en IU y en Podemos) tienen claro que un maldito socialdemócrata peca simplemente por serlo. Estás condenado y punto. Incluso he podido leer a algún dirigente pablista recordar que todo el sufrimiento insondable que ha arrastrado este reforma constitucional no puede purgarse cambiando de opinión. Una reacción muy curiosa, porque el artículo establece, en su disposición adicional única, que los límites de déficit estructural entrarán en vigor a partir de 2020.

La reforma del artículo 135 de la Constitución española fue un gesto urdido por Rodríguez Zapatero para reafirmar ante los mercados de deuda, las agencias de calificación y los gobiernos europeos que el Gobierno español cumpliría con solvencia sus compromisos fiscales. El fantasma de la intervención de la economía española era por entonces aterradoramente real. Y la intervención supondría la pérdida del ya muy estrecho margen de maniobra política del Gobierno y un cañonazo a la línea de flotación de un sistema financiero y económico a punto de desplomarse. El contenido del artículo 135 no suponía de facto una nueva obligación legal. La limitación del déficit estructural, la prioridad en el pago de la deuda y el establecimiento de un techo de deuda pública para el Estado y las comunidades autonómicas ya estaban comprometidos por diversos tratados europeos de rango constitucional. Países como Suecia – ese anhelado espejo de políticas sociales y Estado de Bienestar – han introducido mecanismos de límite de deuda en sus constituciones y en su legislación general antes incluso de la crisis financiera de 2008.  Que la deuda pública española represente hoy casi el 100% del PIB no es suficiente, al parecer, para infundir una mínima reflexión — un fisco de prudencia — a los que creen que el Estado puede estirar el chicle de su endeudamiento hasta el infinito y más allá,

El profesor Pablo Iglesias podría perfectamente gobernar sin tocar o retocar excesivamente el actual artículo 135. Bastaría con que incrementara los ingresos fiscales del Estado – y las comunidades autonómicas – como nos ha advertido que se puede hacer desde una voluntad política rotunda e inteligente, a través de una reforma del sistema tributario y una reducción sustancial de la economía sumergida. El artículo 135, por ejemplo, no impide per se la renta básica universal. Lo impiden las propias capacidades económicas del país. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda una RBU aplicada solo a los ciudadanos desempleados y/o en riesgo de exclusión social, exigiría 72.000 millones de euros anuales. Un 38% de todo lo recaudado recaudado en el año 2013.

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Torpedo

El Cabildo de Tenerife carga con una deuda que supera muy probablemente los 477 millones de euros, es decir, la corporación insular adeuda un volumen similar al de su presupuesto anual. Según los datos del Ministerio de Hacienda, es la segunda entidad local supramunicipal más endeudada de España, después de la Diputación Foral de Vizcaya. Hace unos días una sentencia del Tribunal Supremo estableció que el Cabildo tinerfeño estaba obligado a devolver créditos solicitados durante el año 2010. En el origen de este pronunciamiento judicial está un decreto del Ministerio de Economía de 2011 –todavía gobernaba Rodríguez Zapatero – que, en pleno del pánico por una situación económica agónica, instaba al Cabildo a cancelar los créditos solicitados y le transmitía tajantemente que no podía solicitar otros nuevos. Finalmente el Supremo ha concedido la razón al Ministerio, observando en su sentencia varias causas de nulidad, entre otras, la utilización de los créditos solicitados para abonar la devolución de deuda comprometida en años anteriores. La corporación tendría que apoquinar este año más de 137 millones de euros de créditos suscritos en 2010. Su última trinchera es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que interpuso un recurso contra el decreto ministerial, aunque es al menos jurídicamente discutible que el Cabildo no deba ejecutar inmediatamente la devolución de los créditos, tal y como ha señalado Santiago Pérez.
Este asunto no es precisamente menor (supone el riesgo casi inevitable de un impacto brutal en los recursos públicos de Tenerife) pero extrañamente no ha sido objeto siquiera de un pleno extraordinario en el Cabildo Insular ni parece preocupar a los lánguidos agentes de la tibetana sociedad civil isleña. Nada, como si se tratase de un incidente meteorológico que se superará gracias al fondo de armario de gabardinas del consejero Víctor Pérez Borrego. Y ocurre tal pachorruda enormidad sin que el Cabildo, después de un lustro de crisis económica, haya avanzado un ápice en una reforma técnica, organizativa y administrativa para disminuir los costes estructurales y los lastres financieros de una corporación que mantiene vivas y zarzaleando un montón de empresas públicas (16 entre las participadas íntegra o mayoritariamente) y concediendo subvenciones a granel.

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Entre la murga y el coro griego

Tenemos un gran futuro a nuestras espaldas. Lo malo es que ha pasado de ser una promesa a convertirse en una peta. Qué hermosa joroba tiene Canarias. No se la ve y, como se niega a vérsela, está incluso orgullosa de la misma. Con un poco de inteligencia política, consenso social, articulación ciudadana, superación de los particularismos, esta crisis, que está suponiendo una transformación estructural del país hacia la regresión (regresión política, regresión económica, regresión educativa y cultural, regresión urbana, regresión en un capital humano que solo puede optar entre la emigración y el bareto de la esquina, si no ha cerrado) se hubiera podido sortear con costes más o menos asumibles. No ha sido así. Canarias está a medio camino entre un coro griego y una murga. Sabe lamentarse bien y profetizarse desgracias, pero a la hora de interpretar entre todos un diagnóstico nadie entiende nada. Las medidas políticas más duras se tomarán después de las próximas elecciones autonómicas y locales y sea quien sea quien gobierne: inimaginables despidos, impago a proveedores eternizándose un poco más, servicios públicos reducidos esqueléticamente, y aun así no es del todo seguro que no se produzcan situaciones de colapso financiero y quiebra en algunas corporaciones públicas del Archipiélago. A fecha de hoy, y con el Estado obligado a invertir decenas de miles de millones de euros (entre 20.000 y 100.000) para rescatar de nuevo a bancos y cajas, ¿está la Consejería de Economía y Hacienda absolutamente segura de que le será permitido a esta Comunidad autonómica endeudarse por 600 millones de euros más, imprescindibles para que el chiringuito no se desparrame por los suelos? Seriamente, ¿cabe soportar tasas superiores al 25% de desempleo para los próximos tres, cuatro, cinco años y no admitir el fracaso de un país, de una estructura político-administrativa, de un modelo de crecimiento económico, de unas élites dirigentes (en la política y en la empresa, en las universidades y en los sindicatos) que simplemente se resigna a esta catástrofe como a un orden cosmológico inmodificable y ajeno a sus responsabilidades? Las únicas respuestas al respecto que uno encuentra se dividen en dos grupos cuyo razonamiento argumental resulta apabullante:
–Esto es muy sencillo, joder. Tenemos una economía estrangulada por el proteccionismo, el subvencionismo y un delirante intervencionismo legal y reglamentario. Así no hay manera de avanzar. La máxima expresión de esta situación demencial es la moratoria turística. Lo que hay que hacer es prescindir de tanta intromisión política, de tanta burocracia, de tantas interferencias administrativas, y dejar que la economía funcione libremente…
–Ya veo que estamos enclaustrados en un modelo económico bolchevique. Y según tu punto de vista se debe suprimir la RIC, por supuesto… Es una intromisión jurídica que ha costado a la hacienda pública miles de millones de euros…
–Eeeh, hombre, no seas tan bestia. ¿Cómo vas a suprimir la RIC así como así? Aquí es muy difícil ser empresario…
–No veas lo difícil que es ser trabajador.
El otro esquema lo protagoniza, por supuesto, la izquierda arcangélica, lo suficientemente lúcida para haberse pasado al reformismo, pero no lo bastante como para entender que las reformas no pueden depender, única y exclusivamente, de la coherencia retórica.
–Hay que defender lo público.
— Muy bien.
— Los servicios sociales son sagrados. No hay que recortar aquí. Al contrario: hay que invertir más.
— ¿Y de dónde se saca la pasta?
— Ah, y las energías renovables. Hay que potenciar e invertir en energías renovables.
— ¿Y la pasta?
–Y apoyar nuestra agricultura, por supuesto. Se debe apoyar económicamente a nuestra agricultura.
–¿Y la pasta?
— Pareces un pizzero.
— Es que no hay dinero.
— Pamplinas. ¿No has leído a Vicenç Navarro? No salimos de la crisis, precisamente, porque Rodríguez Zapatero se ha rendido a los dogmas neoliberales. No saldremos si no es aumentando la inversión pública, que en España y en Canarias es muy inferior a la media de la UE…
–El profesor Vicenç Navarro es un sabio muy apreciable del que se puede aprender mucho, pero me gustaría verlo en la presidencia del Gobierno de Canarias, por ejemplo. A veces pienso que cree que el dinero está en cajas de zapatos en los sótanos de las entidades oficiales…
— El dinero está en manos de los plutócratas y los especuladores. Hay que recuperarlo con mayores impuestos a las grandes fortunas y a la banca e imponiendo la tasa Tobin…
— ¿Desde Canarias?
–Los cambios deben ser globales y los compromisos internacionales.
–¿Y mientras tanto? ¿Leemos las obras completas del profesor Vicenç Navarro?
Esta es una crisis, la crisis de nuestras vidas, particularmente compleja, dinámica y rica, porque es universal, sistémica y estructural, porque no es únicamente una crisis crediticia, ni una crisis de sobreproducción, ni una crisis de una deuda pública creciente más una deuda privada monstruosa. Y cada semana es atravesada por nuevos episodios que refuerzan la malla que nos atenaza. Los tres últimos apuntes enfatizan el órdago crítico:
1. La crisis de la deuda no es un capítulo cerrado. Durante este mes se celebrarán dos cumbres en las que la Unión Europea se juega, sin hipérboles, la supervivencia del euro a medio plazo. Las perspectivas son más bien sombrías. Lo que dicta una racionalidad económica dotada de inteligencia social es un avance decidido hacia un auténtico gobierno económico de la UE con tres medidas claves e imprescindibles: la emisión de eurobonos, la ampliación y consolidación en el tiempo del Fondo de Apoyo, los estímulos para la creación de bancos donde se depositen los activos bichados. Portugal se tambalea acosado por los mercados de deuda. Y la caída de Portugal supondría un impacto directo importante para la economía española, en términos monetarios, pero también político-económicos: España quedaría al borde del precipicio con el sello de inmediata víctima propiciatoria marcado en la frente. La fragilidad actual de la economía canaria se transformaría, en esta hipótesis, en una situación política y económicamente inmanejable: en la lógica económica y operativa vigente, se tendrían que aplicar nuevos recortes y más feroces recortes al gasto público sin que se recuperase en nivel de ingresos. No se me ocurre qué pudiera hacer el Gobierno autonómico en esta circunstancia, salvo legalizar la antropofagia.
2. El costo creciente de la factura petrolera. Si Canarias ha experimentado el crecimiento de la inflación interanual más baja de España en el pasado febrero no es precisamente por un salud económica aceptable, sino por la extremada debilidad de su demanda interna, correlato de una sociedad con casi un 30% de desempleados y unos salarios en el sector privado que no han dejado de perder poder adquisitivo en los últimos años, si no lustros. Es decir, es la honda situación de penuria la que nos protege – por el momento – de sufrir una aterradora estanflación. Canarias ha desaprovechado los años de prosperidad económica para incrementar su potencial de energías alternativas y el Gobierno y el resto de los poderes públicos no han cumplido debidamente con los objetivos del PECAN que, por lo demás, se está implantado de manera estruendosamente desigual entre las islas. Sin una inversión pública relevante será imposible conseguir para el 2015 que el 30% de la energía consumida en las Islas sea renovable. El Gobierno autónomo no ha hecho un solo gesto para incentivar el ahorro energético fuera de sus oficinas desde 2007. Tampoco en las últimas semanas. Ni se les ha ocurrido suprimir cualquier vehículo que no use tracción animal en las romerías.
3. Gracias al Banco de España – y no, desde luego, a ningún periodismo de investigación – ha podido saberse que el grupo Banca Cívica, a la que pertenece CajaCanarias, necesita 847 millones de euros para cumplir con las estipulaciones de la reforma del sector establecida por el Gobierno español: alcanzar el 10% de capital básico. En el caso de la Caja de Canarias, integrada en el Grupo Bankia, la cifra se eleva a casi 2.000 millones de euros. A ver de dónde los sacan y. sobre todo, quienes y a cambio de qué contrapartidas están dispuestos a arriesgar tan cuantiosas inversiones. Ni una explicación mínimamente detallada y verosímil se ha ofrecido desde las directivas de las cajas canarias a sus decenas de miles de cuentacorrientistas y clientes hipotecarios. Ni una entrevistita a Álvaro Arvelo o a Suárez del Toro. Por el momento, eso sí, la Caja de Canarias ha anunciado que su obra social reducirá a la mitad su presupuesto en este año. Es un detalle.

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Tormenta

Del total de la deuda exterior portuguesa, son unos 86.000 millones de euros, perra más o perra menos, la que los vecinos le deben a los bancos españoles. Ayer, a primera hora de la mañana, sonaban los enloquecidos clarines bolsísticos y la quiebra de Portugal – su intervención, como dicen los más dramáticos — parecía cosa de horas. Este vendaval chiflado y cruel comenzó a amainar cuando alguien (vete a saber quién exactamente) le aseguró desde Bruselas a varios operadores de Blommberg.com que el Banco Central Europeo estaba comprando deuda pública portuguesa. Entonces los mercados dejaron de aullar y a media tarde ya solo se escuchaban gruñidos. Pasado mañana el Gobierno de Portugal subastará un nueve paquete de bonos del Estado (apenas unos 1.100 millones de euros) pero nadie sabe ahora mismo que interés deberá aplicar, y hay quien asegura que ni siquiera Camoes conseguiría venderlos puerta a puerta con una dedicatoria personal. Veinticuatro horas después le tocará a España vender deuda para disponer de liquidez: en parte para pagar la deuda que vencerá la próxima primavera y en parte para que usted pueda seguir acudiendo a su médico de la Seguridad Social, por ejemplo. Para este florido año que acaba de empezar el Estado español deberá afrontar un vencimiento de deuda cuyo volumen se eleva a 121.300 millones de euros y la banca patria deberá apoquinar a sus deudores nada menos que 97.506 millones de euros. ¿Cómo afrontar este monstruoso pago, una hidra a la que, si le cortas una cabeza, brotan otras dos? Pues muy probablemente acudiendo, en parte, a más endeudamiento, a lo que algunos suman el milagro de que los deudores – tanto de deuda soberana como de deuda bancaria – admiten quitas, es decir, toleren no pagar una parte de que les corresponde para no contribuir a un hundimiento por el que cobrarían mucho menos.
Me asomo a la ventana y enciendo un cigarrillo, porque la autoridad incompetente todavía me permite fumar en la ventana. Es casi de noche y por la calle transitan madres tirando de carritos infantiles, oficinistas en exhausta retirada, un panadero somnoliento, un par de pibes que regresan del Instituto arrastrando las bambas, el borrachito del barrio que acaba de cerrar con un gesto de melancolía el bar del palmero de la esquina. Es sobre sus cabezas sobre las que ruge esta tormenta brutal que amenaza con arrasarlo todo, pero no se enteran, no pueden enterarse, no quieren enterarse a veces. Una mañana se levantarán (nos levantaremos) en medio de un roquedal y sin un palo donde ahorcarnos.

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