A los diputados autonómicos nunca les preocupó que se divulgaran sus salarios y dietas. A algunos, ciertamente, no les agradaba, y emplearon en su momento argumentos tan peregrinos como que la gente no terminaría de entender sus emolumentos, cuando si algo inteligible para todo el mundo es un sueldo. La regulación de las sicav o un contrato hipotecario pueden ser confusos; un sueldo, jamás. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, se lanzó a un compromiso heroico que estremeció a Pericles en la tumba: los sueldos de sus señorías serían publicados. Don Antonio Castro, sin embargo, es víctima de la tendencia de confundir el puntilloso rigor con la pachorra infinita, y el proceso de clarificación salarial de los diputados se prolongó largos meses. Por fin se procedió a contarlo, pero la incorporación de las retribuciones a la página web de la Cámara regional se demoró todavía un poco. Todo este extenuante esfuerzo para publicar que el salario bruto mensual de un diputado raso es de 3.829 euros.
Sin embargo el mayor secreto económico del Parlamento canario no está en las retribuciones de los diputados, las ñapas por pleno y comisión o los salarios sabrosones que devengan su presidente y los miembros de la Mesa. El mayor enigma purulante se encuentra en la concesión de las compatibilidades que sus señorías se conceden a sí mismos sin que exista ningún marco regulatorio al respecto. Gracias a la sentencia del denominado caso Europa – aunque ya era obvio para todos – se ha confirmado que el diputado del PP, Jorge Rodríguez, cobra como parlamentario con dedicación exclusiva y, simultáneamente, mantiene abierto su próspero bufete como abogado. Sin duda el señor Rodríguez cuenta con la autorización de la Cámara para este reconfortante doblete, pero en ese beneplácito se encuentra, precisamente, lo democráticamente escandaloso. Una Comisión del Estatuto del Diputado es que la examina a puerta cerrada y sin el menor atisbo de publicidad las solicitudes de los representantes para cobrar íntegramente su salario como tales y, al mismo tiempo, continuar ejerciendo su profesión en el ámbito público o privado. Es imposible resistirse a la sospecha de que las autorizaciones se negocian exclusivamente atendiendo al usual trapicheo partidista, en el que se  intercambian cromos, es decir, diputados supuestamente hiperactivos, para satisfacción de todos. A Canarias le urge perentoriamente una amplia reforma política e institucional si se pretende que la deslegitimación democrática no siga erosionando un sistema cada vez más esclerótico e inútil. Desde luego, pueden existir otras prioridadades, pero nada más fácil, si los partidos se decidieran a su propia higienización, que comenzar por esa oscura comisión, mezcla de santasantorum provinciano y refugio de buhoneros.