Ya se ha convertido en una puntual costumbre el que los coalicioneros aprovechen la festividad de la Constitución para exigir “un mayor autogobierno” y, en los últimos años, demandar una perentoria reforma de la Carta Magna. La costumbre se ha instalado incluso en los actos institucionales. Anteayer el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, insistía en la terruñera cantinela, y nos hemos acostumbrado tan pronto a este insólito ventajismo que ya nadie se escandaliza porque en un discurso en el que solo cabe la exaltación de los valores constitucionales se incrusten burdamente reivindicaciones partidistas. Los nacionalistas (aquí como en todas partes) tienden a creer que el Parlamento es suyo, la Constitución es suya, la reivindicación es suya y gobierno no hay más que uno y yo no lo encontré en la calle, precisamente. La presidenta de CC, Claudina Morales, también ha arrimado el hombro, exigiendo, faltaría más, la reforma de la Constitución, que se ha quedado obsoleta. Para esta ilustre clerecía la Constitución de Estados Unidos debe ser una verdadera antigüalla, aunque ciertamente el devenir político de este país ha derivado en un federalismo imperfecto que debería regularse definitivamente para establecer los límites competenciales – y un modelo de financiación estable – de las comunidades autonómicas. Antes convendría, no obstante, una reforma de la función pública y de las propias administraciones, cuyo gigantismo, ineficacia y duplicación constituyen uno de los principales problemas financieros y económicos de España. Una reforma que nadie quiere emprender, y menos que nadie, las fuerzas nacionalistas de la periferia del Estado español.
Hace un cuarto de siglo que las competencias educativas fueron transferidas a Canarias. Y durante ese cuarto de siglo la Consejería de Educación, Cultura y Deportes siempre ha permanecido en manos de las Agrupaciones Independientes de Canarias y, posteriormente, de CC. El último informe PISA nos sitúa de nuevo en la cola de la calificación nacional en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Por supuesto, el pavoroso fracaso escolar que padece el Archipiélago (la ruina inminente, en términos de formación de capital humano, de nuestra putrefacta educación pública) no tiene en el Gobierno el único responsable. Pero sí el mayor. Sobre todo por la brutal desinversión de los últimos años, por su negativa sistemática al diálogo con la comunidad escolar, por su avestrucismo mentiroso y suicida. ¿Más autogobierno? ¿Para idiotizarnos mejor?