Estado

Democracia y Estado de Derecho

Uno de los hábitos recientes de la izquierda hispánica (y canaria) es escandalizarse porque a los catalanes no les dejan celebrar su anhelado referéndum sobre la independencia. Es sorprendente que miles de personas adultas que se consideran progresistas sucumban a la épica de las banderas y a la fantasía de la aurora promisoria de una república que tendría como referentes políticos a Artur Mas y Oriol Junqueras. El origen de la indignación hunde su raíz en la convicción de que nada puede ser más democrático que el pueblo catalán decida su propio destino. Por tanto cuestionar el derecho a un referéndum es, directa y explícitamente, un atentado antidemocrático, un escupitajo a la voluntad popular, un ejercicio cínicamente autoritario. Un escándalo inconcebible –según he leído en alguna parte –en un país civilizado.
Sin embargo, en los países civilizados en los que rigen constituciones democráticas, precisamente, las consultas secesionistas, las urnas exigidas para votar una independencia política destinada a la creación de un nuevo Estado no son procesos sencillos, coyunturales o dotados con garantías legales y normativas definidas solamente por una u otra parte. La deleitosa obsesión de ciertos sectores de la izquierda que traducen la negativa de las Cortes españolas en conceder a la Generalitat la competencia de convocar una consulta en un síntoma más de una pseudodemocracia ruin y miserable resulta un ejercicio fascinante pero pueril. Adornarlos con mentiras e inexactitudes extraídas con forceps de experiencias como las de Québec o Escocia no les concede mayor respetabilidad política o intelectual.
La cerril e irresponsable actitud del PP y las actitudes sin freno y marcha atrás del Gobierno catalán y su base parlamentaria parecen encantadas en mantener, atascar y exasperar un conflicto de legitimidades. Ciertamente es difícil exagerar la estúpida responsabilidad de la derecha política española en la desafección catalana hacia el Estado y el crecimiento de la demanda independentista. Pero ningún gobierno español concebible estaría dispuesto a conceder a un gobierno autonómico el derecho de independizar su territorio unilateralmente y en las condiciones y plazos que le plazca. Tampoco en Canadá, tampoco en Escocia. Aquí lo que falta, precisamente, es política. La negociación de una reforma constitucional y, posteriormente en su caso, la convocatoria de un referéndum cuyo contenido sea pactado ineludiblemente entre ambos gobiernos y que, desde luego, exija una supermayoría – algún politólogo ha propuesto con tino un voto a favor de la independencia superior al 60% en las tres provincias catalanas – para tomar una decisión de semejante envergadura y de una trascendencia no plenamente mensurable. Exigir democracia no debería ser incompatible con conocer y reconocer el funcionamiento de un Estado de derecho.

Publicado el 12 abril, 2014 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?

Patrimonialización

Francisco Pérez de Cobos se define como un “modesto profesor universitario”. Y es casi verdad. Su currículo académico es muy respetable, pero nada deslumbrante. La evolución del Tribunal Constitucional de España se puede medir por la distancia que media entre Manuel García Pelayo o Francisco Tomás y Valiente –sus primeros presidentes – y el doctor Pérez de Cobos, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baleares. En los años ochenta hubiera resultado impensable que García Pelayo o Tomás y Valiente militaran en un partido político. Tan impensable que fue después cuando los miembros del Constitucional decidieron que podían militar en un partido político, aunque imponiéndose, con inigualable lucidez, el prudentísimo límite de establecer como incompatible la pertenencia al tribunal con el desempeño de un cargo directivo en una organización política. Esta decisión de los magistrados que deben velar por el orden constitucional era y es  mayoritariamente desconocida entre los ciudadanos, sin excluir políticos, juristas y periodistas. Los jueces y magistrados no pueden militar en un partido, pero el Tribunal Constitucional no está integrado en el Poder Judicial. En rigor sus miembros no deben formar parte – muchos no son ni han sido jueces – de la carrera judicial.
Antes de colgar – metafóricamente – al señor Pérez de Cobos por sus pecadores tobillos, por lo tanto, resulta más pertinente reparar en los errores de diseño de la institución que preside desde hace menos de mes y medio. Es notablemente distinto que un miembro del Tribunal Constitucional tenga instalada, en el alma o en las vísceras, una identidad ideológica más o menos intensa, a que dicho caballero milite activamente en un partido político. Y esta distinción debería quedar perfectamente salvaguardada en la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC. Del mismo modo la atención crítica debería centrarse en los senadores que, en apenas media hora, concedieron su placet a la entrada en el Constitucional al doctor Pérez de Cobos. Ni una sola pregunta de mediana enjundia le dirigieron sus señorías al aspirante propuesto por el PP. Todos fueron felicitaciones, parabienes y reconocimientos. Por supuesto, y quizás por modestia, tal vez por un olvidadizo descuido, Pérez de Cobos no musitó una palabra sobre su militancia política.
¿Y si el doctor Pérez de Cobos hubiera quemado su carnet del PP el pasado 10 de junio las sospechas sobre su parcialidad serían menores? Me temo que no. Esas sospechas están alimentadas por un procedimiento de selección para una institución clave del Estado de derecho que es deudor de un concepto patrimonial la res pública. El doctor Pérez de Cobos en absoluto está obligado a dimitir. Pero supone un sórdido estropicio de la democracia constitucional el que, tan modestamente, haya llegado a ese Empíreo.

Publicado el 19 julio, 2013 por Alfonso González Jerez en Retiro lo escrito ¿Qué opinas?