La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y varias entidades empresariales y profesionales más firmaron ayer un documento contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está a punto de entrar en el Senado, lo que significa, dada la aplastante mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, que la modificación normativa podría entrar en vigor el próximo julio. Como una muestra más del proceso de bunkerización del Partido Popular – y de una voluntad inequívoca de recorte y domesticación de las libertades públicas – la derecha cavernaria ha añadido al artículo 520.1 referido a las detenciones  — ¿recuerdan el caso de Rodrigo Rato? – una coletilla (de rata infecta) según la cual “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos constitucionales (de los detenidos) al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”. ¿Se impondrán cordones sanitarios alrededor de juzgados y comisarías para evitar que periodistas y fotorreporteros se mantengan a menos de cien metros de distancia? Esta sinvergüencería apenas resulta el complemento de la mucho más preocupante ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, recurrida en el Constitucional por toda la oposición parlamentaria, que convierte lo que eran faltas establecidas en el Código Penal en sanciones administrativas con multas de hasta 600.000 euros por el abominable acto de fotografiar o filmar a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado o, sencillamente, “por la perturbación grave de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones”. Es una ley innecesaria para mantener el orden público, pura arqueología punitiva que añade a los porrazos y las hostias la amenaza coercitiva de multas a individuos y a organizaciones políticas, sindicales o cívicas,  y cuya manifiesta inconstitucionalidad ha sido señalada por numerosos juristas.
En estos días se ha escuchado un montón de cantos aurorales por parte de los nuevos y viejos partidos, ofertas y promesas, saludos y epifanías, juramentos por lo más sagrado o lo más terrenal y metáforas ya marchitas antes de salir de las bocas sobre retos, caminos, épicas hazañas o disposiciones administrativas por venir. Quisiera uno aprovechar tanto fervor para recordar a los nuevos o renovados representantes populares – ni siquiera cabe desdeñar al propio PP – que lo que está en juego con la Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no son privilegios de una profesión tan puteada y ningüneada como en los últimos años, este oficio atroz y disparatado que es el periodismo, sino el derecho a la libertad de información y expresión, que no es de nadie, porque es de todos.