Fernando Clavijo

Ascanio, con reparos

A primera hora de ayer, en una furtiva lágrima tuitera, Rubens Ascanio, primer teniente alcalde del ayuntamiento de La Laguna, advirtió que contra lo afirmado por este periódico y un servidor, él no era el coautor de la denuncia contra Fernando Clavijo por levantar reparos en su etapa como alcalde que muy recientemente ha archivado el Tribunal Supremo.  Ascanio, desde luego, tiene razón. Ni él personalmente ni su organización política redactaron ni firmaron la denuncia, por lo que cabe hacer es reconocer el yerro y presentar las debidas excusas, y así lo hago.

Pero inevitablemente he debido reflexionar sobre el origen de mi lamentable equivocación. ¿Por qué me he confundido? Y la conclusión se me antoja francamente melancólica: es el propio Rubens Ascanio el que me ha llevado a un error tan execrable. Porque, efectivamente, el concejal de Sí se Puede,  que el próximo mayo será de nuevo candidato a la Alcaldía, no interpuso junto a Santiago Pérez la denuncia, pero la explotó políticamente a menudo y a veces con cierta gozosa intensidad. Cuando hace cuatro años hizo pública su candidatura — sus candidaturas en La Laguna son las oposiciones que hace periódicamente para disponer de plato en la mesa — Ascanio se refirió, para variar, a los reparos, y mostró su convencimiento de que tanto Fernando Clavijo como José Alberto Díaz terminarían procesados por “la gravedad” de los mismos. Para ser sincero tampoco es que necesite encontrar demasiadas referencias. Recuerdo personalmente numerosas intervenciones en el pleno municipal de Ascanio en los que se escandalizaba por los reparos levantados en los últimos años, difundía oscuras sospechas sobre los mismos y los calificaba como un síntoma inequívoco de la putrefacción democrática del ayuntamiento. También es cierto que dijo tantas cosas Rubens Ascanio en esos años de fuego inquisitorial y retórica excrementicia. Por ejemplo, llamar a Clavijo mafioso, Corleone lo bautizó en un momento de supremo ingenio. O describir a Coalición Canaria como una cuadrilla de delincuentes. O insultar a los cargos de confianza del gobierno municipal. Seguro que Ascanio, una memoria privilegiada, lo recuerda perfectamente, cómo insultaba con una sonrisa amarillenta a la gente, a mí por ejemplo, en los plenos municipales, porque los trabajadores eventuales del gobierno de CC – un gobierno que compartió con el PSOE hasta ocho meses antes de las elecciones locales de 2019 —  eran una recua de indeseables, no como los suyos, los de entonces y los de ahora, donde figuran candidatos fracasados de otras listas de SSP en diversas corporaciones.

Como Ascanio se ha hecho ahora un hombrecito hecho y derecho –un hombrecito de Estado — ya sabe lo que es un reparo. Incluso ha debido levantar alguno en su área de gobierno. Podrían hacerse hipótesis verosímiles. Por ejemplo, que lo que ocurrió políticamente, en su momento, fue un reparto de papeles: para Ascanio y los suyos el caso grúas y para Santiago Pérez – y Santiago Pérez – el caso reparos. Por conveniencia organizativa o porque el primero no estaba dispuesto a poner un euro más de su grupo municipal en acciones legales y el segundo disponía de más libertad al respecto. Pero yo no puedo creerlo. En todo caso Ascanio y sus compañeros denunciaron agriamente –y con argumentos en algunos puntos muy similares a los incluidos en la demanda de Pérez – los levantamientos de reparos de ambos alcaldes y con ese material combustionaron varias trifulcas plenarias. Nada de esto le merece una reflexión a Ascanio que, sin embargo, eleva un error periodístico a la categoría de iniquidad moral y se victimiza ciceronianamente, como si le hubiera adjudicado un crimen. Yo, como dije al principio, no tengo problemas para excusarme. Pero con reparos. Con todos los reparos irreparables que pueden extraerse de la patética carrera política de Rubens Ascanio.  

 

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Nada de perdón

Escucho y leo a mucha gente que demanda que Santiago Pérez y Rubens Ascanio pidan perdón después de que el Tribunal Supremo haya archivado la denuncia que interpusieron hace un lustro contra Fernando Clavijo y que se desarrolló bajo el membrete de caso Reparos. Eso es una tontería. Lo que hay que hacer es combatir políticamente a estos sujetos y desenmascararlos como lo que son: gente desvergonzada, malandrines henchidos de mediocridad, carentes de escrúpulos y dispuestos a cualquier marranada para acabar con los adversarios políticos, a los que niegan sistemáticamente, por sus sagradas gónadas izquierdistas, la legitimidad democrática que se arrogan en exclusiva para sí mismos. Porque uno puede equivocarse en sus apreciaciones al acudir a un juzgado, pero aquí no hay un error evaluativo, sino un sórdido método de competencia política para utilizar los tribunales de justicia como un instrumento de difamación pública. Primero fue la ridiculez del caso Grúas; después esta basura difamatoria a propósito de los reparos que un alcalde levantó, en una excepcional época de crisis económica y financiera, para garantizar la continuidad de servicios sociales prestados por el ayuntamiento lagunero.

A la espera de que los mendas hagan de nuevo el ridículo con explicaciones – una apuesta: a que lo que pasa es que Manuel Marchena es un atroz derechista y el Supremo está controlado por falangistas y requetés y todo el que no apoye mi fantasmagoría judicial es un vendido, un idiota, un indeseable – esta resolución no solo da carpetazo razonado a un lustro durante el cual se utilizó una denuncia, con el siempre diligente apoyo de la Fiscalía,  para insultar, escarnecer y vituperar a Fernando Clavijo, que jamás llegó a estar acusado de nada y menos aún fue procesado. En titulares de prensa, en intervenciones parlamentarias, en debates políticos y en mítines todo el mundo escuchó como Clavijo era un criminal que terminaría en la trena. Noemí Santana, en una sesión parlamentaria, lo llamó delincuente, y se quedó muy satisfecha. Recientemente la secretaria de Organización del PSOE,  Nira Fierro, habló de los perversos polimorfos que huyen al Senado para no afrontar acusaciones de corrupción, y seguro que hoy se estará callada. El auto de archivo también sirve para iluminar lo que ha ocurrido en el ayuntamiento de La Laguna desde 2019: estos casi cuatro años en los que por fin los cruzados del Santo Advenimiento pusieron sus heroicas nalgas en las poltronas por las que suspiraban.

El actual alcalde de La Laguna –junto con otros compañeros del equipo de gobierno – está sometido a investigación judicial. El secretario general del pleno municipal denunció el pasado mes de enero el fraccionamiento ilegal de 32 contratos y ha exigido la revisión de los acuerdos con nueve empresas de servicios por un montante superior al medio millón de euros. El mismo secretario ha declarado “nulos de pleno derecho”  228 contratos menores adjudicados por el gobierno municipal  entre 2019 y 2021 que suman más de 2.600.000 euros. Después de incesantes reclamaciones Luis Yeray Gutiérrez y sus concejales continúan sin aportar todos los decretos ya no a los grupos de oposición, sino al propio secretario. Si no existen reparos en la corporación lagunera desde 2019 es porque se ha hurtado a la intervención municipal la herramienta de formular informes negativos previos a cualquier contratación menor. Es un truco payasesco urdido por Santiago Pérez, que ya ni se toma la molestia de asistir al pleno que aprueba el presupuesto municipal: se va a bailar con la Negra Tomasa a La Palma. Mientras se enfangaban en estas tropelías y gestionaban sin proyecto ni ideas (aunque, eso sí, triplicando el gasto en propaganda) seguían insultando miserablemente. No deben ser perdonados. Deben ser conocidos y reconocidos. No por sus comedias de enredo, sino por el cinismo abyecto de su concepción de la política.  

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Fragmentos del diario de Asier Antona

 Lunes, 6.15. Despierto bruscamente y bañado en sudor. Empiezo a temblar hasta que me doy cuenta que todo era una pesadilla y que José Miguel Barragán no está bailando desnudo sobre la mesa de noche, mirándome libidinosamente y arrojando sobre mi cabeza las cenizas de un puro rechupado. Sin duda estoy muy estresado por esta maldita negociación. Después de ducharme suena el teléfono móvil. Es Barragán y antes de que yo pueda exigirle una nueva cita para negociar me lanza una pregunta que me deja helado: «¿Por qué no te gusta la cumbia?» Por primera vez cuelgo yo y no él.

Miércoles, 08.05. He tenido una idea para que Barragán no siga rehuyéndome. Me he plantado en su casa. A grandes males grandes remedios. No podrá huir en su propio domicilio. Para no ponerle sobre aviso, toco el timbre del portero electrónico y digo ser un testigo de Jehová, incluso llevo bajo el brazo un ejemplar de la revista ¡Despertad! Me quedó estupefacto cuando Barragán me recibe con un cálido abrazo y me comunica que también él es testigo de Jehová. Media hora más tarde salgo de su domicilio cargando con media docena de biblias encuadernadas en símil piel, una suscripción para cinco años de las revistas ¡Despertad! y La atalaya y un autógrafo notarialmente autenticado de Charles Taze Russell. Todo por 89’20 euros. Tengo la impresión de que esto se pone difícil.

Jueves, 11.05. En el Parlamento nadie me mira como al próximo vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, aunque hoy me puse mis mejores alzas. Es increíble, ni siquiera la élite política se entera de nada. El camarero de El Derby me sirve el cortado como si yo fuera mortal. Pobre hombre. El móvil de Barragán sigue ocupado.

Viernes, 12.25. Breve conversación con mi gran compañera María Australia Navarro. Parapetados detrás de un ficus en el patio del Parlamento a fin de conseguir la máxima intimidad, me cuenta que ayer coincidió con José Miguel Ruano, quien después de un par de whiskys con leche le prometió la Consejería de Marina. Le hago notar a María Australia que el Gobierno autonómico no cuenta con una Consejería de Marina y Asuntos Náuticos. Me dice que es verdad, pero que menos es nada. También me cuenta que siempre le ha parecido sospechoso que Barragán y Ruano se llamen igual y que eso le hace pensar que no quieren soltar la Consejería de la Presidencia. Me da la bajona de nuevo.

Sábado, 17.05. Una casualidad extraordinaria. A la salida de almorzar en Los Cuatro Postes me tropiezo con José Miguel Barragán, que andaba muy dicharachero fumándose un puro. «José Miguel, no podemos posponerlo más; vamos a reunirnos ahora mismo, Canarias necesita un gobierno estable». Barragán accede, pero de repente tuerce la cara con un gesto de dolor, se echa la mano al pecho y se derrumba a mis pies. Mi desconcierto es interrumpido medio minuto después por la llegada de una ambulancia. Dos enfermeros aparecen y se llevan al secretario general de CC en camilla. Lo meten en la ambulancia y cuando me acerco Baltar abre la puerta y me grita: «Este hombre ha sufrido un infarto. No puede negociar con el PP». Antes de cerrar de nuevo la puerta Barragán me cierra un ojo desde la camilla con una sonrisita que mordisquea otro puro. La ambulancia sale disparada como una bala.

Lunes, 21.20. Se acabó. No lo soporto más. Llamo a Fernando Clavijo, que se pone enseguida. Le digo que o negociamos ya nuestra entrada en el Gobierno o rompemos la baraja. Clavijo me pregunta qué baraja es esa. Le digo que la baraja del Gobierno. Me dice que en el Gobierno no hay barajas, pero que está dispuesto a cederme un tablero de parchís que se encontró en la sede de la Presidencia. Admito que es un paso adelante, pero le digo que debo consultarlo a Madrid. Vuelvo a tener esperanzas.

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Panes y peces presupuestarios

En su momento de mayor gloria político-electoral (correspondiente a los gobiernos de Manuel Hermoso, Román Rodríguez y Adán Martín) Coalición Canaria protagonizó una reactualización del secular pacto entre las élites políticas canarias y el Estado español: a cambio de lealtad institucional ventajas presupuestarias, legislativas o fiscales, a lo que se sumaba la renta de situación que suponían los fondos de la Unión Europea. La progresiva debilitación electoral de los coalicioneros (han pasado de cuatro diputados en los noventa a un solitario escaño) y el cambio del ecosistema político español desdibujaron ese papel. El grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados representaba un instrumento político de orden estratégico y sus escenificaciones y frutos legitimaban al peculiar y muy pragmático nacionalismo de CC. Quizás por eso, después de  dos legislaturas y media de atonía pactista, y al encontrarse Mariano Rajoy urgido por articular una mayoría suficiente en la Cámara Baja para aprobar los presupuestos generales del Estado, Coalición se ha apresurado a proclamar que el proyecto de Cristóbal Montoro es “magnífico” para los intereses de Canarias, y aun más, que se trata de unos presupuestos “históricos”, porque por primera vez se cumple con que la inversión en la Comunidad autonómico llegue a la media española por habitante. Montoro ha reconocido la ultraperificidad de Canarias, su REF sacramentalmente seccionado del sistema de financiación autonómica, su condición insular, su origen volcánico, la sabrosura del mojo, la originalidad de las letras de las murgas y la temperatura primaveral de nuestros luminosos inviernos.

El entusiasmo de CC por el proyecto de ley presupuestario es tal vez comprensible, pero imprudente. El PNV está a punto de cerrar un acuerdo con Rajoy, que incluye ventajosas reformas y renovadas garantías respecto al cupo vasco, no revisado desde 2007, que se elevan a un monto superior a los 1.600 millones de euros, y el señor José Eskoreka no se ha puesto de llorar de emoción ni ha agradecido al Gobierno central la generosidad de haber redimido a Euzkadi. Pontificar solemnemente que “Madrid cumple”, aunque se suponga que es gracias a la perseverancia negociadora de CC, deviene simplemente coronar al PP como la fuerza política más comprometida con las islas. Así Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo regional corre el riesgo de que Asier Antona lo califique maliciosamente – y así lo ha hecho — como “el mejor delegado del Gobierno de España en Canarias”. Es difícil imaginar a un nacionalista recibir un (envenenado) piropo semejante.

Y también es una imprudencia (o una cierta insensibilidad ante el cambio de clima político) considerar que apoyar a Mariano Rajoy en medio de la gusanera vomitiva de la corrupción – que en sí misma supone un ataque en toda regla al sistema democrático – será ampliamente comprendido porque Canarias va a disponer de unos 220 millones de euros más para su financiación en la segunda mitad del año en curso. Entre 1995 y 2010, aproximadamente, esta comunidad dispuso de muchos miles de millones de las antiguas pesetas para sostener la actuación del Plan Integral de Empleo o para alimentar el siempre hambriento Plan de Carreteras, y después de semejante maná presupuestario, el desempleo sigue situado por encima del 25% de la población activa, el paro juvenil sobrepaso y la productividad no deja de caer, y la precariedad crece y los salarios no se recuperan, y el consumo interno apenas se levanta temblequeante. El 43% de los jóvenes de menos de 25 años no tienen trabajo. Los ciudadanos isleños se han vuelto muy razonablemente escépticos sobre los efectos taumatúrgicos de las negociaciones presupuestarias.

Los ciudadanos isleños, al igual que los del resto de las comunidades autonómicas, han visto recortados sus derechos laborales, han caído en un precariado laberíntico, han sufrido el mantenimiento o incremento de la presión fiscal, han comprobado el desprecio brutal –cuando no la beligerancia  — del Gobierno conservador contra la libertad de expresión, han padecido las consecuencias del estrangulamiento de la financiación de los servicios sanitarios y asistenciales, han levantado acta de defunción de la ley de Dependencia, han perdido becas o se han debido a resignar a abandonar proyectos de investigación científica y tecnológica porque no les soltaban un duro, y se les antoja sumamente improbable que estas circunstancias – y las decisiones políticas que las han creado – cambien en lo principal porque la Comunidad canaria mejore sustancialmente su financiación. No se trata de negar la importancia de los fondos conseguidos para las islas en el proyecto presupuestario, sino de alertar sobre el mecanicismo implícito en la suposición de que el incremento de recursos financieros deriva venturosamente hacia la satisfacción de los intereses generales y la prosperidad económica. Una estrategia económica nunca funciona con piloto automático. En todo caso la batalla interminable (y publicitada hasta la náusea) por la mejora de las asignaciones presupuestarias a cargo del Gobierno central debería estar inserta en una estrategia coherente, flexible y abierta que – no estaría mal leer y escuchar a economistas como el profesor José Ángel Rodríguez – descarte éxitos del pasado, como la construcción desaforada y la promoción inmobiliaria, evite improvisaciones aguijoneadas por urgencias,  seleccione programas, acciones e iniciativas de carácter estructurante en el sistema económico canario, identificando servicios y productos con efectos multiplicadores y promueva el arraigo de prácticas orientadas a desarrollar  redes asociativas y de cooperación. Los objetivos no son demasiado discutibles: crear empleo de calidad, estimular actividad empresarial que genere valor añadido, levantar la productividad, recuperar la cohesión social, emprender reformas educativas inaplazables, introducir nuevos criterios de profesionalidad y rentabilidad en las administraciones públicas para conseguir mayor eficacia y eficiencia, atraer recursos públicos y privados a las universidades y al desarrollo de programas de investigación, desarrollo e innovación, avanzar para una implementación de un auténtico mix de energías alternativas en el archipiélago.

Coalición no está apoyando los presupuestos de un Gobierno moderado y auroral como era el de José María Aznar en 1996, al que su entonces portavoz en la Cámara Baja, José Carlos Mauricio, llegó a advertir “estaremos vigilantes para que no abandonen el camino del centro político y la negociación”. Está avalando con su voto a un Gobierno abierta y activamente derechista, que ha practicado una dolorosa devaluación interna desde una concepción patrimonial de las administraciones públicas y una voluntad inequívoca de rechazar la aconfesionalidad del Estado y sustituirla por una redivida cultura nacionalcatólica.  Las pruebas de una corrupción cuasiestructural en el seno del PP – muchos de cuyos dirigentes han funcionado como cuadrillas extractivas de las arcas públicas – se suceden diariamente: detenciones, registros domiciliarios, investigaciones policiales, procesamientos, declaraciones escandalosas, encarcelamientos.  Se trata de una honda crisis política que puede llegar a desembocar en una crisis de Estado. Y la gente suele construir sus interpretaciones – y reaccionar emocionalmente – por lo que ve  y nota cotidianamente en su piel, no por lo que es incapaz de ver: esos cientos de millones que llegan en la oronda panza de los presupuestos generales del Estado, la dorada llave de una felicidad inimaginable pero siempre postergada.

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Financiación autonómica

Si se emprendiera –cosa harto improbable – una reforma de la Carta Magna de 1978 durante los próximos años la conferencia de presidentes autonómicos debería ser constitucionalizada, como demanda la estructura cuasifederal del Estado español. Por el momento la insuficiencia mayoría parlamentaria del PP y la evolución de la hacienda española durante la interminable crisis económica – que ya no es una crisis, sino un cambio de paradigma político y una deconstrucción del Estado de Bienestar – han propiciado una reunión de esta conferencia territorial, con las excusas majaderas de los que gobiernan en Cataluña y el País Vasco, con el objetivo básico de avanzar hacia el consenso de un nuevo sistema de financiación autonómica. El último compromiso financiero del Gobierno central con las comunidades autonómicas se produjo durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y ha resultado bastante desastrosa para Canarias. Cuando el Gobierno regional repite hasta la naúsea que cada canario recibe 1.570 euros anuales menos que lo que recibe de media cada español en los presupuestos generales del Estado olvida que Coalición Canaria bendijo el muy deficiente sistema de financiación que ha conducido a esta situación.
Lo cierto es que España está obligada a cumplir su compromiso de consolidación fiscal con Bruselas reduciendo su déficit al 3,1% del PIB antes de finalizar 2017. Hace un par de meses Cristóbal Montoro aseguró que la mejora de la recaudación – y la inercia de las medidas económicas y fiscales ya adoptadas – conseguirían que se llegue al 3,6%, y esas cinco décimas que se resisten significarán un recorte presupuestario de unos 5.500 millones de euros aproximadamente. Es difícil que Canarias – ni nadie –consiga mejorar su financiación, aunque se intente por la vía de que los recursos del REF no se computen como financiación general: ese es un criterio político y no contable. El Gobierno autonómico solo tendrá una oportunidad de mejorar ligeramente (o no) la financiación de la comunidad si deviene imposible un acuerdo presupuestario entre el PP y el PSOE y Mariano Rajoy y su equipo se ven obligados a pactar con Ciudadanos, en cuyo caso necesitarán el auxilio de los votos del PNV y de CC.
En todo caso vale la pena hacer una reflexión. Ciertamente a Canarias le urge una mejor financiación para que los sistemas públicos de educación y sanidad puedan respirar tras un largo y angustioso periodo de asfixia económica. Pero resulta realmente curioso que con mejor o peor financiación, con convenios generosos o con presupuestos ajustados, este pequeño país se enfrente a un desempleo estructural excepcional en Europa – actualmente superior al 28% de la población activa y nunca inferior al 10% desde los años noventa –, a salarios entre los más bajos de España, a una concentración de renta escandalosa y a una desigualdad galopante. Mientras este  doloroso escenario no cambie – y lleva un cuarto de siglo sin cambiar sustancialmente – Canarias verá aumentar cada vez más su dependencia financiera de los presupuestos generales del Estado para pagar sus servicios sociales y asistenciales. Es un curioso nacionalismo el que consigue aumentar más la dependencia financiera al Estado año tras año, legislatura tras legislatura. Pocos empleos, mal pagados y escasamente productivos se traducen en un consumo débil, en una recaudación fiscal misérrima, en unas asignaciones para la jubilación claramente insuficientes para garantizar las pensiones de pasado mañana. A un proyecto dizque nacionalista este horizonte le debería intranquilizar, tanto como debería entender que ganar una batallita en la financiación estatal no supone consolidar Canarias como una comunidad política y económicamente viable.

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