El Gobierno autonómico ha decidido devolver casi en su totalidad el impuesto autonómico sobre los combustibles a agricultores y ganaderos. Y hacerlo con carácter retroactivo, desde el pasado día 1. Por supuesto, no se ha limitado a informas sobre la medida, sino que la ha trompeteado durante 24 horas como un logro excepcional de gestión. Incluso Román Rodríguez ha subrayado que tan prodigiosa iniciativa se contrapone a la demagogia populista de aquellos que propugnan bajadas generalizadas de impuestos “que pondrían en peligro el sostenimiento de los servicios públicos”. Rodríguez se refiere, claro está, a enemigos imaginarios, porque yo no escuché a nadie exigir rebajas generalizadas de impuestos en el reciente debate sobre la nacionalidad canaria. Tanto Coalición como el PP –sobre todo la primera — propusieron bajadas de tributos muy específicas, limitadas y de carácter temporal. Muchos, muchos aplausos al Gobierno por una decisión que debió tomar hace quince días. Mucha, mucha perplejidad, a constatar de nuevo que no se considera una prioridad el suministro de forrajes porque, según la consejera de Agricultura, Akicia Vanoostende, Canarias dispode de forraje para ganado para “prácticamente un mes”, así que al parecer no ocurre nada. Ya veremos lo que ocurre dentro de cuatro semanas. Cabe sospechar que la consejera piensa que el conflicto de transporte por carretera en la Península se solucione en los próximos días. A lo que parece demasiado dispuesta es a considerar que los forrajes, como los fertilizantes por ejemplo, culebrean por una escalada de precios muy preocupantes. Los fertilizantes han aumentado su precio alrededor de un 20% desde principios del presente año.
El equipo que dirige Ángel Víctor Torres sigue apostando por la estrategia de los parches en espera a que los tres principales nubarrones de la economía española (y europea) se disipen: el conflicto del transporte, la guerra en Ucrania y su impacto en el precio de los combustibles y las tensiones inflacionistas. No es imposible pero no se antoja a nadie demasiado probable. Sobre todo es evidente que nos ha sobrevenido un schock energético vinculado con la invasión de Putin, pero no provocada exclusivamente por su villanía. No solo el precio del gas, sino el del petróleo se ha disparado en las últimas semanas. Ningún observador económico más o menos ecuánime apuesta por una bajada rápida en los próximos meses. Contra las incoherencias del Gobierno canario en este asunto, dictadas por el más aúlico de sus sus altos y bajos cargos, el viceconsejero Olivera, nadie se escandaliza por las rebajas de impuestos en situaciones como las que vivimos. En un reciente artículo, los economistas Luis Puch y Antonia Díaz resumían muy bien las propuestas a corto plazo más solventes –que compartían – para los poderes públicos. “Si el schock energético es transitorio conviene complementar en el muy corto plazo las ayudas directas que se barajan con rebajas transitorias en la imposición indirecta y con redistribución desde los ganadores hacia los perdedores de esta crisis… Para todo ello es necesario tener presente que cuando la oferta no es competitiva, sino que se compone de pocos operadores, el sistema de asignación debe ser uno que incorpore la negociación”. Esto último, por supuesto, compete a Europa, y se complementa con la reconsideración del carácter estratégico de las grandes empresas energéticas: puede ser necesario, ahora mismo lo es, que regrese el Estado, como apuntado Macron en Francia.
A corto y cortísimo plazo existen por tanto medidas de alivio fiscal que no son estrafalarias y que Canarias puede implementar desde su relativa –pero nada insignificante – autonomía fiscal. Yo no creo que no se haga por ignorancia. No se hace porque –por supuesto – tiene costes, como toda decisión política, y los actuales gobernantes no están dispuestos a correr ningún riesgo a poco más de un año de las elecciones autonómicas y locales.