Fuerteventura

Realismo político y fantasías ideológicas

¿Se puede tachar a la principal fuerza de la oposición –el Partido Popular – de ser un “partido antisistema” y simultáneamente pactar con él la reforma de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual? Vaya que sí se puede. Lo está haciendo el PSOE tan ricamente. Ayer fue aprobada la reforma en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con los votos del PSOE, el PP, Ciudadanos y el PNV y se votará mañana jueves en el pleno. Podemos ha denunciado que los socialistas han volado “el bloque de la investidura”. Quizás lo hayan hecho los socialistas, en efecto, pero Podemos no. Las ministras de Podemos siguen sentadas pachorrudamente en el banco azul. Imagino que se consolarán con “la primera ley de vivienda de la democracia” que entre otras estupideces ideológicas incluye un tope a los alquileres que, en el mejor de los casos, no servirá para nada. Ya existe literatura económica y estudios técnicos que lo dejan perfectamente claro: la limitación del beneficio supone desincentivo casi automático para la oferta. En experimentos similares la oferta de alquiler descendió un 15% en París o San Francisco y cerca de un 10% en Berlín. El acceso a la vivienda es un problema socialmente explosivo en Canarias y, en realidad, en toda España, pero limitar el precio de los alquileres no lo aliviará. Más o menos cualquier persona razonable sabe o intuye una obviedad: lo que debe aumentar la oferta de viviendas en alquiler. El Estado debe construir vivienda pública a gran escala y poner al menos el 50% de las plazas en régimen de alquiler. Con 10.000 viviendas públicas en alquiler en Canarias los precios bajarían con toda seguridad, pero este objetivo implica inevitablemente mejorar las dotaciones públicas (parques, jardines, servicios) de las nuevas zonas. Po favor: que no se diga que en el plazo de un lustro no pueden construirse diez mil viviendas públicas en Canarias porque entonces estamos acabados y el sistema autonómico es inservible frente a una demanda social perentoria y lacerante. Una sociedad madura, con medios financieros y técnicos suficientes y una voluntad política ampliamente consensuada lo puede y lo debe hacer. En los cuatro o cinco años imprescindibles para construir este parque público las medidas deben ser básicamente fiscales: fijar y aumentar la desgravación por alquiler,  aumentar en algunos segmentos de población en mala situación habitacional el ingreso mínimo vital, incentivos para el alquiler de sus viviendas a los propietarios. Todo antes que transformar un mercado tensionado en un mercado deprimido.

Un designio verdaderamente evolucionario – pero ante el cual las izquierdas, más aun todavía que las derechas, parecen sentir auténtica alergia – se basaría en diseñar y consensuar políticas públicas basadas en la evidencia empírica y no en supercherías doctrinarias, antojos ideológicos o simulacros propagandísticos. Por desgracia los actuales gobiernos de España y de Canarias – con excepciones, alguna que otra relevante — jamás están dispuestos a que la puñetera realidad les juegue una mala pasada. A la realidad no se le soluciona: se la sustituye por un relato, un cuento, un chisme. La otra praxis predilecta de nuestros gobernantes progresista es crear leyes que mágicamente resuelven los problemas. Una buena y extensa ley, cargada de artículos y disposiciones, que exija reglamentos farragosos y subsanables, está por encima de todo. La Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial debió asumir hace años como prioridad la crisis hídrica de Fuerteventura, la insuficiencia de sus desaladoras y la obsolescencia de sus infraestructuras. Prefirió hacer una ley magnífica, compleja, deslumbradora, inacabable. Los majoreros han pasado, pasan y sin duda seguirán pasando sed en este verano que se aproxima a grandes zancadas, pero José Antonio Valbuena tiene su preciosa aunque obesa criatura legislativa. Mira qué ojitos tiene. Es idéntica a su padre.

 

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Plácidos sigilos

Me parece que, en fin, voy a repetir artículo, pero no soy totalmente responsable. En el pleno parlamentario que terminó ayer se coló por un instante una verdad incómoda para la que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres no tenía una respuesta. Ocurrió cuando Vidina Espino citó maliciosamente la apertura de juicio oral a Blas Acosta, viceconsejero de Economía –pero qué guasa – por un presunto caso de corrupción. En realidad sobre Blas Acosta pesaban dos denuncias judiciales desde que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura gracias a un pacto de irás pero no volverás. Acuciado por la pestilencia judicial y por una creciente inestabilidad política abandonó el Cabildo, pero pidió un salvavidas. Acosta controla eficazmente la organización majorera del PSOE, apoyó sin fisuras a Torres como candidato presidencial en 2019,  dispone de información muy desagradable de algún alcalde y algún concejal socialista del sur de Tenerife. Por todas estas razonables razones y alguna más se decidió incorporarlo al Gobierno de Canarias como viceconsejero, aunque el compañero también intentó convertirse en senador por designación autonómica en sustitución del dimisionario Pedro Ramos; por fortuna se prefirió a Santiago Pérez. En la zoología gubernamental el viceconsejero es una especie pacífica, superflua y generalmente invisible que gasta toda su energía en consumir su pienso anual. Acosta ha asumido sin problemas su insignificancia.

Mientras intentaba librarse de las arenas movedizas de los juzgados don Blas ha seguido dirigiendo el PSOE de Fuerteventura y ha conseguido el pasado septiembre que en tan delicada situación su partido lo haya consagrado, de nuevo, candidato a la Presidencia del Cabildo Insular. En realidad cuando es designado candidato para las elecciones de mayo Acosta ya sabía que se le abría en pocas semanas juicio oral por el llamado caso Gesturpa. El código ético del PSOE establece precisamente en la apertura de juicio oral el límite para abandonar el partido o para abrir el expediente de expulsión, pero eso es una fantasía reglamentaria que les trae sin cuidado a Acosta y sus compinches. No es que no dimita: es que lo aclaman como candidato ocho meses antes de las elecciones.

La dirección regional del PSOE no ha pronunciado una sílaba sobre este incumplimiento flagrante de su reglamento, sobre este pequeño pero purulento escándalo. Por supuesto el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, guarda un mutismo perfecto. Escuchaba en el Parlamento los pateleos y grititos de los psocialistas y pensaba melancólicamente que hace muy pocos años estaríamos ahí, en los pasillos, esperando la salida del presidente del salón de plenos para que respondiera a la prensa. Pero de nuevo miré alrededor y solo descubrí a una joven incrustada en la pantalla de su diminuto ordenador.  Pensé en todos los compañeros que durante años informaron, preguntaron, explicaron, divulgaron.  Los recordé recorriendo los pasillos en busca de declaraciones y respuestas de presidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales, portavoces, culiparlantes. Recordé la expresión de horror o nerviosismo de jefes de Gobierno al entrar en una rueda de prensa, las catas en comisiones parlamentarias, la división del trabajo mismo para seguir un pleno parlamentario, en el que alguien le tocaba “hacer pasillos” si no había nada mejor en perspectiva. Recordé una docena de micrófonos alrededor de un consejero, los secretos filtrables, la documentación porfiada, la palpitante verdad de las mentiras, el hedor sobre las alfombras de la mentira en la que desembocaban las verdades. Pero hoy todos los salones, todos los pasillos, todos los silencios y todos los comunicados son suyos y solo suyos y Ángel Víctor Torres pudo salir de la Cámara esmaltados de plácidos sigilos y con las manos en los bolsillos.   

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Esplendor y caida de González Arroyo

Domingo González Arroyo se atrincheró ayer durante dos o tres horas en el ayuntamiento de La Oliva – una extensión de sus oficinas comerciales durante lustros – y se puso a firmar decretos como un descosido. Decretos que no valían ni el papel en el que estaban impresos porque, después de agotar todas las maniobras dilatorias al alcance de su mano, la Junta Electoral Central había ordenado que dimitiera tras ser condenado por un delito de prevaricación. La fanfarronería de González Arroyo – que es apenas un eructo de su concienzudo desprecio a la legalidad – se disolvió al instante cuando le informaron que se había llamado a la Guardia Civil para sacarlo del despacho que había invadido alevosamente. Entonces salió por patas a toda velocidad por una puerta lateral. A partir de primera hora de la tarde no se registran más noticias fiables. Unos dicen que González Arroyo apareció de nuevo, en cuerpo o espíritu, por los pasillos del ayuntamiento; otros juran que no ha presentado su dimisión aun.

La carrera política del apócrifo Marqués de La Oliva comenzó en el franquismo, cuando, allá por los años sesenta, fue designado concejal de La Oliva por el tercio familiar. Después, durante la democracia parlamentaria, y como militante – y financiador de campañas – del CDS, del CCI, del Partido Popular y de su chiringuito ergonómico, el Partido Progresista Majorero, González Arroyo completó casi un cuarto de siglo en la Alcaldía, desde donde hizo su sacrosanta voluntad (económica, urbanística, organizativa, crediticia, laboralmente) sin admitir ningún tipo de cortapisas. Contrató como alcalde a sus propias empresas, mantuvo abierta una televisión ilegal, manipuló el sistema de concesión de licencias urbanísticas, contrató a un electricista para realizar informes de obras, ha sido imputado varias veces en distintos procesos judiciales, ha llamado “hembra desfondada” a una concejal socialista y criticado las minifaldas de una concejal nacionalista, ha ofrecido “un kilito” a un edil de La Antigua, en sus tiempos de presidente del PP de Fuerteventura, para sumarse a una moción de censura y, en este mandato, ha amenazado a un concejal de la oposición en el transcurso de un pleno. Durante cinco legislaturas fue diputado autonómico y recuerdo una vez, en los locos noventa, en la que nos enseñó a un grupo de periodistas, en un pasillo del Parlamento de Canarias, que llevaba una pistola encima. Sí, sin duda es un alivio que González Arroyo desaparezca de la política. Pero no lo han echado los electores. Los electores le colmaron durante años de mayorías absolutas y solo cuando el cuerno de la abundancia comenzó a secarse el Marqués empezó a perder apoyos. Porque nunca fue un extraterrestre que usurpara una Alcaldía entre el terror de sus convecinos. La zafia brutalidad de González Arroyo, su pútrido desgobierno, su ineficaz y maloliente gestión, fue bendecida una y otra vez por una mayoría que no quería entrar en los detalles y por unos partidos políticos (en especial el  PP)  que apladieron.  Como suele pasar con las mayorías, cómplices satisfechos de aquellos que les engañan, les adulan, les roban.

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Los inmortales

En las direcciones de las fuerzas que integran CC los liderazgos no se miden por años, ni siquiera por lustros, sino por eras geológicas. Obsérvese lo ocurrido en Tenerife, donde la elección como candidato presidencial de Fernando Clavijo revistió los ropajes de un cataclismo insólito mientras el presidente del Gobierno autonómico se dedicaba a dos cosas durante meses: a evitar pronunciarse si se postulaba o no y a convencer con toda la capacidad de seducción que atesora el BOC que si no era él, era el diluvio (como es obvio, el que ha empezado a diluviar ha sido él mismo y no dejará de hacerlo hasta su último día de mandato). En La Palma Antonio Castro actúa como un iguanodonte en su mundo perdido y basta con que mueva suavemente la cola para que Juan Ramón Hernández (muy a gusto) y Guadalupe González Taño (no tanto) se apresuren a cumplir sus deseos. No es imprescindible un doctorado en politología para adivinar lo que ocurre con las organizaciones políticas que soportan liderazgos prolongados durante generaciones: oligarquización, cooptación, pérdida de conexión con la realidad social, incapacidad de adaptación, fosilización de las estrategias, los mensajes y los programas.  Ocurre en La Palma, desde luego, pero también en Fuerteventura, donde la tectónica de placas entre los dirigentes históricos – y actuales – de AM amenaza con originar un terremoto autodestructivo.
Bajo la ficción reglamentaria de un partido asambleario, AM es controlada directa o indirectamente por una élite reducida de cargos públicos que ha podido mantener en equilibrio las distintas ambiciones personales, parroquias clientelares y estrategias de poder. El máximo cargo orgánico – el de coordinador general – se ha reservado para militantes sin responsabilidades públicas relevantes porque, en realidad, ha operado casi siempre como un canal de comunicación y mediación entre las personalidades y facciones del tablero del poder. Actualmente Juan José Herrera Velásquez es el coordinador general de Asamblea Majorera. Hace un cuarto de siglo era ya presidente del Cabildo de Fuerteventura. Yo sospecho que Herrera Velázquez llegó a la isla en el equipaje de Gadifer de La Salle, aunque sea difícil averiguar si en el baúl de los trofeos de caza  o en el de la ropa interior. El hecho es que ha cometido una torpeza inaudita: abrir las puertas del partido a Sergio Lloret, cabecilla de un organización microbiana, Asambleas Municipales de Fuerteventura, que en los últimos años se ha dedicado a la descalificación feroz del presidente del Cabildo, Mario Cabrera, y de todo lo que oliese vagamente a AM. Cabrera se ha enfurecido pero en la cólera encuentra la satisfacción de un envite a vida y muerte contra Herrera Velázquez. Utilizará ese fichaje estúpido para intentar destruirle como Herrera intenta, a través de ese estúpido fichaje, desinflar sus ambiciones. Y esto ocurre a ocho meses de las elecciones. Y ocurre, sobre todo, cuando una clase política dirigente se cree inmortal, y entre los inmortales saben, como cualquier Christopher Lambert, que solo puede quedar uno.

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