Lo más pasmoso de la solemne intervención de ayer de Mariano Rajoy fue su afirmación tajante – “quiero destruir un mito” — sobre el gasto público en España. “Con datos de 2012”, dijo el presidente, “España se sitúa entre los países con menor gasto público de la UE, un 43% frente al 47% de media de la zona euro, y dos tercios de ese gasto corresponden a los servicios públicos básicos (sanidad, educación, justicia y seguridad) y a gasto social en general” (una observación no menor: buena parte de ese gasto se consigue cubrir ahora mismo con deuda pública). Rajoy presentaba ayer su supuesto plan de reforma de la administración pública, pero en realidad se limitó a citar alguna de las doscientas medidas de ahorro y contención del gasto y evitó ruidosamente precisar ninguna cifra. Todos los analistas y observadores se han apresurado a señalar que muchas de las medidas de ahorro propuestas por Rajoy y que afectan a las comunidades autonómicas no podrán ser impuestas, desde un punto de vista legal, por su propio Gobierno.
Rajoy no ha presentado propiamente una reforma político-administrativa: un cambio sustancial (así sea gradualista o pactado) en las estructuras organizativas y administrativas del Estado. El suyo es un plan de ahorro que enfatiza la eliminación de duplicidades, pero eso no fue a lo que se comprometió con Bruselas, a la que ha asegurado que se ahorrarían 8.000 millones de euros este mismo año. A Rajoy y sus cuates ni se les pasa por la cabeza eliminar las diputaciones provinciales, por ejemplo. De la misma manera, y según se desprende ayer de sus palabras y de la misma escenografía de su comparecencia monclovita, Rajoy parece apostar por la seducción de los presidentes autonómicos vía telefónica o en  reuniones en la sede central del PP, en vez de convocar la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que es lo que correspondería para alcanzar un consenso básico y dotado de luz y taquígrafos.
Es improbable que Mariano Rajoy se haya trasmutado en un discípulo aventajado del profesor Vicens Navarro, por mucho que parezca contradecir la salmodia de su partido sobre el derroche y la ineficacia que el PP suele atribuir a todo lo público. Simplemente Rajoy se agarra a cualquier cosa –hasta a la realidad – para no arriesgarse a operaciones de ingeniería institucional más arriesgadas electoralmente. Por mucho que pueda y deba hablarse de la eficacia en ese limitado gasto público o del escaso impacto redistributivo que tiene el modesto Estado de Bienestar español.