El nuevo decreto de la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico que regula el alquiler vacacional es un poltergeist administrativos a cuyo borrador se le puede reconocer, como diría un escolástico, cierta naturaleza entitativa, pero no mucho más. Por supuesto la futura norma excluye las llamadas ahora “islas verdes” y desde el Ejecutivo se admite que cabildos y ayuntamientos puedan establecer “excepciones”, “marcos flexibles” y demás eufemismos pedantescos. Lo que no entiende el Gobierno es que no se trata de regular cierto tipo de alquiler de viviendas particulares para evitar abusos que son muy feos y deshonestos, sino de asumir legalmente los efectos de la turistificación de la sociedad canaria y la amenaza real que supone para la calidad de la vida cotidiana de los isleños. Presentar el alquiler vacacional como una suerte de democratización de la prosperidad turística – un bienaventurado fenómeno que solo reclama moderar las ambiciones pecuniarias de los propietarios – es un disparate. El alquiler vacacional tiene un alarmante potencial destructor en las economías domésticas y en la articulación social de ciudades y barrios. Pregúntenle ustedes a docentes que son destinados a Fuerteventura, Lanzarote o los sures de Gran Canaria o Tenerife. Pisos de una única, diminuta habitación, que sobrepasan los 1.000 euros mensuales, porque el propietario, alquilándolo por semanas, podría conseguir 2.000 euros más. Los alquileres altos no son ajenos precisamente a otro efecto turístico: la subida del precio de los alimentos e insumos en establecimientos que se hacen de oro con el turista y que no le a hacer una rebajita porque usted no lo sea. Ya son muchos centenares las familias encerradas en estas burbujas de encarecimiento de la vida al calor de la prosperidad del turismo. Individualmente el alquiler parece hacerte rico. Colectivamente nos empobrece. Y esta praxis febril se extiende rápidamente fuera de los ámbitos turísticos y contagia al alquiler tradicional. El sueño del rentista ocioso es el complemento del anhelo de convertirse en un funcionario de nómina eternizada aprobando un par de exámenes. Funcionarios, rentistas y subvencionados: la base para la creación de una moderna economía del conocimiento en el Archipiélago.
Hasta hace poco se me antojaba difícil de defender la existencia de procesos de gentrificación en las ciudades canarias. Ahora no estoy tan seguro. Una de las mejores conocedoras de la materia es la profesora Luz Marina García Herrera, como otros geógrafos, historiadores y urbanistas, prefiere hablar – y tiene razón – de elitización urbana. En un artículo magnífico, Vivienda y proceso de elitización en El Cabo-Los Llanos en Santa Cruz de Tenerife la doctora García Herrera describe los orígenes obreros e incluso marginales de la zona y su transformación en un entorno urbano destinado a la clase media-alta gracias a un conjunto de intervenciones de expropiación, remodelación y equipamiento a cargo de las administraciones locales. Las llamadas Torres de Santa Cruz materializan, sin duda, el símbolo de la urbanización de Cabo Llanos en el siglo XXI, dominando el frente marítimo de la costa chicharrera. Pues bien: cerca del 40% de sus propietarios no residen en ellas. Y aun más interesante: casi un 20% vive en Madrid, Barcelona y otras capitales peninsulares. Finalmente, un 3%  tiene su domicilio habitual en Londres, Miami y Cuba. Casi un 25% de los propietarios reconoce que compró la vivienda como una inversión, no para convertirla en su residencia familiar.
Sin duda se trata de un proceso de gentrificación aunque con rasgos propios especialmente marcados. Algunos otros pueden rastrearse en zonas propiamente turísticas. El decreto de regulación de alquiler vacacional es claramente insuficiente. El impacto económico, social y cultural del turismo en Canarias – y no únicamente sus agresiones medioambientales – han cambiado en los últimos veinte años. Y es imprescindible una respuesta política y jurídica global, transversal, interadministrativa y no vender la ficción de catorce inspectores de turismo controlando 131.000 camas para encontrar visitantes con la cartera infartada sobre el pecho.