Por mera cuestión estadística tendría que ocurrir alguna vez, de manera que coincido con la señora María Australia Navarro en la conveniencia de convocar una comisión de investigación sobre los incendios veraniegos en La Gomera y Tenerife. Me temo, sin embargo, que no comparto ni sus razones ni su optimismo al respecto. Las comisiones de investigación se transformaron hace tiempo en trabucos para practicar el filibusterismo parlamentario y lanzar perdigonadas al adversario político: la verdad es su primera y a menudo única víctima. Las comisiones parlamentarias son hoy tan inverosímiles como los autos sacramentales y las diferencias estilísticas entre Calderón de la Barca y Antonio Castro Cordobez resultan demasiado notables. Pero aun así sería interesante, cuando no obligatorio, convocarla, y no para pirañear como denuncia Casimiro Curbelo con dolorido sentir, sino para dirimir responsabilidades, consensuar soluciones y alternativas y desmontar mitos, timos y falsas expectativas. Estos dos últimos puntos son imprescindible: los próximos años, según los metereólogos más prudentes, traerán más inviernos secos atravesados por lluvias muy esporádicas, pero singularmente intensas, que favorecen antes la erosión destructiva que la recarga de los acuíferos.

No le voy a negar a nadie los placeres de jalear las manifestaciones de protesta y pedir que ministros, presidentes o consejeros sean ahorcados del palo mayor. Cualquiera tiene derecho a cinco minutos de catarsis. La indignación ya no es una reacción moral, sino una perfomance para el desahogo visceral.  Las responsabilidades, por ejemplo. En España el Estados y las comunidades autonómicas tienen competencias concurrentes en materia de prevención y extinción de incendios. Los cargos políticos no toman decisiones unilaterales: sancionan las indicaciones de los técnicos. ¿Cabría dirimir responsabilidades técnicas, por ejemplo, en la gestión del incendio de La Gomera?  ¿Cómo se articularían jurídica y normativamente y que efectos tendrían en un futuro inmediato? Un técnico aterrorizado por pesar sobre una decisión suya la hipotética pérdida de su puesto de trabajo, ¿sería más eficaz, más lúcido, más sosegado?  Más importante todavía es establecer claramente que no se puede escatimar un euro más en los medios de extinción de incendios, relativizar la relevancia mesiánica concedida a los hidroaviones y potenciar la educación ambiental entre los ciudadanos. Y más importante aun: reinventar una economía ecológica forestal y recuperar los usos agrícolas en las medianías isleñas. Esos deberían ser los objetivos de una comisión parlamentaria que no existirá o que se convertirá a los tres minutos en una barricada llameante de insultos y dietas en la que la verdad se transformará en cenizas.