“Algo estamos haciendo mal”, le escuché a un cargo público anonadado por un nuevo caso de asesinato machista en Canarias en menos de quince días: un individuo que, según confesión propia, mató a su pareja e incendió la casa donde, al parecer, convivían. No basta, claro está, con el grotesco consuelo de la sanción moral y la protesta ceñuda minutero en mano, y menos aun quizás con ese amuleto según el cual nos enteramos de más barbaridades porque ahora se denuncian y antes no. La violencia de género – vamos a llamar así a la violencia física y psicológica que ejercen hombres sobre sus parejas y exparejas mujeres – es un horror moralmente insoportable que ya no basta con considerar grave y relevante: debe convertirse en prioritario en la agenda política de todas las administraciones públicas españolas. Simplemente esta no es una sociedad soportable, civilizada, tolerante y tolerable, si la mitad de la población todavía debe soportar distintas discriminaciones  por su sexo y es víctima potencial de una violencia asesina que se cobra decenas de vidas todos los años. Esta indignidad nos envilece a todos. Esto es una pesadilla y debemos despertar de una vez.
Son imprescindibles mayores recursos financieros para unas políticas públicas más potentes, más transversales, más y mejor conectadas entre los distintos niveles de la administración. El Instituto Canario de Igualdad (antiguo Instituto Canario de la Mujer) ha visto recortados sus recursos económicos y técnicos miserablemente a lo largo de la última década. Al ICI se le trata lo mismo que muchos hombres tratan a demasiadas mujeres: como una cuquería a la que se mantiene porque limpia la conciencia a cambio de un puñado de euros, pero al que no se presta puñetera atención. Lo mismo ha ocurrido en el Gobierno central, y a las transferencias presupuestarias a las comunidades autonómicas, y todavía debe soportarse a hijuelas del PP como Asier Antona impartiendo lecciones sobre políticas sociales. Son imprescindibles más técnicas y técnicos cualificados en los distintos ámbitos (educación, psicología social, economía, pedagogía) para contar con los profesionales mejor formados para cada programa, cada iniciativa, cada proyecto.
Y es imprescindible también, por último una revisión crítica de todas las herramientas legales y normativas, las propuestas y los modelos de intervención acumulados por la experiencia: desde la Ley Integral contra la Violencia de Género hasta los programas municipales y detectar errores, contradicciones, solapamientos. Algunos creemos que lo que debe priorizarse es, precisamente, el acceso al mercado de trabajo por las mujeres y la igualdad de oportunidades y de condiciones laboraes entre ambos sexos. Porque en general – y con todas las matizaciones y las reservas que se consideren necesarios – a una mayor dependencia material y económica mayor vulnerabilidad. La autonomía material del ser humano es la primera condición – no desde luego la única – para decidir sobre sus propias opciones vitales, para respetarse y para ser respetado. Por supuesto que vivimos en una estructura social masculinizada y que el imaginario de nuestra sociedad es todavía referencialmente masculino y patriarcal. Nadie duda de la imperiosa necesidad de una educación en valores fundamentada en el respeto y la igualdad. La correlación entre femenización de la pobreza y aumento de los asesinatos y malos tratos quizás no establezca una relación de causalidad, pero sí una patología social con una base en el nivel de ingresos y expectativas vitales.  Solo con mujeres libres y soberanas se podrá vivir un día en una sociedad libre y soberana, autónoma y crítica, democrática y digna y para todos y todas,