Anteayer los lectores de este periódico pudieron descubrir, supongo que estupefactos, cómo mi compañero de página, Francisco Pomares, contaba que la Consejería de Derechos Sociales, dirigida por Noemí Santana, le había amenazado con acciones legales por su análisis sobre los artificios perpetrados en la gestión de la Dependencia a fin de contabilizar más expedientes resueltos. Por supuesto el articulista se había limitado a subrayar lo que a su juicio – y al de muchas entidades sociales, y funcionarios, y profesores universitarios y hasta un servidor – era un trampantojo administrativo puesto en marcha por la directora de Dependencia y Discapacidad del Gobierno autonómico, la señora Marta Arocha, para acortar la interminable lista de solicitudes de reconocimiento de la dependencia. Es realmente asombroso. ¿Se dedica ahora el Gobierno a amenazar a un periodista por sus análisis y opiniones? ¿Es tolerable una coacción –un intento de coacción — de esta naturaleza en nuestro país? Y hablando de país, ¿en qué país creen que vivimos los responsables de la Consejería de Derechos Sociales y desde cuando los servicios jurídicos de un departamento gubernamental actúan como comisarios políticos al servicio de los cargos públicos y de su imagen?

Seguro que comprenden que servidor no está haciendo una defensa de Pomares. Sabe defenderse muy bien a sí mismo con los recursos de cuarenta años en la mecha profesional.  Pero se me antoja que este lance – que no creo que al articulista le haya afectado demasiado –se inserta en una actitud en construcción por parte de las izquierdas que gobiernan en este país. La referencia más brutal  proviene, por supuesto, de esas prodigiosas declaraciones de Pablo Iglesias y Carmen Calvo en la tertulia pagada a precio de oro que les ofrece la SER.  Los exministros Iglesias y Calvo coincidieron en los espacios de debate de las televisiones públicas los periodistas asistentes deberían responder a cuotas electorales. Si por ejemplo un programa de debate o análisis político en TVE cuenta con siete periodistas asistentes, tres deberían ser del PSOE, uno de UP, dos del PP y otro se distribuiría amistosamente entre ERC, Bildu y (cada tres meses) Teruel Existe. Aimar Bretos –excelente profesional por cierto – estuvo a punto de sufrir un ictus. La señora Calvo insistió, desde su apasionada y apergaminada ignorancia de costumbre, que el periodista de un medio público cobra de las arcas públicas y, por tanto, “no está ahí para traer a los de su cuerda que le gusten, pasándose por el forro lo que las urnas acaban de decir”. Ignorar la libertad de expresión, desconocer lo que es una democracia parlamentaria, entender los medios de comunicación públicos como espacios propagandísticos pagados por todos, soñar con una partidización infinita y envolvente de la sociedad civil, convertir la crítica es una mugre sospechosa y la disidencia en una disglosia.

La legitimación última de estas soflamas autoritarias es que las izquierdas deben defenderse de una inmensa mayoría de medios conservadores. Es una idea muy similar de la que se utiliza casi a diario para descalificar a la judicatura española como una fuerza profundamente reaccionaria, copada por magistrados que siguen cantando Montañas nevadas al amanecer aunque se sacaran la plaza en los años noventa o a principios de siglo– como ocurre con la inmensa mayoría de magistrados y fiscales hoy en activo–: léase las reacciones a las condenas judiciales de José Antonio Griñán o Isa Serra, el nombramiento como fiscal general de Estado a Dolores Delgado mes y medio después de abandonar el Ministerio de Justicia,  las campañas de descrédito contra magistrados que se equivocan lamentablemente en las sentencias al no considerar los intereses de clase o la perspectiva de género, la acusación según la cual los jueces «derriban a los representantes de la soberanía popular»

No son ya señales aisladas y tonterías de un par de asirocados, sino un magma que va cuajando como lectura política y propuesta programática y sobre el que surfean casi parejamente socialistas y podemitas. En definitiva, una estrategia política que busca el descrédito de los poderes del Estado y su subordinación al Ejecutivo y la extirpación de cualquier instancia crítica como sospechosa, maligna, torticera, ruin. Los periodistas solo lo son si aplauden a las autoridades, los jueces solo son jueces si fallan a favor de los nuestros o en contra de nuestros enemigos, los únicas fuerzas políticas decentes y respetables son las que respaldan al Gobierno. Es populismo izquierdoso puro y duro como instrumento para blindarse en el poder y narcotizar a la sociedad civil. Las democracias siempre han sido destripadas desde dentro.