De repente las fanfarrias progubernamentales se quedaron silenciosas en las redes sociales.  A media mañana ya todo el mundo sabía que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, había sido llamado a declarar por el juez Javier García García-Sotoca en la causa abierta por el llamado caso Mascarillas. Aun así, por la tarde ya comenzaron a oírse algunos rebuznos apologéticos. El más frecuente, la insistencia en que el presidente del Gobierno había sido llamado “simplemente, como testigo”. El propio interesado hizo lo que protocolariamente procede, es decir, repetir que el Gobierno, empezando por él mismo, se ha puesto desde el primer momento a disposición de la justicia. Pero luego (es curioso) agregó algo bastante inexacto: “lo más importante es recuperar los cuatro millones de euros desaparecidos”. Es curioso porque ese no es el objetivo de la investigación judicial abierta, que tiene como finalidad establecer lo que ocurrió para que estos cuatro millones de euros abonados por el Ejecutivo canario se evaporaran y decidir si los responsables gubernamentales implicados en esta operación incurrieron en delitos administrativos, civiles o penales.

Y precisamente para dilucidar este punto el fiscal Anticorrupción, y ahora el juez que ha avalado su solicitud, han llamado a declarar al presidente Torres a principios del próximo mes. ¿Qué hacía Conrado Domínguez – entonces  secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas — en el comité sanitario convocado para analizar la delicada situación sociosanitaria y tomar decisiones en plena pandemia del covid 19? ¿Quién lo fichó? ¿Y cuáles eran sus competencias? ¿En virtud de que decreto o resolución podía firmar u ordenar firmar contratos? ¿De verdad un comité de expertos funcionó como órgano de contratación? ¿Quién conocía los contactos y compromisos adquiridos por Domíngez en nombre del Servicio Canario de Salud y en suma del Gobierno? Estas preguntas –y muchas otras más – se han formulado a cargos y técnicos del Servicio Canario de Salud, además de al propio señor Domínguez, y las contradicciones y vacíos han sido tantos y tan llamativos que ha sido imposible extraer ninguna conclusión. Por eso el juez, a instancias del fiscal, ha llamado al presidente del Gobierno.

Pero, ¿por qué a Torres y no a Julio Pérez, que en este momento era el consejero de Sanidad en funciones? Podría responderse que el presidente del comité extraordinario era precisamente Ángel Víctor Torres, a la vez jefe del Gobierno. La elección del juez y el fiscal, sin embargo, no deja de ser llamativa. Torres es un testigo a través del que se busca delimitar responsabilidades y, muy probablemente, conseguir argumentos para llamar en un futuro inmediato a otros testigos. Tal vez a muchos. Sin duda al propio Julio Pérez. Por eso la situación del presidente es harto delicada. Porque acudirá a los tribunales, en efecto, únicamente como testigo, y a un testigo no se le achaca ninguna responsabilidad jurídica salvo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pero con su testimonio definirá su propia responsabilidad política y la de sus subordinados jerárquicos. O Torres tuvo conocimiento de una operación chapucera y apestosa para comprar un millón de mascarillas y la respaldó o no se enteró absolutamente nada y se mamaron cuatro millones de euros bajo sus presidenciales narices. Y no podrá eludir la encrucijada que, una vez despejada, permitirá acercarse a los responsables políticos más directamente ahumados por esta fogata: el exconsejero Pérez y Antonio Olivera, director en funciones en ese vertiginoso instante del Servicio Canario de Salud y antes y ahora el viceconsejero de Presidencia que la traduce a Torres datos y gráficos económicos al dialecto de Arucas. Torres es un testigo que va a dejar sin aliento durante semanas a medio Gobierno.