Desde hace algún tiempo una alta autoridad política de Canarias (llamémosla así) mostraba su hondísima preocupación por escándalos judiciales que salpicarían a compañeros de su partido. Varios relevantes periodistas tinerfeños podrían certificar su estupefacción al escuchar a la muy alta autoridad repartiendo oscuras admoniciones y pringosos vaticinios. La pasada semana un juez de instrucción de La Laguna imputaba al alcalde de la ciudad y candidato presidencial de Coalición Canaria para las elecciones autonómicas del próximo mayo, Fernando Clavijo, por cuatro supuestos delitos. La canallesca, cuya intrínseca maldad no es discutible, ha potenciado los chascarrillos al respecto, pero resulta innecesario – y además inverosímil – relacionar causalmente  ambas circunstancias. O no.
Es absolutamente inútil advertir que un imputado no es un acusado. No todo detenido es imputado o procesado, no todo imputado o procesado es acusado, y que no todo acusado es condenado o culpable.  Pero en el tormentoso clima político y moral que está demoliendo este país las precisiones técnico-jurídicas devienen irrelevantes. No es que un imputado se situé automáticamente bajo la sombra de la sospecha: un imputado, en el mejor de los casos, es culpable si no se demuestra lo contrario. Hace pocas semanas los principales procesados el denominado caso Icfem (con Víctor Díaz, consejero de Empleo en el Gobierno de Manuel Hermoso, a la cabeza) fueron declarados inocentes de todos los cargos después de  dieciséis (16) años de pleitos judiciales. No son una excepción, ni en Canarias ni en España. Estos dieciséis (16) años de amarguras, sinsabores, humillaciones y nauseas supusieron, además, su extirpación sin contemplaciones de la vida política. Es curioso  —dolorosamente curioso para sus víctimas – el perverso dibujo del caso Icfem, por el que varias ciudadanos comprometidos en la lucha antifranquista terminan como apestados políticos en la democracia parlamentaria por la gestión de un organismo público en el que – tantos años después – quedó establecido que no cometieron ningún delito, ninguna irregularidad punible, ninguna estafa (1).
Es delicado fijar la línea roja judicial por la que un cargo público – o un candidato electoral –debe presentar su dimisión o renunciar a su candidatura. Encuentro que lo más razonable, entre todas las opciones, y salvo la imputación de delitos graves, es presentar o exigir la dimisión al minuto siguiente de que el magistrado dicte el procesamiento. Todavía no he encontrado un jurista capaz de afirmar que el auto de imputación que ha caído sobre Fernando Clavijo no presenta incongruencias sorprendentes, abuso de procedimientos inductivos y el relato de un comportamiento de gestión cogido con alfileres temblorosos. Clavijo ha decidido continuar adelante, ofrecer todo tipo de explicaciones a sus vecinos y a los medios de comunicación y confiar en la administración de justicia. Es una apuesta políticamente arriesgada pero que, a mi juicio, solo puede tomar un hombre, y un dirigente político, que sabe que ha actuado honradamente y sin haber conculcado la legalidad.

(1) Un ejemplo entre cientos de cargos públicos imputados es el de Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, que acaba de anunciar que no se presentará a las primarias para la candidatura presidencial de las elecciones generales de 2015. Durante su etapa como coordinador de IU de Castilla- La Mancha,  Cayo Lara, junto al alcalde de Seseña, estuvo imputado durante varios meses por los delitos de falsa denuncia y falsedad de documento público a raíz de una denuncia del constructor Francisco Hernando, alias el Pocero.  Casos como los de Demetrio Suárez –en Madrid — o Carmelo Padrón –en Canarias — son ejemplos perfectos de carreras políticas virtualmente pulverizadas, o paralizadas durante lustros, a causa de procesamientos de los que salieron como inocentes de todos los cargos, y existen fundadas razones para sostener que los denunciantes no pretendían otro objeto.