¿Es malo el proyecto de reforma educativa diseñado por el ministro Wert y su equipo? Básicamente sí. Es malo por partir de un análisis muy deficiente de lo que necesita todo el sistema educativo español, por estar filtrado de orientaciones ideológicas bastante incompatibles con nuestros valores constitucionales y con la evidencia educativa empírica (desde la desactivación de los consejos escolares hasta los privilegios a escuelas de alumnos segregados por su sexo) y por boicotear, en su propia metodología normativa, los objetivos que pretende conseguir. El ministro conservador quiere una escuela meritocrática, pero lo malo es que pretende entronizar la meritocracia escolar tal y como se entendía en España en los años cincuenta. Por lo demás el señor Wert no ha considerado indispensable ningún esfuerzo de consenso con las comunidades educativas y ha hecho gala de una mugrienta y arrogante chulería que, como suele ser común en estos casos, carece de cualquier justificación intelectual. Y de credibilidad: nadie puede conceder confianza a un proyecto legislativo que presume de promover la excelencia educativa  cuando en los dos últimos años el Gobierno de Rajoy  ha recortado los presupuestos ministeriales en más de un 35% respecto a los de 2011. Un atroz machetazo de 860 millones de euros, padecido fundamental y agónicamente por las comunidades autonómicas. La protesta en las aulas y en las calles contra el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa está plenamente justificada, aunque el éxito de la jornada de huelga de ayer haya sido desigual en los distintos centros, niveles y ciudades.
Y, sin embargo, el mero resistencialismo es una estrategia destinada al fracaso. Para oponerse a Wert y a su basurienta reforma es imprescindible reconocer que la situación del sistema educativo en España es aproximadamente catastrófica y abandonar el acriticismo y la complacencia que se ha instalado entre padres y profesores mientras el pedagogismo patológico, el estímulo a la mediocridad y el desprecio al rigor y la exigencia conseguían en el último cuarto de siglo, entre otras bondades, catedráticos subalfabetizados, bachilleres analfabetos y miles de abogados –en la Universidad — y administrativos  — en la Formación Profesional – como contribución al capital humano de España en general y de Canarias muy en particular. Es imprescindible una alternativa consensuada y asumida por fuerzas políticas, sindicatos y comunidades educativas: oponer a intereses corporativos e ideológicos un verdadero modelo educativo.