Si se han alcanzado ya los 372.000 desempleados en Canarias, superando el 33% de la población activa, ¿seguirá creciendo el paro? Seguirá creciendo, no se preocupen. Hace un par de días, el profesor Luís Garicano, conocidos los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, subrayaba que de la evolución de los cuatro últimos años se desprendía que por cada punto de caída del PIB, se pierde 1,39% de empleo, por lo que el ilustre economista calculaba en unos 700.000 (repito: 700.000) los empleos que serán destruidos en España a lo largo de 2013. ¿Y en Canarias? Canarias puede perder – en base a una estimación similar – entre 15.000 y 18.000 empleos más, con una tasa de desempleo que podría superar el 35% a finales de 2013. Y eso sin contar –por supuesto – la aplicación de la guadaña al empleo público. Pese a las airadas (y vacuas) protestas del consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, desde su propio departamento se ha realizado un estudio preliminar que cifra entre 5.000 y 6.000 los empleados públicos –laborales e interinos – que podrían ser despedidos gracias a las facilidades que establece la ley de reforma laboral de Mariano Rajoy y su Gobierno. Se quedarían a salvo (al menos de momento) los funcionarios de carrera.
Es muy curioso que, en unas recientes declaraciones, el presidente de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco, cifre precisamente en 5.000 los trabajadores públicos prescindibles. Francisco apunta que se ahorrarían así unos 400 millones de euros y recuerda que el recorte estatal alcanzará aproximadamente, a su juicio, unos 600 millones de euros para el próximo ejercicio presupuestario. Son cifras atendibles, desde luego, pero muy matizables dentro incluso de la interpretación de Francisco. Primero, el coste actual de los empleados prescindibles: en la hipótesis de Francisco, cada uno de ellos le costaría a la administración pública (salarios, complementos, aportaciones a la seguridad social) unos 80.000 euros, lo que parece una cifra francamente elevada. Segundo, otros 5.000 desempleados (y sin visos de una rápida recolocación) también suponen un coste, y no solo en términos de subsidio de desempleo, sino el más difícilmente cuantificable en la desincentivación del consumo y su efecto en la demanda agregada. Y por último, los 200 millones restantes no son una cifra insignificante, y obliga a nuevas restricciones de gasto en capítulos socialmente muy sensibles. No conviene olvidar, asimismo, que en 2013 y 2014, previsiblemente, todavía se efectuarán furiosas podas para reducir el maldito déficit: el compromiso con Bruselas es alcanzar el 4, 5% el primer año y el 2,8% el segundo. Una meta que nadie (absolutamente nadie) cree posible.
En realidad las declaraciones y réplicas entre Gobierno, oposición parlamentaria y sindicatos se reducen a una melancólica lluvia de confetti verbal. Si no se modifica sustancialmente el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013 durante su debate parlamentario será inevitable — si el Ejecutivo regional no se resigna a una situación de impago generalizado — programar y proceder a despedir a varios miles de laborales e interinos en la administración autonómica. Es una situación que aterra a los políticos. El que pierde el trabajo en el mercado privado suele echar la culpa al Gobierno, pero también concibe otros posibles corresponsables. El trabajador público, en cambio, es puesto de patitas en la calle por la decisión explícita de un Gobierno, un partido o un político, y no se lo perdona electoralmente – ni él ni su familia – el resto de su vida. Algo similar les ocurre a los sindicatos mayoritarios, que tienen entre los funcionarios y laborales a una parte muy sustancial de sus afiliados.
Lo peor de la crisis estructural que destroza el espinazo económico del país y destartala su cohesión social y territorial – deteriorando la legitimidad del sistema político y poniendo en solfa el régimen democrático – es que se paga al contado, pero también a plazos. Se paga en el presente, con la creación de paro, pobreza, miseria como engrudo de un impresionante sufrimiento social, pero se paga intensamente en el futuro, cuando las más graves cicatrices todavía duelan, pero hayan dejado de sangrar. Se pagará pasado mañana, con miles de estudiantes isleños instalados ya en el extranjero, con una generación perdida entre los estudios y el desempleo que vegetará en los baretos y en las esquinas de los barrios, con empresarios y emprendedores que no podrán jamás reanudar su actividad, con el desfase en el desarrollo tecnológico, en plena expansión de la sociedad de la información, en unas islas que también desaprovecharon esa oportunidad y nunca llegaron a invertir en I+D el 50% de lo que invertía la modestísima media española. Se pagará y saldrá muy cara, en fin, la desconexión parcial en la que vivirá sumergida Canarias durante una década respecto a los cambios en la división internacional del trabajo y en la dinámica de inversiones y capitales en el continente africano. La crisis castiga con saña el presente pero, al mismo tiempo, hipoteca miserablemente nuestro futuro.
Y no hay salida. Al menos un servidor no es capaz de verlas. No pueden considerarse como tales fantasías como la salida del euro (el Estado español debería seguir pagando sus deudas igual y en esa misma moneda), o la alegre zambomba neoliberal de eliminar todos los mecanismos económicos y fiscales (fuera el REF y todas esas antigüallas que no dejan crecer libremente a las fuerzas del mercado y solo benefician a élites extractivas: buen momento para hacerlo) o los heroicos maximalismos de la independencia, la revolución o un feliz mixturado de ambas. Todas esas opciones pueden satisfacer anhelos políticos, ideológicos o espirituales, pero no contribuirían un ápice a aliviar o superar la quiebra económica y social del Archipiélago: la brutal amenaza de su fracaso como país con un proyecto común viable y próspero. La amenaza de Canarias como país fallido. La negativa de Alemania y sus aliados a poner en marcha en 2013 un proceso de unificación bancaria y armonización fiscal en Europa está dirigida, precisamente, a evitar una socialización a nivel continental de las pérdidas de los países europeos aquejados por la crisis de la deuda. Las pérdidas de España (y de Canarias) se socializarán entre los españoles (y los canarios). Desde luego, puede que la Unión Europea, si no colapsa la economía mundial, sea inteligentemente generosa dentro de un par de años, e implemente un gigantesco plan de estímulo económico por valor de cientos de miles de millones de euros. Puede ser. A ver cómo llegamos. Y si podemos hacerlo.