El llamado caso de Las Teresitas – que desentrañó una estafa multimillonaria a Santa Cruz de Tenerife  en beneficio de dos de los grandes empresarios de Tenerife y estableció como máximo responsable político de la operación a Miguel Zerolo, icono de ATI y luego CC —  fue exaltado repetidamente, después de la sentencia firme, como un éxito del PSOE y de su rigurosa y hasta valiente labor de oposición. Pero, como decía sabiamente Michael de Montaigne, “la vie est ondoyante”. La muy reciente reforma del código penal impulsada por los socialistas en las Cortes, un traje a la medida de ERC para anular los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña en 2017,  será utilizado por los abogados de Zerolo y otros condenados para sacar ya a la calle a sus clientes e incluso pedir indemnizaciones. O al menos eso intentarán en las próximas semanas. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife podría bañarse en Las Teresitas antes del verano sin tener que regresar al centro penitenciario Tenerife II.

Habría que detenerse por un momento en lo que parece más obvio y no lo es tanto: la relación entre el PSOE y la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2005 que condujo finalmente al procesamiento de los políticos y funcionarios, en ese momento presuntamente implicados, y en su condena final doce años después por la Audiencia Provincial, ratificada en marzo de 2019 por el Tribunal Supremo: siete años de cárcel para Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, cuatro años y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, otros cuatro años para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, y cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Ignacio González (expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia) y Antonio Plasencia, uno de los mayores constructores de Tenerife y de Canarias y presidente de la patronal del sector Fepeco. Durante años el PSOE no quiso saber absolutamente nada de la operación sobre los terrenos de Las Teresitas. Es más: el grupo municipal socialista, encabezado entonces por Emilio Fresco, votó a favor –como el resto de los partidos con presencia en el consistorio – de la compra-venta de los terrenos a los empresarios, adquiridos por el ayuntamiento –según se averigüó y certificó después judicialmente – a un precio muy superior a su valor  de mercado y bajo una circunstancia particularmente escandalosa: parte de esos terrenos eran ya de propiedad municipal. 

A Santiago Pérez y algunos de sus discípulos políticos la operación se les antojaba, como mínimo, sumamente sospechosa, cuando no alarmante. Vislumbraba quizás una gran causa contra el zerolismo que pudiera desarbolar Coalición Canaria, al menos, en el municipio santacrucero. Emilio Fresco lo frenó en seco. Había apoyado la compraventa desde la convicción de que era lo mejor para la capital y no tenía constancia directa de ninguna irregularidad. Fresco, como otros concejales, tenía plena confianza en la profesionalidad –demostrada durante más de veinte años –del secretario del ayuntamiento de Santa Cruz, Eugenio de Zárate, que posteriormente fue procesado, aunque se le retiró la acusación por prevaricación. Emilio Fresco creía que una denuncia contra la compraventa de Las Teresitas no tendría recorrido y, a la postre, perjudicaría al PSOE. Y así se lo comunicó al todavía secretario general del PSC-PSOE, Juan Carlos Alemán. Se decidió, por tanto, que los socialistas se abstendrían de cualquier pronunciamiento al respecto. Y ese silencio más o menos impuesto y autoimpuesto fue el origen de la asociación Ínsula Viable.

Insula Viable no tenía otro sentido que el instrumental. Fue una herramienta de trabajo político-judicial. Una brillante ocurrencia de Santiago Pérez para actuar leguleyamente con las manos libres, aunque inicialmente ni siquiera le constara a nadie que formara parte de la misma. Su rostro visible fue José Ángel Martín Bethencourt, por entonces un militante muy joven con un pie en las Juventudes Socialistas y otro en el partido. Después se transformaría en la sombra, el paño de lágrimas, el maestro barista y el pararrayos de las iras de Patricia Hernández, su secretaria general en las JJSS, quien se sumaría al santiaguismo para más tarde, cuando el compañero Santiago resultó defenestrado, tomar distancia a toda velocidad para no tocarlo ni con un palo, y ahora, de nuevo, ser su patricita. Pérez redactó, con alguna ayuda técnica, la denuncia que presentó Ínsula Viable. Solo tiempo más tarde, cuando los juancarlosalemán y los emiliofrescos eran ya casi historia, el senador socialista salió del armario teresito y reclamó la gloria del procesamiento judicial de Zerolo et alii.

Quiere decirse que no fue el PSOE, sino uno de sus dirigentes históricos, apantallado tras varios compañeros muy poco conocidos públicamente y algunos miembros de la pibada socialista quienes tomaron la iniciativa judicial en el caso Las Teresitas. La dirección  — por no hablar de los concejales – se abstuvo y negaron una y otra vez que el partido estuviera involucrado en la denuncia (y no mentían del todo). Por la otra parte los disidentes no eludieron en lanzar sobre dirigentes y concejales cientos de chismes pútridos, y solo la piedad me detiene a la hora de dar los nombres de los que vociferaban por las esquinas de Santa Cruz (y de La Laguna) que los concejales socialistas respaldaron la contra-venta de las parcelas del frente de la playa a cambio de sobornos mareantes que incluían millones de euros en paraísos fiscales o en bolsas de basura, casas y apartamentos, coches de baja cuna y de alta gama o vacaciones de lujo asiático. La historia de la agrupación socialista de Santa Cruz es la de sus desfallecimientos crónicos entre guerras civiles, hasta quedaron tan exhaustos que han terminado votando a Patricia Hernández y que sea lo que dios quiera.

Pero, en efecto, la vida es onduleante, y de nuevo será el PSOE el que propicie que el caso de Las Teresitas regrese a los juzgados. La modificación del delito de malversación de fondos – por la que se deducen las penas — ha puesto los dientes largos a condenados de corrupción en varias cárceles españolas. Conviene recordar que el artículo  2.2 del Código Penal señala que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo condena”. Según el nuevo texto las penas por malversación de fondos públicos se reducen a cuatro años cuando no exista “ánimo de lucro”. En el caso de Miguel Zerolo – el más relevante políticamente – no pudo demostrarse en ningún momento enriquecimiento ilícito, pese a la fueron enviadas varias comisiones rogatorias a otros tantos paraísos fiscales de Europa y América para investigarlo. Sin embargo vale la pena apuntar un matiz. La norma reformada especifica que las penas serán las mismas (hasta ocho años) si se produjera “apropiación de patrimonio público que tenga a su cargo la autoridad o funcionario público”, pero también se castiga el permitir a un tercero la apropiación.  En la mamandurria de Las Teresitas, ¿no jugaron el papel de terceros, precisamente, Ignacio González y Antonio Plasencia?  Para los letrados del exsenador y el teniente de alcalde no. Han anunciado que interpondrán recurso para que a sus representados le sea aplicada la ley reformada, lo que unido a la circunstancia de que ya han cumplido más de un tercio de la condena supondría, si los tribunales les dan la razón, la terminación inmediata de la condena.

Y de nuevo aparece Santiago Pérez. Ahora está en el Senado, porque de nuevo ha regresado al PSOE, no porque haya reflexionado, sino porque el PSOE ha cambiado y ahora se ajusta a él como un guante. Volver a la militancia socialista no le ha llevado deshacerse de la agrupación electoral con el que se presentó a las elecciones municipales en 2019, por supuesto, porque un grupo de amigos y compañeros dependen del chiriringuito, pero sí regresar a la Cámara Alta, como senador autonómico. Y como senador socialista vota, por supuesto, a favor de la reforma de los delitos de sedición y de malversación de fondos. Obedientemente, porque ya este es el último tren que puede tomar en su vida política, y no se quedara en el andén, como se quedarán los de Avante dentro de unos meses, como se quedaron los de X Tenerife en su momento. No solo lo vota, sino que pide la palabra y justifica la reforma aunque curiosamente — ¿será el subconsciente? – no hace ninguna referencia al delito de malversación. Es muy aplaudido y se nota que le encanta. Lo explica al gusto del sanchista más oligrofrénico. El Gobierno tiene pleno derecho a intentar sobrevivir a través de alianzas parlamentarias. La pregunta no es esa, advierte Santiago Pérez, que siempre ha querido tener como patrimonio todas las preguntas y todas las respuestas. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el PP, claro. Lo cierra muy bien. ¿Quién ha traído y garantizado la libertad en España? “Las fuerzas progresistas, y entre ellas, el PSOE”. Es una observación bastante atrevida, por cierto, y probablemente falsa. Al menos si se refiere a las libertades públicas. Si, en cambio, estuviera hablando de Miguel Zerolo tal vez tendría razón. Porque resulta indiscutible que en los últimos días, y gracias a sus enjüagues con los independentistas catalanes, El PSOE está facilitando no solo la plena libertad de Oriol Junqueras y sus compañeros, sino también la de Miguel Zerolo.