En uno de los momentos culminantes (ejem) de su discurso en el Congreso de los Diputados del pasado martes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que ya nadie le preguntaba en ningún sitio si España iba a solicitar el rescate de la Unión Europea. Al presidente, en ese estilo inigualable de contertulio de casino batuecasiano, se le antojaba un síntoma de que las cosas marchaban mejor. En realidad, la respuesta a esta observación de Rajoy era muy sencilla: “Nadie te lo pregunta porque el rescate ya lo pediste, atontao”. En efecto, un rescate como el de Grecia ha resultado siempre impensable, dado el tamaño de la economía española, y se optó, parece mentira que haya que recordarlo apenas unos meses más tarde, por solicitar un crédito financiero extraordinario – un rescate limitado al supuesto saneamiento de la banca española – que podría elevarse hasta casi 100.000 millones de euros y que estaba sometido, a través de un minucioso memorandum, a unas condiciones técnicamente ventajosas pero políticamente determinantes. Desde ese preciso momento se cerró el círculo y toda la estrategia de la política económica y fiscal española se desarrolla, de facto, en coordinación con las instituciones comunitarias, y ya está. Es un dineral, por supuesto, que hay que devolver, y que devolveremos todos vía impuestos y a través de un poquito más de desgradación y colapso de los sistemas de protección social y asistencial.
Rajoy se mostró también muy orgulloso del llamado saneamiento de las cuentas públicas, es decir, de la evolución del déficit presupuestario, en el que, en realidad, basa casi todos sus esfuerzos en materia económico-fiscal. Es extraño. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en el año 2012 las administraciones públicas gastaron casi medio billón de euros, un 47,60% del PIB. Y eso supone, tanto en términos absolutos como en porcentaje del Producto Interior Bruto, un récord de gasto público desde que existen estadísticas oficiales fiables. En cambio, en números redondos, solo ingresaron 382.000 millones de euros. Pese a los patéticos cacareos del señor Rajoy y su equipo, el déficit alcanzó casi el 7%, y eso que no se contabilizó el crédito extraordinario, lo que no significa que no se tenga que pagar, aunque nadie parece reparar en que los afortunados que tengan trabajo currarán, en parte, para apuntalar la devolución de un crédito utilizado para mantener a antiguas cajas de ahorro en un estupendo estado de zombificación: despidiendo a empleados y si conceder un maldito crédito a familias y pequeñas empresas. La cuestión es por qué no se reduce el déficit y las administraciones públicas siguen gastando que es un primor. Con todo atrevimiento, no creo que sea tan difícil entenderlo. Los que, a partir de esta bviedad, chillan furibundamente exigiendo más y más recortes “reales” –algunos amigos liberales quisieran recortar hasta las gónadas a toda la clase política sin excepción– en mi opinión, no entienden gran cosa.
A mi juicio hay una evidencia elemental que casi nadie quiere admitir en los dos grandes partidos españoles: recortar a ese ritmo implica, inevitablemente, la destrucción del llamado Estado de Bienestar. Sin mayores novelerías. Es una mentira miserable y ruin negar sistemáticamente lo contrario; afirmar que se trata de “hacerlo mejor con menos recursos” o apelar a sandeces como “la excelencia en la gestión”. Sin duda la excelencia en la gestión, la maximización de los recursos, la racionalización del gasto, son objetivos loables por sí mismos, pero no suficientes para bajar del 3% del déficit público en tres o cuatro años (recortar, en resumen, más del doble de lo que se ha hecho hasta ahora). Y lo son, especialmente, si los poderes públicos se niegan en redondo a emprender auténticas reformas estructurales, desde la desaparición de las diputaciones provinciales hasta acabar con monopolios y cotos cerrados empresariales. En este último año y medio, el Gobierno del PP ha metido un machete implacable en la inversión pública, en la sanidad y en la educación, en I+D+I y en dependencia, pero en el gasto en otras partidas, muy poquito. Lo hace, obviamente, porque allí están las mayores partidas de gasto, junto a tres epígrafes que, con toda seguridad, se verán afectados antes de fin de año: pensiones, prestaciones por desempleo y servicio de la deuda. Recortar aun más supondrá, necesariamente, seguir adelgazando en los mismos capítulos, con lo que el núcleo mismo del Estado de Bienestar será sometido a una voladura controlada, pero rápida. La dirección política apunta a una creciente deslegitimación del sistema político y desafección al proyecto europeo.
En una economía sumergida en la depresión – en una recesión que se prolongará durante años y con un horizonte de recuperación del PIb muy débil hasta la tercera década del siglo – expoliar fiscalmente a ciudadanos y empresas no suele ser un buen negocio. En realidad es contraproducente. Y eso es, exactamente, lo que está haciendo el Gobierno. Por supuesto, prescindiendo de cualquier reforma fiscal que no castigue a familias y pymes y sin emprender una lucha eficaz contra el fraude de sectores profesionales privilegiados y grandes empresas. Las previsiones de ingresos se derrumban y el Estado debe acudir al rescate de comunidades autonómicas en bancarrota o con gravísimos problemas de liquidez mientras se sigue endeudando para mantener su funcionamiento. Ahora se hace con la lúgubre tranquilidad de una prima de riesgo más baja, cuyo decrecimiento, por cierto, muy poco o nada tiene que ver con la política económica y tributaria que se ejecuta en España, sino con un reordenamiento del mercado internacional de la deuda pública bajo el impulso del programa de expansión monetaria lanzado por el Gobierno japonés.
La puñetera realidad es que nos encontramos en un callejón sin salida. La crisis económica propia –asociada a la burbuja inmobiliaria y a una enloquecida efervescencia del crédito — la depresión económica europea, los errores de diseño de las instituciones y mecanismos comunitarios, y la formidable fuerza de los intereses de un capitalismo globalizado frente a la debilidad de las instancias políticas nos han abocado a una situación que exige acabar con los progresos sociales y asistenciales del último medio siglo, resignarse a una democracia homeopática, pauperizar las clases medias y soportar un nuevo lumpenproletariado en condiciones de exclusión social permanente. O eso es lo que pretenden gobiernos como los del señor Rajoy, la señora Merkel o el señor Passos Coehlo.
