El escándalo de los correos electrónicos falsificados con los que la corriente Claro que Podemos se habría impuesto en las elecciones primarias celebradas en marzo de 2015 no ha merecido el desmentido de la secretara general de Podemos en Canarias, Meri Pita, ni de la secretaria de Organización, Concepción Moreno, ni de la portavoz parlamentaria, Noemí Santana. Pita y sus fieles se han parapeteado tras un flatulento comunicado del Consejo Ciudadano de Podemos que parece escrito por un mal humorista con problemas de Alzheimer. El llamado Consejo Ciudadano de Podemos solo ha sido noticia por las expulsiones y dimisiones que han jalonado su mortecina crónica desde hace más de un año. Este órgano de representación interna está al borde de la disolución, porque a la decena de dimisiones en el pasado verano se sumaron otras siete en noviembre – algunas tan señaladas como las de Domingo Garí, José María Fernández-Palacios y Dailos González, consejero del Cabildo de La Palma al que la secretaria general persigue convertir en rapadura. Los Consejos de Gran Canaria y Tenerife fueron abandonados, entre el hastío y la indignación, por la mayoría de sus integrantes y han sido finiquitados de facto. Incluso la Comisión de Garantías fue disuelta al ser admitida a trámite una denuncia por falsificación documental –ya es casualidad –contra su presidenta, Isabel Suárez. La dirección de Podemos Canarias ha quedado reducida prácticamente a Meri Pita, a punto de expedientarse a sí misma por ser demasiado benévola, a Concepción Moreno, que le sirve diariamente su ración de disidente frito en salsa de improperios, y a los que no quieren enemistarse con la dirección nacional y miran para otro lado, como Noemí Santana, la alucinatoria Juana de Arco de esta izquierda alternativa que se ha puesto morada de expulsiones y excomuniones.
Lo peor del comunicado del semifantasmal Consejo Ciudadano es esa insistencia tan podemita — un rasgo que ya es más estilístico que argumental — en considerar idiota a todos los demás. De manera que el narra seriamente lo que estipulan las normas y reglamentos de Podemos para las elecciones primarias como prueba indubitable que no se produjeron irregularidades en las elecciones primarias de 2015. Es algo parecido – permítase el símil – a que el principal argumento defensivo de alguien acusado de robo consistiera en recitar muy seriamente el código penal. No obstante, esto resulta apenas comparable a imaginar la reunión de pitistas con decenas de inmigrates saharauis para convencerlos de las sutiles pero trascendentes diferencias estratégicas y programáticas entre Claro que Podemos y el resto de las candidaturas. Tuvieron éxito porque nadie ignora que desde chiquititos los saharauis son más pablistas que errejonistas.
Y por supuesto se añade una amenaza final. Precisamente la amenaza de acudir a los tribunales para denunciar a los medios de comunicación y a los periodistas que se atrevan a seguir hablando sobre este asunto. La pincelaba que faltaba para terminar ese autorretrato políticos de quienes han hundido – a menudo en colaboración con sus adversarios – el nonato proyecto de Podemos en Canarias.
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