Una de las utilidades del debate sobre el estado de Canarias es la introducción de noticias y novedades que le otorguen un empaque añadido. El presidente Torres decidió hacerlo anunciando, en su discurso inicial, que hoy jueves su Gobierno decidiría suspender todas las restricciones sanitarias todavía vigentes para frenar la expansión de la covid 19. Entiéndase: todas las restricciones que son competencia autonómica, lo que excluye, por ejemplo, el uso de las mascarillas. El anuncio cogió por sorpresa a todo el mundo. Pocos minutos después un diputado del PP, Miguel Ángel Ponce, emitió un tuit de un casi desesperado sentido común: cualquier desescalada debe obedecer a un plan, que tendría que incluir medir casos y secuencias, garantizar las vacunas para la nuevas varieantes y los nuevos antivirales, financiar públicamente mascarillas para los sintomáticos e invertir (a través, por ejemplo, de un programa de subvenciones a empresas y establecimientos comerciales) en sistemas mecánicos de circulación y purificación del aire en interiores. Por supuesto el presidente no ha preciso nada sobre estos extremos.
La pandemia no ha acabado, pero los gobiernos están dispuestos a declarar su irrelevancia, y lo hacen suprimiendo restricciones y derogando reglamentos. Desde el pasado viernes hasta ayer se han registrado seis muertes en Canarias según datos del Servicio Canario de Salud. Ya no se reportan diagnósticos privados ni asintomáticos o leves. Como ha indicado el propio doctor Ponce, Canarias sigue siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de ocupación hospitalaria, casi el doble de la media nacional, y es también el territorio líder en el sublinaje de omicron BA.2, que parece más velozmente transmisible que su antecesora. Ayer, en el transcurso del debate sobre el estado de la nacionalidad, la portavoz socialista, Nayra Alemán, insistió en que la campaña de vacunación en Canarias había sido un éxito excepcional. No es estrictamente cierto. La señora Alemán insistió en toda su muy elemental exposición en la importancia de contextualizar los datos. Pues bien, entre las comunidades autónomas Canarias presenta una de las tasas más bajas de vacunación. Las comunidades con mayor número de vacunas por cada cien habitantes son Galicia, Asturias, Castilla León y Extremadura. Las cuatro con menos número de vacunas por cien habitantes con Canarias, Ceuta, Baleares y Melilla. La media nacional está en 195,93 vacunas por cien habitantes. Canarias está en 181,25. Son datos del Ministerio de Sanidad correspondientes al pasado 4 de marzo. La campaña de vacunación contra el covid desarrollada por el Servicio Canario de Salud estuvo más que correctamente organizada y no fue mala, pero sí claramente insuficiente, en particular, en el segmento de edad de entre los 30 y los 45 años, lo que explica la alta contagiosidad todavía activa. Que se esté falseando esta realidad perfectamente constatable con datos oficiales en la mano, que esta estúpida falsificación ensoberbecida se haga en pleno debate parlamentario, resulta muy grave. Esa es la calidad del discurso político que se soporta hoy en Canarias. Tal vez, a estas alturas de la pandemia, no sea sanitariamente muy grave. Políticamente, en cambio, lo es en todo caso.
En casi toda Europa las autoridades públicas quieren dejar la maldita pandemia atrás. Temen justificadamente el hartazgo de la población. Y con una economía fragilizada por la guerra en Ucrania, la subida de los precios de los combustibles, la inflación y los riesgos desabastecimiento entienden que cualquier restricción al dinamismo económico significa un lastre inadmisible. Para un país turístico como Canarias, todavía más. Pero va a costar una cuota temporal de vidas y el riesgo de no activar a tiempo el control de una reactivación de la pandemia no es insignificante. Y se debería respetar a los ciudadanos lo suficiente como para explicarlo claramente y sin ambigüedades.