Atragantados por las incesantes encuestas electorales, cada vez es más frecuente escuchar, casi como una súplica, que los sondeos metroscópicos no sirven absolutamente para nada. Es una bobada, por supuesto. Nadie se gasta los cuartos para abonar inutilidades cochambrosas. No hay que confundir una encuesta electoral rigurosa y técnicamente solvente con los sucedáneos que partidos y dirigentes emplean como menesterosos instrumentos propagandísticos. Un penúltimo ejemplo de estas patéticas seudoencuestas es el ligero eructo del CCN según la cual Ignacio González Santiago decidirá quien será el próximo alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y puestos a elegir, seguro que optará por él mismo. Todas estas bromas, sin embargo, no deben distraer de los cambios que se perfilan en los sucesivos sondeos, según los cuales se avanza (o retrocede) desde un bipartidismo imperfecto a tetrapartidismo inestable, con Podemos y Ciudadanos disputándose la centralidad de la izquierda y la derecha respectivamente mientras el PP y el PSOE apenas se sobreviven a sí mismos. De confirmarse este nuevo mapa político las consecuencias obligarían, desde luego, a coaliciones parlamentarias capaces de sostener un Gobierno estable, pero habría otras, entre las cuales no sería la menor la pérdida de peso en ecosistema político español de los nacionalismos y sus marcas electorales: CiU, el PNV y Coalición Canaria.
Durante décadas, cuando los dos grandes partidos no alcanzaban la mayoría absoluta, los votos de los nacionalismos catalán, vasco y canario eran un precioso tesoro. Lo fue para los últimos gobiernos de Felipe González y en el primer mandado – y relativamente en el segundo – de José María Aznar. José Luís Rodríguez Zapatero prefirió no cerrar acuerdos de legislatura con fuerzas nacionalistas, pero debería contar con ellas en la praxis legislativa cotidiana. Para Coalición Canaria el nuevo escenario político-electoral que se avizora resulta particularmente dramático. Para CC el grupo (o semigrupo) parlamentario en las Cortes fue siempre su principal instrumento político. En realidad ha sido la seña distintiva de su relato : solo controlando el Gobierno autonómico y al mismo tiempo contando con una relevante presencia en el Congreso de los Diputados y el Senado era posible conseguir normativa legal y, sobre todo, recursos presupuestarios con los que converger económica y socialmente (infraestructuras, empleo, políticas asistenciales) con la media española y europea. En los últimos años la representación coalicionera en las Cortes se redujo al mínimo, pero siempre se podría pensar (y proclamar) que se trataba de una desdichada coyuntura superable en el futuro. El problema para CC – como para el PNV o CiU – es que a partir del próximo año podría ser tan irrelevante contar con un diputado como disponer de cuatro. El relato puede quedar roto durante un amplísimo periodo de tiempo y la legitimación estratégica del nacionalismo canario como gestor político hundirse – sigan o no al frente del Gobierno canario– en una vertiginosa insignificancia.