El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, y los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde, Firgas, San Mateo, Moya y La Orotava han firmado con la Ministra de Agenda Urbana un convenio por el que se invertirán unos 75 millones de euros en viviendas sociales que se extraerán de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se pretenden construir unas 920 nuevas viviendas “para ser destinadas al mercado de alquiler a precios accesibles” y rehabilitar otras 2.300 casas “tanto del parque como del privado”. El Gobierno autónomo sumará 47 millones más y también los ayuntamientos beneficiados aportarán varios millones de euros. Después o antes de la firma, no lo sé, Franquis, que le había cogido gusto a rubricar portentos, también firmó, que no decaíga, otra transferencia de 76 millones a cargo del Plan Estatal de Viviendas 2022-2025. En total 152 millones.
¿Quién puede negarse a felicitar calurosamente al consejero Franquis? Nadie. Otra cosa muy distinta es esperar que las nuevas viviendas y las rehabilitaciones programadas puedan verse antes de un par de años. Lo cierto es que en tres años el señor Franquis no ha construido una sola vivienda pública nueva que haya impulsado su equipo en su rutilante Consejería. Todavía tiene en La Palma a centenares de damnificados de la catástrofe volcánica del pasado año viviendo en hoteles y pensiones. Es como el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que cuando resta menos de un año de legislatura no ha construido una puñetera desaladora o una triste estación depuradora en toda Canarias, a pesar de surfear sobre un presupuesto oceánico una y otra vez ensalzado por el presidente Torres y sus desinteresados corifeos.
Se repite machaconamente, después de estas nuevas perseidas de millones que será invisible durante un largo periodo, que por fin se construirá vivienda pública en Canarias, después de un ominoso cuarto de siglo en el que CC se negó a desarrollar una verdadera política de vivienda desde la Comunidad autonómica. Por supuesto, se trata de una (casi) mentira. Existe un Instituto Canario de Vivienda y se han diseñado y aplicado (eso sí: mediocre e insuficientemente) varios programas plurianuales en Canarias. Construir 921 viviendas en régimen de alquiler en el próximo trienio tampoco supondrá una oferta extraordinaria. En realidad pueden constatarse dos razones por las que la política de vivienda de los gobiernos autonómicos (en los que han participado CC, PSOE y PP) haya sido modesta y desigual. Primero, el volumen de vivienda privada construida en las islas en el pasado inmediato. Entre 2001 y 2011 el número de viviendas se incrementó en un 22,3% (casi 190.000 nuevas viviendas en dicho periodo), un porcentaje ligeramente superior a la media española (un 21% más o menos). También es cierto que el número de hogares en Canarias se incrementó en 237,456 en la década referida. Sin duda existía una demanda social, pero se priorizaron otras: la extensión de la sanidad pública, las infraestructuras de transporte o el combate – fracasado –contra el desempleo estructural enterrando millones de euros en el empeño. En segundo lugar, la crisis que asomó en 2007 y cayó como un hachazo en 2008 llevó a una política de recortes presupuestarios y austeridad en el gasto público – acordada e impuesta por Bruselas – que limitó al mínimo el desarrollo de los programas de vivienda pública y rehabilitación, una situación de feroz control de las cuentas que no comenzaría a superarse de facto hasta el bienio 2015-2016.
Esta aplicación de los fondos Next Generation –como ocurre con todo el maná de los cielos de la Unión Europea – exigiría una reforma administrativa, reglamentaria y procedimental para su gestión eficaz y eficiente, flexible y rápida. No se ha hecho ni se hará. Conviene que los futuros beneficiarios esperen sentados.