Algunas encuestas electorales publicadas en las últimas semanas anuncian que Vox podría entrar en esta ocasión en el Parlamento de Canarias con dos diputados. En absoluto se me antoja un pronóstico seguro, pero resulta bastante probable. Y no debe entenderse que esta pequeña representación –si se produce – se quede en una anécdota. Puede afectar centralmente a lo que ocurra en el gobierno de la Comunidad autónomo en los próximos años.
Los que más serio se han tomado los dos hipotéticos diputados ultraderechistas son algunos dirigentes y cargos públicos del PP canario. Se debe insistir en lo de algunos, porque otros sufren sarpullidos solo de pensarlo. Para los dirigentes conservadores a los que pone cachondos los fachas en nuestro parlamento la entrada de Vox representa una oportunidad. Piensan que la mayoría absoluta quedaría fijada en 34, no en 36 diputados, porque Vox votaría furibundamente en contra del PSOE en cualquier caso, pero podría abstenerse para facilitar un Gobierno presidido por Manuel Domínguez y apoyado por Coalición Canaria. La desactivación de la alarma conceptual se basa, según estos genios, en insistir que ese gobierno no sería votado favorablemente por Vox, porque la muy ultraderechona se limitaría a abstenerse. Obviamente es una estropajosa falsedad, siquiera porque en este escenario Vox no se limitaría a abstenerse en una sesión de investidura. Dotado de solo 34 escaños, el gobierno fantasmagórico con el que sueñan durante la siesta muchos dominguistas – y no sé si el propio Domínguez — estaría condenado a negociar con los fachas todo, y para empezar, los presupuestos generales de cada año. Si es asombroso que en el PP de Canarias se admitiera ese enjuague, servidor no puede ni quiere creerse que Coalición Canaria – una fuerza que se define como nacionalista, autonomista y reformista en sus estatutos – entrara en una componenda tan infecta como esa, en la que la estabilidad gubernamental dependería de un partido que tiene como horizonte programático una feroz recentralización política del país y el fin del sistema autonómico. Si finalmente Voz obtiene esos dos diputados se corre el riesgo de que bloqueen la formación de una mayoría parlamentaria suficiente a un lado y a otro, obteniendo la ultraderecha un protagonismo mediático extraordinario: ya solo con esa les hubiera valido la pena presentarse. Según dispone el Estatuto de Autonomía de Canarias el presidente del Gobierno puede disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas, pero no antes de un cumplirse un año de las comicios. Si se cumpliera esta repugnante calamidad, es decir, que los ultraderechistas de Santiago Abascal pudieran bloquear una investidura, la única salida razonable conduciría un pacto entre dos grandes fuerzas políticas, que dado el contexto político canario, no podrían ser otras que el PSOE y Coalición Canaria. O durante un año – hasta que fuera legalmente posible convocar nuevas elecciones – o durante toda la legislatura.
Me parece superfluo contar aquí lo que han hecho en el Congreso los diputados de Vox elegidos en Canarias hace casi tres años y medio. Esencialmente nada. A Vox Canarias le importa un rábano y lo ha demostrado repetidamente elección tras elección, visita payasesca tras visita payasesca de sus dirigentes a las islas, donde carecen de estructura organizativa y no pueden presumir ni de un concejal. Si consigue representación parlamentaria no se la habrá ganado. Pero lo que sí deben considerar aquellos que fantaseen con llegar a acuerdos con la ultraderecha es que serán estigmatizados como cómplices de un delito político de lesa canariedad. Uno es simplemente un meatintas que escribe columnas volanderas pero me he juramentado en convertir en enemigo personal e intransferible a cualquiera que les baile el agua a estos aprendices de fascistas. Dicho queda.
