El otro día, en una playa cerca de Tarfaya, un agente de la gendarmería marroquí mató de un balazo a una mujer que estaba a punto de embarcar en una patera con rumbo a Canarias. No sé si esta es la eficacia de Marruecos como gestor fronterizo que reclaman algunos. En todo caso es una prueba indirecta y atroz de que el gobierno de Rabat se está esforzando de verdad por cumplir con sus compromisos según la alianza negociada entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, sin molestos gobiernos o parlamentos por medio. No es sencillo. En las mafias que organizan los ataúdes flotantes o que les conceden paso franco están implicadas – sin duda – unas autoridades y fuerzas del orden que en Marruecos prosperan instaladas en una corrupción sistémica. Las policías que se vigilan a sí mismas no suelen resultar eficaces, aunque maten mucho. Sin duda los gendarmes marroquíes matarán más en los próximos meses y años, pero no significan que sean más eficaces en los términos que espera el Gobierno español a cambio de admitir (y aplaudir) la soberanía de Mohamed VI sobre el Sáhara.
Ahora se adecúa para su próxima apertura el centro de Las Canteras, en el término municipal de La Laguna. Lo llenarán de migrantes como en otras ocasiones: bocadillos, botellines de agua, camastros como lápidas y un par de duchas. Algo perfectamente previsible. Se me antoja asombroso que todavía se escuche la exigencia de una política migratoria en España. Ya existe y ha sido reforzada por el giro promarroquí de Sánchez y sus palmeros. Canarias es frontera sur de España y su destino es servir de contención, de centro logístico y de plataforma para la repatriación –en frío o en caliente – de los africanos desesperados. Para que en ningún caso lleguen a la Península. Entre los diversos centros e instalaciones disponibles el Ministerio del Interior estima que dispone de capacidad para mantener unas 5.000 migrantes de origen irregular en las islas. Sobre esa cifra máxima trabaja la delegación del Gobierno central: deben agilizarse las expulsiones para no llegar a ella. Mientras tanto el Gobierno de Canarias mira hacia otro lado y silba alguna melodía cargada de melancolía y solidaridad.
Cada vez que en el Parlamento se critica esta terrible situación – miles de ahogados todos los años intentando llegar a nuestras costas, miles de repatriados, incluidas mujeres, niños y adolescentes que son devueltos al hambre, a la inseguridad o a la guerra – el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, pregunta melodramáticamente a la oposición: “¿Cree usted que el Gobierno canario es responsable del fenómeno migratorio, cree usted que si yo dimitiera no saldría de África ninguna patera?”. Es una forma perversa de desactivar el debate. No, el Gobierno autonómico no es el responsable del fenómeno migratorio – que se intensará en los próximos años y lustros por las plagas, las devastadoras sequías y otros horrores propiciados por el cambio climático y la desintegración de Estados fallidos. Pero es corresponsable de la atención decente a las necesidades básicas de los migrantes y también de exigir al Gobierno español que modifique su política y no opte por la feroz bunkerización que seduce a toda Europa y que está destinada al fracaso. Es una obligación moral que repercute en la estabilidad y cohesión de nuestra sociedad insular: que se abra una vía de acceso a España y su mercado laboral a un amplio cupo anual de migrantes, regularizar su situación, firmar o renovar acuerdos de cooperación con los gobiernos subsaharianos. Es tan necesaria y urgente esta reclamación como las relacionadas con la aplicación del Estatuto de Autonomía o el cumplimiento puntillloso del REF. Mantener esta pasividad es una crueldad miserable para con los migrantes y una torpeza política, miope y cobarde, de la que nos lamentaremos amargamente.