Lo escucho muy a menudo en esta discusión, que jamás ha considerado convertirse en un debate: “No conozco ningún país que haya renunciado a explotar un yacimiento de petróleo”. Sinceramente me asombra una aseveración como esa. Porque lo que demuestra la experiencia histórica disponible es que, desde un punto de vista democrático, pocos países han decidido nada al respecto. Fuera de Europa y Norteamérica la mayoría de las naciones petroleras fueron sujetos pasivos de una explotación petrolera controlada y rentabilizada por intereses empresariales foráneos que disfrutaron de su pertinente protección política y en su caso, militar. Pueblos como los venezolanos, los saudíes o los camerunenses no decidieron absolutamente nada y por eso mismo, desde los años setenta, se han desarrollado en África, Asia y Latinoamérica procesos de expropiación y nacionalización de los pozos de petróleos y de las industrias de refino. Otro argumento contundente en esta interminable bullanga alude siempre a Noruega: gracias al petróleo del Mar de Norte los noruegos disponen de un espléndido Estado de Bienestar. Se trata más de una falsedad que de una inexactitud. El modelo social noruego estaba sólidamente consensuado cuando, a finales de la década de los sesenta, se descubrió petróleo y gas natural. La explotación de tales riquezas se gestiona por empresas de titularidad pública y es el Gobierno quien controla, fiscaliza y planifica los recursos. Una inteligente legislación establece que la gran mayoría de los beneficios obtenidos se ingresan en el Fondo Nacional de Petróleo, convertido en uno de los mayores fondos de inversiones de todo el planeta.
Considerando algunas cansinas obviedades (esto no es el Mar del Norte, Canarias no es Noruega, Repsol no es una empresa pública, ni siquiera una ONG, existe un riesgo potencial nada desdeñable que afectaría a la industria turística) la oposición a las prospecciones en las inmediaciones de Fuerteventura y Lanzarote cuenta, me parece, con argumentos válidos, que resultan poco afectados con vagas e improvisadas promesas sobre un impuesto especial sobre extracciones petrolíferas en Canarias. Los defensores de las prospecciones podrían y quizás deberían aportar razones más ponderadas y realistas y no limitarse a emulsionar el sueño de una lotería petrolera que, en demasiados casos, ha terminado transformándose en una pesadilla.