A servidor le provoca un profundo sentimiento de zozobra y retortijón contemplar como la vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anuncia como nuevos programas estrella de su departamento  artilugios administrativos que consisten básicamente (y de nuevo) en estimular la contratación laboral a través de subvenciones a las empresas. Más treinta años lleva Canarias – como España – tirando de subvenciones y descuentos fiscales a los empresarios que contraten trabajadores en determinadas condiciones y los indescriptibles resultados están a la vista. En nuestras ínsulas baratarias se cumplen ya ocho años ininterrumpidos con un desempleo superior al 20% de la población activa (actualmente supera el 27%) y casi un lustro con un paro superior al 50% entre los menores de 25 años. La señora Hernández, como cualquier político canario que se precie, ha mostrado su indignación por el estrangulamiento financiero del PIEC por el Gobierno de Mariano Rajoy, otra noble causa. Lo cierto es que soy incapaz de calcular el coste presupuestario del Plan Integral de Empleo de Canarias desde los dorados años noventa hasta la Crisis del Fin del Mundo, pero suman, sin ninguna duda, varios cientos de millones de euros. Riegue usted a empresarios, sindicatos y agencias de colocación con un chorro de docenas y docenas de millones de euros durante una década prodigiosa para alcanzar una de las tasas de desempleo más altas (y cronificadas) de la Unión Europea. Y luego aparezca con un apaño similar, nutrido por la misma y fracasada filosofía subvencionera, pero limitada ahora a unos humildes trece millones de euracos. Y sonría en la foto, por favor. Con modestia. Como si supieras que, simplemente, estás haciendo lo que debes hacer.
No, no se hace lo que debe hacerse. No se reforma realmente la legislación laboral para implantar un contrato único y acabar con la dualidad brutal del mercado. No se articula y desarrolla una red pública o con capital mixto de guarderías que permitan que las madres jóvenes puedan trabajar. No se negocian esquemas de flexibilidad laboral ni se corrige el disparatado horario de trabajo en España. No se ha planteado una auténtica reforma de la FP ni se le ha dotado de los medios económicos y técnicos imprescindibles desde tiempos inmemoriales. Ni siquiera se han podido consensuar las políticas de empleo y las políticas sociales entre las distintas administraciones para maximizar los recursos disponibles y transformar en acciones y programas realmente transversales las políticas públicas. El problema del desempleo crónico en Canarias es estructural y no se corregirá, siquiera ligeramente, con trece millones de euros en subvenciones. Es que ni siquiera es chachi, como diría la señora consejera. Al contrario: es bastante chungo, colega.