Espero que el presidente Ángel Víctor Torres se haya recuperado del covid. De lo que muy  evidentemente no se recuperará nunca es del crepitante optimismo dadaísta que es marca de fábrica del líder aruquense. En realidad no cabe reprocharle eso: un presidente es siempre un optimista ocupacional. Como decía el personaje de Meryl Strepp en Don’t Look Up, “no vas a anunciar a la gente que va a morir, con toda seguridad, por la caída de un meteorito”. Torres cree –aquí todo el mundo puede creer lo que quiera –que a finales de año Canarias habrá recuperado el 90% de su cuota turística.  Esta es la cuarta fecha que el presidente ofrece para tranquilizar al respetable. Supongo que algún día acabará acertando. Como argumento nigromántico, Torres recordó que en 2021 se cerró con un porcentaje de desempleados inferior al de antes de la pandemia. Esa cifra – alrededor de un 19% de la población activa – se obtiene haciendo alguna que otra trampa estadística como, por ejemplo, registrar como empleados a los acogidos a los ERTE, pero el aumento de puestos de trabajo y de afiliados a la Seguridad Social es incontestable y está asociado a la débil y muy incompleta reactivación turística y al comercio. Sería interesante conocer detalles –cuesta un poco encontrarnos – sobre las características de las contrataciones. Por lo que he podido comprobar son en su inmensa mayoría contratos temporales, muchos a media jornada, en los que se cobra el salario mínimo o la cuota parte correspondiente. Lo de casi siempre. Trabajos que, en definitiva, fortalecen al precariado en todos los tramos de edad. Porque Canarias jamás ha tenido proletariado pero desde finales de los años setenta cuenta con un creciente precariado que, en realidad, ha devenido la clase social predominante en el país. En los últimos cuarenta años ya son tres las generaciones de isleños que han vivido encadenando trabajos basurientos, pero se sobrevive y no entra en crisis  la estabilidad social gracias a una sanidad y una educación pública, a algunos servicios sociales y a la red de apoyo de la familia.  Con la excepción de las élites políticas y económicas, el funcionariado y algunos sectores profesionales la mayoría de los canarios viven entre el desempleo y la precariedad. Y lo seguirán haciendo.

Tal vez el rasgo más definitorio de la gestión de la crisis covid en Canarias es la clara renuncia de Torres y sus compañeros a dos condiciones parcialmente conectadas: la cooperación y complicidad entre el Gobierno y la oposición y el diseño de una alternativa de tratamiento de la crisis fuertemente autónoma, propia, centrada en las características de la catástrofe económica en el archipiélago. Los socialistas canarios han diagnosticado la crisis como una oportunidad excepcional no para transformar Canarias – eso es un desideratum que solo sirve de estímulo a la moral y a la propaganda– sino para recuperar un papel política y electoralmente hegemónico en las islas. Es el diagnóstico sanchista aplicado a nuestras ínsulas baratarias: solo el Gobierno dispone de recursos en esta espantosa situación; aprovechémoslo y que quede claro quien concede el mínimo vital, mantiene los ERTE, aumenta y distribuye las subvenciones, elige compañeros de baile en proyectos de capital público-privados, financia propuestas de inversión, firma cheques para abaratar el alquiler. Lo segundo es más penoso aun. El 30 mayo de 2020 se firmó pomposamente el Plan Reactiva Canarias apoyado por todas las fuerzas parlamentarias, salvo el PP, y por las organizaciones empresariales y sindicales. Un año y medio después es un documento prácticamente amortizado cuyo papel como directriz básica del proceso de recuperación económica ha desaparecido. Jamás se han reunido sus firmantes para evaluar su desarrollo y  fiscalizar sus resultados. El Gobierno canario discreta gestiona o adjudica las perras que vienen de Madrid y Bruselas sin atender a su propios criterios estratégicos y programáticos definidos en el Plan Reactiva Canarias. Se ha optado por una gestión sucursalista de la crisis. Desde luego que es más descansado. Pero el menos eficaz y eficiente para las reformas que necesita el país.