Un reciente informe sobre la desigualdad de Oxfam Intermón se suma – con sus peculiaridades analíticas – a los análisis de la OCDE y a consultorias españoles y extranjeras para evidenciar de nuevo que la desigualdad es a la vez resultado y estímulo del malestar económico y social que llamamos ahora mismo recuperación económica. Lo más obvio – la reacción inmediata – es que la desigualdad  — una desigualdad cada vez más amplia y brutal – representa una injusticia. Desde luego que lo es. Y la desigualdad de oportunidades no comienza en el sistema escolar, sino mucho antes, en la misma salud perinatal, como explica un reciente artículo de Héctor Cebolla y Leire Zalazar en politikon.es. Existen evidencias que sostienen que la desigualdad comienza en el primer minuto de la vida. En España el porcentaje de niños que pesa al nacer menos de 2.500 gramos ha crecido hasta llegar al 7,8% de los partos en 2013, lo que supone un incremento de más del 100% respecto a 1980. La inmensa mayoría de madres de ese 7,8% era desempleada, de clase trabajadora o media baja y con estudios primarios. Un escaso peso al nacer suele significar estadísticamente una morbilidad y mortalidad más tempranas y una salud adulta más frágil. Pero la desigualdad en las rentas – es decir en el acceso a la sanidad, a la educación y a la cultura – no es únicamente una injusticia estructural. Pasado cierto umbral – y sostenido además en el tiempo – equivale a una pésima noticia para el sistema económico en general y para un crecimiento sostenido y sostenible en particular.
Canarias es un mal ejemplo que viene estupendamente al caso. En los últimos treinta años el archipiélago ha sido incapaz de descender del 10% de desempleo; actualmente los parados todavía superan el 28% de la población activa, aunque se repitan con monótono entusiasmo que se están creando muchos empleos. Y se crean, pero para destruirse en pocas semanas o meses: en la hostelería turística, por ejemplo, el modelo de rotación de contrataciones funciona tan operativamente como en los años noventa, pero con peores condiciones laborales. El salario medio es inferior a los 1.400 euros mensuales y fuera del casi privilegiado mundo funcionarial apenas llega a los 900. Solo el 2% de la población gana más de 60.000 euros anuales. Las clases medias apenas representan el 25% de las familias. ¿Cómo puede tirar el consumo en estas condiciones? De ninguna manera: el pequeño comercio ha sido una víctima fulgurante de la recesión económica y han cerrado cientos de establecimientos desde 2008. ¿Cómo puede mejorar la productividad? Es imposible: la curva de la productividad desciende desde mediados de la primera década del siglo; aquí solo se entiende la mejora de productividad como salarios mezquinos y precariedad temporalizada. ¿Cómo puede crearse valor añadido en una sociedad económicamente dualizada, con una economía basada en la explotación intensiva de servicios turísticos y un desempleo estructural descomunal? Simplemente no hay manera.  Las altas tasas de desempleo, los salarios modestos, la decreciente productividad, el bajo valor añadido que genera la actividad económica no son circunstancias coyunturales, sino factores necesarios para la continuidad de un modelo de crecimiento económico basado en la construcción y el turismo de sol y playa. El turismo, ciertamente, nos quitó el hambre canina, pero amenaza con condenarnos a una desnutrición crónica.
Y como ocurre en el resto del mundo, la desigualdad – el nuevo nombre de la pobreza – es aquí, en estas ínsulas baratarias, la mayor amenaza para la supervivencia de los maltrechos principios e instituciones democráticas. Porque las transforma en cascarones amargos y vacíos, en muecas burlonas y doloridas de lo que una vez pudo haber sido y no fue.