Si no se está de acuerdo en algo, quizás sería conveniente decidir previamente qué es lo que entendemos por estar de acuerdo o no. En una situación de emergencia política, económica y social como la que padecemos – y que en Canarias muestra rasgos catastróficos – la perpetuación de un modelo de debate público caracterizado por las posiciones excluyentes, la demonización del adversario, la sentimentalización de la política o las fulminantes terquedades ideológicas solo es útil para adornar una cacofonía interminable y perfectamente estéril. La imbecilidad consuetudinaria ha calado tan hondo que para muchos, a izquierda y derecha, estas taras patológicas son virtudes excelsas de sus respectivos discursos y motivaciones políticas. Desde cierto punto de vista, al menos puede imaginarse y exponerse argumentalmente una salida a este soleado guirigay: un modelo de debate alternativo basado en una perspectiva analítica y en el uso de las ciencias sociales.
Dos de los intelectuales del grupo Politikon (cuya web, www.politikon.es, debería ser de obligada lectura en este país de cabestros) han explicado esa alternativa en un artículo publicado recientemente en el diario El Mundo bajo el título Un debate político basado en la evidencia. Jorge San Miguel y Kilo Llaneras apuntan, más que justificadamente, que el debate político en España (sobre la vertebración institucional del Estado, la sanidad pública, las pensiones o la política de transportes: sobre cualquier cosa) se ha planteado tradicionalmente desde enfoques “que priman la experiencia y la subjetividad del analista”, quien se expresa con frecuencia con una rotundidad “con la riqueza de datos ni con la fortaleza de argumentos que ofrecen”. “El panorama general de los medios”, sentencian San Miguel y Llaneras, “acaba dominado por un estilo de análisis impulsivo, basado en impresiones y juicios de valor, que a menudo se desplaza sin término medio de la obviedad a la pura especulación”. Los autores, por supuesto, no pretenden que el conocimiento empírico que ofrecen las ciencias sociales (teorías, modelos explicativos, correlación de datos) suplante el proceso democrático. El papel de las ciencias sociales sería “fijar las reglas para que el debate público, ayudar a distinguir los hechos objetivos de los que no lo son y, sobre todo, atribuir a cada argumento el valor que merece de acuerdo con la evidencia disponible”. Para los escépticos, Llaneras apunta que conceden a la expresión “evidencia” un significado preciso: sería sinónimo de prueba, conocimiento objetivo o hecho empírico que soporta una afirmación.
San Miguel y Llaneras se declaran “relativamente optimistas” porque creen que en el futuro este modelo de debate se abrirá camino en España. Respecto a Canarias resulta imposible mostrarse siquiera “relativamente” confiado en el porvenir. Y no solo por la calidad de nuestras élites políticas (perfectamente homologables a la del resto del Estado) sino por la debilidad de las ciencias sociales en el espacio público canario y la deficiente articulación y madurez de la sociedad civil del Archipiélago. Es imposible averigüar dónde están metidos nuestros economistas, sociólogos, polítólogos, juristas o psicólogos sociales. Quizás han alquilado entre todos un apartamento para enhebrar sus tesis doctorales y han perdido la llave de la puerta. Tal vez trabajen de tarotistas en los programas televisivos de madrugada. Misterio.
Sería muy interesante abordar, con datos objetivos y conocimiento empírico, y desde una perspectiva impecablemente analítica, varios de los mantras embrutecedores que emiten dirigentes y organizaciones políticas en Canarias. Por poner simplemente cuatro logomaquias infectas a modo de ejemplo:
1. La superpoblación que han sufrido las islas en los últimos quince años es la responsable de los altísimos niveles de desempleo y la creciente exclusión social que atraviesa el país. Es una falsedad estupenda porque, para detectarla, es imprescindible comprometerse con cierta posición contraintuitiva.
2. Únicamente bajando los impuestos y tasas, suprimiendo los controles públicos y dejando una vía expedita a la inversión privada local y foránea podrá crearse una riqueza que beneficiará a todos. Esta clamorosa chorrada también es un atrapamoscas muy bueno. En los últimos años se la embadurna con una gruesa capa de pintura antipolítico (los políticos, el mamoneo, el chiringuito, ya saben ustedes) y queda más apetecible todavía, aunque sea un discurso un tanto incoherente en una región en la que gracias a la RIC se ha posibilitado una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de hasta un 90% del beneficio no distribuido y donde los alcaldes de los municipios turísticos han repartido (a veces con la correspondiente comisión) licencias de construcción de hoteles de muy dudosa legalidad a porrillo.
3. Gracias a la independencia política, y una vez constituidos como Estado con su bandera, su himno y su canesú, seríamos más libres, seríamos más ricos, seríamos más dignos y seríamos más altos, por no nombrar la mejoría instantánea de nuestros músculos abdominales. Bueno. Lo que usted diga.
4. Canarias es en realidad una dictadura bananera donde las libertades políticas son una farsa, una oligarquía furiosa de docena y medias de familia somete a la indigencia y al analfabetismo a la inmensa mayoría y una oprobiosa ley electoral impide el triunfo de la Verdadera Izquierda y contribuye al mantenimiento de un régimen putrefacto. Sinceramente también es imprescindible un fuerte compromiso contraintuitivo para no suscribir este cúmulo de (digamos) inexactitudes que tanto disfrute moral proporciona a sus jaleadores.
Podríamos empezar por la contradicción de estas cuatro verdades reveladas, sometiéndolas a la exigencia crítica de la evidencia fáctica y el conocimiento social disponible en cada caso, y luego seguir esta controversia asfixiante que es Canarias y conseguir, algún día, que soportar este país no sea un patético acto de fé ambulante entre el paro, el mito lacrimógeno y los carnavales.