Paulino Rivero ha hablado desde Estados Unidos. Desde los Estados Unidos – donde el presidente se ha trasladado para demostrar, por enésima vez, la patética ausencia de una estrategia de promoción económica de Canarias por el Ejecutivo sobre el que reina –solo se pueden articular cuchufletas trascendentales. Rivero ha aprovechado la ocasión para anunciar que, con autorización o no del Gobierno central procederá a convocar un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.  Unas horas antes su vicepresidente, José Miguel Pérez, había pedido, justo con la indignación imprescindible, que no se compare la demanda de esta consulta por el Gobierno autónomo con la de Cataluña “porque lo que queremos votar está dentro de los límites legales de nuestras competencias”. Claro que sí. Pero el problema no está en lo que se quiere votar, sino en que para que dicho referéndum cumpla con la legalidad debe contar con la autorización expresa del Gobierno español. Si no es así, simplemente, no se puede convocar.
Rivero mantendrá este envite todo el tiempo posible. Sabe que el enfrentamiento con el Gobierno de Mariano Rajoy – y en particular con el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria – a causa de los sondeos de Repsol es la única acción política que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la población canaria. Le permite adquirir una dimensión política diferenciada y al mismo tiempo le exime de cualquier responsabilidad, como la que tiene, inevitablemente, en el estratosférico desempleo, la pauperización creciente o el colapso de los sistemas sanitarios y asistenciales. Pero convocar un referéndum ilegal  tiene sus consecuencias. No consecuencias políticas que hoy estallan y pasado mañana se olvidan, sino consecuencias en los tribunales,  sin que quepa excluir las de carácter penal, y al ser el Gobierno autonómico un órgano de responsabilidad colegiada, ninguno de sus consejeros debería olvidarlo. Una medida tan extrema – y disparatada – como la del presidente Rivero, ¿no merece siquiera ser debatida en el comité ejecutivo de CC? ¿Cuántas veces discutió  CiU en sus órganos de dirección la convocatoria de un referéndum sobre ese remilgado derecho de decidir? Y si el candidato presidencial de CC para las elecciones de 2015 no es Rivero, ¿qué ocurrirá con toda esta espumeante fanfarria? De verdad, ¿cuánto tiempo aguantarán los dirigentes coalicioneros – y soportarán los hastiados ciudadanos – está huída hacia delante que hiede a obcecado oportunismo personal?