Casi al mismo tiempo que la Fiscalía mostraba su conformidad con la citación a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, para declarar en el llamado caso Bárcenas, la mayoría absoluta de los conservadores impedía que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudiera al Congreso de los Diputados para hablar de un asunto tan enojoso. A los que siguen insistiendo que Rajoy no tiene nada que decir, porque ya afirmó solemnemente que todo era mentira, que jamás cobró dinero negro y, por tanto, no cabe exigírsele nada más, creo que ya va siendo hora de no molestarse en contestar. La secretaria general de su partido será llamada a declarar en las próximas horas en la Audiencia Nacional. Rajoy no fue investido por una televisión de plasma, sino por el Congreso de los Diputados, y es ahí donde debe brindar explicaciones. Una negación no es una explicación. En democracias parlamentarias los presidentes no responden de acusaciones y sospechas tan graves como estas con un párrafo de tres líneas. Recuerdo que el equipo de Richard Nixon insistía, precisamente, en esa curiosa línea argumental: el presidente lo ha negado todo y, por lo tanto, no hay absolutamente nada que explicar. Es sorprendente: explicar y explicarse no es, en ningún caso, un acto volitivo del jefe de Gobierno, sino una reclamación que la oposición ejerce en su papel de fiscalización del poder ejecutivo. No es que usted quiera explicarse o no, señor Rajoy, es que la oposición –sin excepciones – le demanda explicaciones. Un portavoz del PP llegó a afirmar ayer que la oposición no debía “servir de portavoz de un delincuente” o algo por el estilo. Ese presunto delincuente –designado tesorero en su día por Rajoy — ha estado cobrando del Partido Popular hasta enero pasado. La dirección del PP se ha ciscado, más que en el Parlamento, en el parlamentarismo mismo como espina dorsal del sistema democrático.
Puestas así las cosas servidor solo ve una alternativa para que se desarrolle el debate político que exige el caso Bárcenas: la presentación de una moción de censura. Como es obvio la moción de censura estaría destinada al fracaso, pero proporcionaría una magnífica oportunidad para que el parlamento pueda exigir explicaciones al presidente del Gobierno, los grupos políticos se posicionen sobre el asunto y el Congreso de los Diputados recobre su muy escachada dignidad democrática como depositario de la soberanía nacional. Una ocasión inmejorable para que el PSOE presente una alternativa política (si la tiene) y los grupos minoritarios dibujen su actitud de ruptura o resignación con una corrupción cuasiestructural que reduce la democracia a un trapo sucio y maloliente.
