La imagen perfecta que simboliza este precipicio en el que caemos incesantemente es ese concurso convocado por comerciantes de Santa Cruz de La Palma y patrocinado por el Cabildo Insular, en el que el premio es un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo indefinido, si bien esta última expresión resulta un poco confusa: gracias a la reforma laboral del Gobierno del PP los contratos indefinidos son tan indefinidos…Ya en los Manuscritos de economía y filosofía explicó Marx que el trabajo no era otra cosa, para el régimen del capitalismo industrial, que una mercancía que vendía el obrero: su fuerza de trabajo. Los comerciantes de Santa Cruz de La Palma son, por lo tanto, marxistas, profundamente marxistas, como marxista debe ser la presidenta Guadalupe González Taño, a medio camino entre un marquesote y una Rosa Luxemburgo. El regreso del trabajo como mercancía (exactamente igual que una nevera, un televisor o un jamón de bellota) es un ligero pero valioso síntoma epocal, una modesta clave de la degeneración de la cultura democrática y la consciencia cívica del país, cuya salud, si somos sinceros, no ha sido muy robusta nunca.
En apenas un año de Gobierno – ahora a punto de cumplirse – Mariano Rajoy y su equipo ministerial se las han arreglado estupendamente para destartalar la cultura democrática del país y las condiciones políticas, institucionales, jurídicas y económicas de las que se nutre y por las que puede testarse la salud de los derechos y libertades de un sistema político. No ha sido necesario colocar en el poder Ejecutivo a un falso tecnócrata a la italiana: el líder del PP esta dispuesto a cumplir escrupulosamente los compromisos económicos y fiscales con la Unión Europea. Por supuesto, el ajuste fiscal está destinado al fracaso. Ni este año ni el próximo conseguirá el Estado español los objetivos porcentuales de déficit público por una razón básica: porque es imposible. No puede someterse a una economía a semejante esfuerzo fiscal sin agudizar todavía más la crisis económica: los efectos contractivos del ajuste se proyectan inmediatamente en la caída de la demanda interna, lo que lleva a la paralización de la actividad económica. En España más de un 90% del ajuste fiscal descansa en recortes de gasto e inversión. El aumento de ingresos, a través de una actitud más diligente de los inspectores de Hacienda y de cambios normativos que afecten a grandes patrimonios y empresas, ha quedado cuidadosamente descartado. Un ajuste vía ingresos castiga a los perceptores de rentas y a los consumidores, mientras que un ajuste como el diseñado y ejecutado – con un trazo técnico a menudo chapucero –por el Partido Popular penaliza a los empleados y a los beneficiarios de las prestaciones y servicios ofrecidos por el Estado. La llamada consolidación fiscal, con el objetivo último de una sempiterna estabilidad presupuestaria, tiene, por lo tanto, una dimensión distributiva que masacra a las rentas del trabajo y se ceba con la mayoría social. Y esta masacre no tiene horizonte para finalizar. Cinco millones de desempleados (casi 300.000 en Canarias) lo certifican. Tanto el FMI como el Banco Mundial no prevén un crecimiento del PIB español por encima del 2% (justo el suficiente para comentar a generar empleo neto) hasta el año 2018. ¿Puede soportar un país cifras de cinco o seis millones de parados durante otros cinco años? ¿Qué ocurrirá cuando más de la mitad de los desempleados – quizás tres millones de personas a principios de 2014 — carezcan de cualquier subsidio?
Mientras se recorta una y otra vez el gasto y se penaliza la inversión desde el Estado se obvia cualquier reflexión sobre el modelo de crecimiento económico sobre el que deberían proyectar las potencialidades del país para comenzar a crecer, pagar deudas, arrojar beneficios y crear empleo. Solo se escuchan loas disparatadas sobre el excelente comportamiento de las exportaciones españolas, como si las ventas de naranjas, aceite de oliva y fregonas pudieran sostener la economía de un país que ha visto abandonada su industria tradicional en los años ochenta y noventa y no ha podido incardinarse en la economía de la información y el conocimiento: el espacio dificultosamente recorrido en los últimos veinte años (con resultados notables en biotecnología, por ejemplo) ha sido devastado por la acelerada supresión de la muy modesta inversión en investigación y desarrollo, el raquitismo sobrevenido de los centros universitarios y científicos, la extirpación de las becas de investigación. Es repulsivo que se siga difundiendo la expectativa de un regreso colectivo a la situación socioeconómica de 2006. Este viaje no tiene regreso. No hay casilla de partida a la que retroceder. Esto no es una crisis económica intensa pero coyuntural, sino una mutación política, económica y social que pauperizará, segmentará y adelgazará a las clases medias y creará un nuevo y amplio lumpenproletariado entre los trabajadores más humildes. Y que como colofón gestará una democracia jibarizada y minimalista que flotará como nata agria sobre un tejido social que no facilitará, sino que dificultará estructuralmente la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
La democracia no es únicamente un mercado electoral y un conjunto de derechos como el de expresión, reunión y asociación. La democracia es, precisamente, un régimen proactivo a favor de la igualdad de oportunidades, y su principal instrumento para alcanzar este objetivo ha sido el Estado de Bienestar. Uno de los grandes pensadores políticos actuales, Adam Przeworski, ha establecido tres condiciones que se han de cumplir para que pueda admitirse la ciudadanía sea efectiva en un Estado democrático: 1) Los gobiernos y sus funcionarios deben estar de acuerdo a la Constitución y a las leyes, 2) la efectiva regulación del Estado en las relaciones privadas que garantice la neutralización de los conflictos, y 3) el ejercicio real de los derechos de los ciudadanos debe de contar con el requisito previo de la existencia de condiciones económicas y sociales mínimas. En España, y en otros países europeos como Italia, Portugal o Grecia, los dos últimos requisitos de esta definición de ciudadanía democrática están, al menos, en cuarentena.
La exigencia de la destrucción del Estado de Bienestar – no de su reforma — puede proceder de las políticas financieras y económicas decididas en Bruselas, pero en su concreto modelo de desmantelamiento interviene la agenda conservadora del PP: es una ocasión espléndida para la privatización de la sanidad pública, por ejemplo, por el jugoso negocio que promete. La transformación de las políticas sociales en un asistencialismo minúsculo con más relación con la caridad que con los derechos ciudadanos también conspira activamente contra la democracia y su cultura política. Y simultáneamente a la voladura controlada pero imparable de los tres pilares del Estado de Bienestar (educación, sanidad y dependencia) el Gobierno de Mariano Rajoy ha quebrantado la tutela judicial efectiva convirtiendo la justicia en un supermercado donde solo podrán comprar el derecho a litigar o a defenderse los que puedan pagárselo, introduciendo al efecto unas tasas abusivas y miserables. Los principios democráticos se diluyen en una estrategia de hechos consumados y son sustituidos por las virtudes teologales: fé en el poder político que sabe lo que hace y me conviene, esperanza en que un día las cosas mejoren y caridad para los que caen a millares diariamente en la pobreza y la exclusión social. El concepto de ciudadanía se evapora: la participación en la actividad política consiste en refrendar lo único que puede hacerse y los derechos cívicos (a la salud, a la educación, a una jubilación digna) son crecientemente mercantilizados.
Para todo esto ha bastado un año. Solamente un año. Sinceramente, no creo que la democracia pueda sobrevivir tres años más bajo semejante ritmo de reformas.
